A las 1:30 horas del 23 de febrero de 2022, dos jóvenes caminaban por el barrio Nuevo París. Una de ellas se había peleado con su novio y necesitaba hablar con su mejor amiga. En un momento, las dos jóvenes percibieron que habían caminado un trecho demasiado largo y decidieron regresar a la casa de una de ellas.

En la esquina de la avenida Luis Batlle Berres y la calle Ferreira y Artigas fueron interceptadas por un móvil de la Guardia Republicana. En el vehículo se encontraban tres policías.

Según el relato de las víctimas en la Fiscalía, los policías se ofrecieron a llevarlas hasta sus casas. Estas accedieron, porque estaban cansadas. Se subieron al vehículo.

Sin embargo, a los pocos minutos la sorpresa de las jóvenes fue mayúscula: el móvil se dirigió a una dirección distinta a la que dieron a los policías. Un rato más tarde, el patrullero se detuvo en un comercio y uno de los agentes compró cerveza. Los policías bebieron y luego, según la denuncia, primero las obligaron a beber y después abusaron de ellas en un terreno baldío.

En una audiencia realizada el 25 de febrero de 2022, el juez penal Alejandro Asteggiante hizo lugar al pedido de la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 5° Turno, Mariana Alfaro, e imputó a tres policías por abusos sexuales agravados cometidos contra las dos víctimas en un baldío ubicado en el barrio La Teja.

Alfaro argumentó que poseía una larga lista de evidencias contra los imputados como filmaciones, la traza del recorrido por GPS del vehículo de la Guardia Republicana, pericias forenses de las jóvenes y de sus ropas.

Con respecto a los testimonios, la fiscal llamó a declarar a las dos víctimas y como testigos a la empleada del comercio nocturno donde los policías compraron cerveza, así como también al pistero de una estación de Ancap en La Teja que fue el primero en escuchar el relato de las mujeres.

El caso se agravó el 12 de noviembre de 2022 cuando Lucía Acuña, una de las víctimas, se suicidó en su casa.

Según relató un familiar de la joven a El País, Acuña había tenido episodios de depresión desde los 14 años. Poco después se le diagnosticó un trastorno de personalidad límite, que afectaba su conciencia a la hora de tomar decisiones.

La dolencia incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento e implica un patrón de relaciones inestables. En esos años, la adolescente tuvo ideas suicidas pero las superó con terapia psicológica y psiquiátrica, y apoyo familiar. “Aprendió a vivir con la enfermedad”, dijo la fuente.

Su familiar señaló que, tras el presunto abuso denunciado, cayó otra vez en depresión.

Ayer se realizaron los alegatos de la Fiscalía y de las defensas de los tres policías y de las víctimas.

Ante el juez Matías Porciúncula, las fiscales Rosina Olmos, Nicole Lebel y Claudia González insistieron en su teoría del caso: hubo abuso sexual agravado por parte de los tres policías. Los abogados de la familia Acuña, Jean Pierre Bouvier y Micaela Benavente y la asesora legal de la otra joven, Vanessa Perrone (Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia) respaldaron a la Fiscalía.

Mientras que los abogados de los policías, Graciela Mendoza y Diego Paseyro, mantuvieron una posición jurídica contraria a la de la Fiscalía. En forma separada, Mendoza y Paseyro señalaron que los efectivos incurrieron en faltas administrativas pero no en conductas delictivas.

En la audiencia, los policías reconocieron que cometieron un error grave durante el servicio -estaban de uniforme, en horario de trabajo y dentro de un patrullero-, pero no un ilícito, en alusión a que las relaciones sexuales, aseguraron, fueron consentidas.

El juez Porciúncula dio por terminada la etapa de los alegatos de las partes y fijó para el 8 de agosto la fecha de la sentencia.