Proyecto de ley del FA para tipificar delito de “inducción al suicidio femicida” avanza con aportes de oposición

Un proyecto de ley presentado por el Frente Amplio (FA) avanza en el Parlamento para tipificar como delito la “inducción al suicidio” en casos de violencia sexual o de género.

Se plantea incluir un agregado al artículo 315 del Código Penal, que ya estipula: “El que determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si ocurriere la muerte, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría”.

La propuesta del oficialismo es que, con base en esos términos, disponer una pena de cuatro a 12 años de cárcel para quien “indujere, determinare o ayudare a otro en los términos previstos en el artículo anterior y cuando la muerte ocurriera precedida por cualquier forma de violencia basada en género o violencia sexual del autor contra la víctima”.

El proyecto comenzó a ser tratado en la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Representantes, a la cual asistió la semana pasada una delegación de Proyecto Ikove (“sobrevivir”, en guaraní), un colectivo de víctimas de violencia sexual que surgió en 2024 e impulsor de la iniciativa.

En el FA, entienden que “los códigos fueron escritos hace muchos años e invisibilizan un montón de cuestiones, por lo tanto, hay que actualizarlos”, aseguró la diputada Inés Cortés, según consta en la versión taquigráfica.

Desde la oposición, no se vio con malos ojos el espíritu de la propuesta, pero sí se expresaron matices. La diputada colorada Paula de Armas, presidenta de la comisión, aseguró que este tipo de delitos son “complejos de probar” y puso el foco en otro aspecto.

“Cuando me enfrenté al proyecto pensaba cuál sería la intención de esto y ahora me queda muchísimo más clara. Entonces, en este sentido les comparto con total sinceridad -lo he hablado con mis compañeros y por eso puedo transmitirlo sin duda- que creo que la comisión necesita trabajar con ustedes para redactar artículos sustitutivos a este proyecto de ley, a fin de que realmente refleje cuál es la finalidad de lo que están proponiendo”, afirmó.

La legisladora explicó que hoy en día que “no hay un lugar donde pedir ayuda” ante estas situaciones ni hay preparación “en los centros educativos para tener en cuenta que esto puede pasar y puede ser una causal de suicidio, y los delitos prescriben”.

Por ello, planteó enfocarse en que “las personas lleguen a tiempo a denunciar un delito que hoy ya existe, que está tipificado, y que cuando hagan la denuncia no sea tarde, porque haciendo la denuncia a tiempo el hecho se puede probar, ya que va a haber elementos de prueba a favor de las víctimas”.

“Mi propuesta, que pondría a consideración de mis pares, es que podamos preparar un texto sustitutivo. No quiero ser atrevida ni invasiva del proyecto, pero creo que para que esto tenga la trascendencia que ustedes esperan, que siento que realmente es importante y genuina, debemos trabajarlo de una manera distinta, buscando las herramientas de prevención que podamos crear por ley, lo que es muy importante, y enfocarnos más en lo que está pasando que en el desenlace final, ya que ahí perdimos la vida y la idea es que podamos llegar antes”, manifestó.

La delegación del colectivo recibió bien el comentario de De Armas y aseguró estar “dispuesta” a que se contemplen las “modificaciones necesarias”.

De su parte, Cortés propuso enviar el texto del proyecto de ley a la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y a la Facultad de Psicología, de la Universidad de la República (Udelar), lo cual fue votado unánimemente por las diputadas de la comisión.

En la exposición de motivos del proyecto, se mencionan algunos casos de ejemplo en Uruguay que tuvieron fuerte repercusión mediática, el último siendo el de Milagros Chamorro, una joven de 29 años que se suicidó en una emergencia del Casmu el 25 de octubre de 2024. En 2022, había denunciado penalmente haber sido víctima de violencia sexual durante su adolescencia y, a partir de ese hecho, inició un proceso de atención en salud mental, en el cual presentó episodios recurrentes de intentos de autoeliminación.

Un informe posterior de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) concluyó que hubo “un conjunto de omisiones e incumplimientos en las prestaciones de salud brindadas” por la mutualista y por el fiscalizador, es decir, el Ministerio de Salud Pública (MSP).

“Los episodios de violencia sexual denunciados refieren a una violación grupal (ocurrida el17 de setiembre del 2010), en la que se habrían utilizado medios digitales para registrarla y difundir el hecho”, consignó el organismo por entonces.

El proyecto de ley también menciona el caso de Lucía Acuña, quien se suicidó en su casa el 12 de noviembre de 2022. Eso ocurrió en medio del juicio por su caso: junto con una amiga, fue víctima de una violación grupal perpetrada por tres efectivos de la Guardia Republicana el 22 de febrero de ese año.

Otro ejemplo mencionado es el de Aldana, una de las víctimas de la denominada “Operación Océano”, que se suicidó en 2020 en Santa Lucía.

“Estos y otros casos similares ponen de manifiesto la necesidad de contar con herramientas legales que permitan identificar y sancionar adecuadamente estas situaciones”, sostiene el proyecto de ley.

Al menos en Latinoamérica, hay dos países que cuentan con este delito tipificado: Chile y El Salvador.

En el primer caso, se promulgó durante el gobierno de Gabriel Boric en 2022 la “Ley Antonia” -por Antonia Barra, una mujer de 21 años que se suicidó tres semanas después de haber sido violada en 2019-.

El país centroamericano fue el primero del continente en tipificar este delito; lo hizo en 2012 con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

Bolivia también lo contempla en su normativa de delito de “homicidio-suicidio”, pero como un agravante a la inducción al suicidio en términos generales.