"Hoy el sistema no funciona": veterinarios reclaman cambio de políticas por bienestar animal y tenencia responsable

La Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay lanzó duras críticas hacia el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) —organismo que integra y cuya naturaleza jurídica los diputados estudian modificar— y contra la política pública implementada por el Poder Ejecutivo a lo largo de los años. Aseguran que el sistema actual “no funciona”, que han debido recurrir a pedidos de acceso a la información pública para conocer datos presupuestales y que existen “intentos de deslindar responsabilidades”.

Las críticas fueron expuestas el martes en la comisión especial de tenencia responsable y bienestar animal de la Cámara de Representantes. El presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria, Daniel Gilardoni, indicó que no tienen una “posición muy clara sobre la nueva gobernanza” que estudian los legisladores, pero sí tienen la certeza de que se “ha avanzado poco” desde 2009, cuando se creó la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, que luego pasó a ser la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal.

Asimismo, Gilardoni manifestó que les “queda la sensación de que quienes han tenido que gestionar las distintas instituciones no comprenden cuál es su importancia y terminan intentando deslindar responsabilidades”.

La primera comisión estuvo bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y posteriormente pasó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el último presupuesto se planteó que el INBA se transformara en una persona jurídica de derecho público no estatal; sin embargo, al cierre de 2025, debido a que los legisladores consideraron que era un asunto que requería mayor profundidad, se desglosó el artículo.

Lo que sí tienen claro —señaló Gilardoni— es que “hoy el sistema no funciona”.

“La población nos exige responsabilidades a todos los que integramos el Consejo Directivo Honorario del INBA; responsabilidades sobre las cuales no nos queda claro hasta qué punto nos alcanzan, ya que el Parlamento es el encargado de legislar y el Poder Ejecutivo de implementar y ejecutar las políticas. Hoy en el INBA la gestión es realmente dificultosa porque no contamos con las herramientas para ser parte de las decisiones”, añadió.

Además, Gilardoni aseguró que la gremial, con 120 años de existencia, siente que al integrar el INBA “como está actualmente”, se “está jugando su prestigio”.

El representante en el INBA, Sebastián Fernández, quien también participó en la sesión, planteó que la interrogante es si la modificación institucional o de figura jurídica que se debate “le aporta o no a la política pública”. Para la sociedad, los “problemas de tenencia responsable y bienestar animal son temas estrictamente culturales y requieren una mirada social”.

En tanto, el instituto “ha priorizado la inversión, en una medida que es, básicamente, como si todos nosotros —la sociedad y ustedes, desde su lugar— fuéramos al Río de la Plata y, volcando el contenido de un termo, pretendiéramos cambiar la temperatura del agua”, apuntó.

Esta crítica se debe a que el INBA invierte “alrededor de US$ 2,5 millones por año en castraciones, las cuales no tienen un impacto real sobre el nivel de población de animales de compañía”. El motivo —según explicó Fernández— es que se requiere un cambio en el comportamiento de la sociedad en relación con la tenencia responsable.

Fernández aseguró comprender que es “muy difícil, con la cantidad de temáticas que debe atender el Parlamento”, hacer un seguimiento de lo ocurrido tras 2020, cuando se disolvió la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal y se creó el INBA. Sin embargo —afirmó ante los diputados—, “lo que pasó fue equivalente a la nada”.

“Se siguió invirtiendo de la misma manera en una política que no va a tener resultados porque, para incidir en una población de un millón y medio de perros en hogares —y sin una estimación adecuada de los que no lo están—, deberíamos castrar 200.000 en un período muy corto, y esos recursos no están”, explicó.

Fernández entiende que esta modificación de la naturaleza jurídica “no resuelve la problemática” y añadió: “Nos pone a discutir cosas que no son lo medular y que, en definitiva —si me pongo un poco más coloquial, como si estuviera conversando entre vecinos—, nos hacen perder el tiempo”.

Por lo tanto, concluyó que el instituto “claramente necesita un cambio”, y que este debe ser, “sin duda”, de conducción, lo cual es “resorte del Poder Ejecutivo”.

Otra de las críticas presentadas por la sociedad es que, en esta nueva versión del instituto que se pretende crear, se busca excluirlos para integrar al Colegio Veterinario.

El integrante de la gremial, Rodolfo Azaretto, aseguró que la “única argumentación que existe” para esa modificación es que la gremial “discute y propone”. Y añadió: “Nos pasa con esta administración y nos pasó con la anterior. No estamos hablando acá de partidos políticos; somos apolíticos. Cuando tenemos que criticar, criticamos; cuando tenemos que aplaudir, aplaudimos”.

El presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria relató que estuvieron más de seis meses solicitando la “información presupuestal para saber en qué se gastaban los dineros y planificar para el año 2026”. Ante la falta de respuesta, debieron realizar una solicitud de acceso a la información pública, a pesar de formar parte del Consejo Directivo Honorario.

Este no es un problema exclusivo de la gestión actual. Azaretto recordó que en el periodo anterior solicitaron conocer las actas del directorio del INBA, siendo también integrantes del mismo, y la respuesta fue que debían tramitar un pedido de acceso a la información pública.