Orsi rechaza proyecto de Bordaberry que da prisión domiciliaria a presos por dictadura: "Creo en la Justicia"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que rechaza el proyecto de ley que presentó el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry denominado "Reconciliación, verdad y nunca más". El legislador propone "cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas del período 1973–1985" y para ello, entre otras cosas, plantea otorgar prisión domiciliaria a personas mayores de 75 años que hayan sido condenadas por delitos ocurridos hasta el 1° de marzo de 1985, es decir, en dictadura.

"Me lo hizo saber hace ya un tiempo, me dijo que iba a presentar una propuesta de ese tipo", explicó Orsi en rueda de prensa, y luego añadió: "Yo creo en el Poder Judicial, creo que tiene las herramientas para resolver el problema que se plantea en ese proyecto, a tal punto de que hay un ejemplo emblemático, el propio Gavazzo terminó con prisión domiciliaria por temas de salud".

"Creo que se tiene que resolver desde el Poder Judicial, desde los jueces. Creo que no es necesario un tratamiento especial para estos casos", sentenció el presidente.

Foto: Francisco Flores

El primer artículo del proyecto de ley de Bordaberry establece la creación de la “Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más”, en la órbita de Presidencia de la República y de carácter honorario, con una integración de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, algunos de los cuales deberán ser de otros partidos políticos que no integren el gobierno.

Sus principales cometidos serían “recabar, sistematizar y ordenar información relativa” al período dictatorial, así como “promover ámbitos de diálogo orientados a la reconciliación nacional” y “contribuir al esclarecimiento del destino de personas cuyo paradero aún se desconoce”.

Otro artículo refiere a la creación del “Archivo Nacional de la Verdad”, que funcionaría dentro del Archivo General de la Nación, para temas concernientes al pasado reciente.

Además, el proyecto establece la aplicación de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años que hayan sido condenadas por hechos ocurridos hasta el 1° de marzo de 1985. También se dispone la “plena vigencia de la Ley N° 19.822 en todos sus términos”, que otorga a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) la búsqueda de las personas detenidas-desaparecidas.

Otro punto del proyecto declara al 30 de noviembre como el “Día Nacional del Nunca Más”. Esta fecha refiere al plebiscito de 1980, cuando la reforma constitucional propuesta por el gobierno militar fracasó en las urnas electorales.

Esto ya fue planteado anteriormente. En mayo de este año, la bancada parlamentaria del Frente Amplio presentó, por segunda vez, un proyecto para declararla fecha patria, junto con el 20 de mayo, cuando anualmente se realiza la Marcha del Silencio y cuyo origen son los asesinatos en Buenos Aires de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y la desaparición forzada de Manuel Liberoff.

Bordaberry afirma que “persisten dos cuestiones pendientes de resolución completa”. Primero, “el esclarecimiento definitivo del destino de personas cuyo paradero continúa sin conocerse”; segundo, “la ausencia de un régimen claro, humanitario y equilibrado de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años condenadas por hechos anteriores a 1985, que permita atender la situación física extrema sin afectar la vigencia de las condenas ni los derechos de las víctimas”.

“El presente proyecto procura completar esa tarea, sin reabrir heridas ni dividir a los uruguayos. Se basa en la convicción de que la reconciliación auténtica no surge del olvido sino de la integración serena del pasado, de la verdad documentada y del tratamiento institucional adecuado”, sostiene el proyecto de Bordaberry.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

En tanto, otra iniciativa fue presentada este lunes en el Parlamento, pero por el diputado blanco Rodrigo Goñi, para habilitar la solicitud de “prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años, privadas de libertad por hechos ocurridos hace más de 30 años”. “Una respuesta humanitaria, acorde a las mejores tradiciones de nuestro país”, manifestó en la red social X.

La vicepresidenta Carolina Cosse ya había manifestado que no concuerda con ninguno de los dos proyectos. "Si usted me pregunta mi opinión personal sobre el tema de las personas que están privadas de libertad por haber cometido crímenes de lesa humanidad, mi posición es que eso debe permanecer así", afirmó Cosse en rueda de prensa.

"En una democracia nos educamos entre todos", planteó la vicepresidenta y cuestionó con esto el mensaje que se transmite a las futuras generaciones. "¿Qué mensaje estaríamos dando si decimos que si alguien comete hoy un delito de lesa humanidad no va a recibir lo que la ley diga que tiene que recibir?".

También la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazó los proyectos de ley. En una conferencia de prensa, sostuvo que estos proyectos representan un "retroceso inadmisible" en su lucha y que "la prisión domiciliaria es contraria a las obligaciones asumidas por el Estado".

La asociación planteó que ya existe en la actualidad un procedimiento legal a través del cual un juez puede conceder la prisión domiciliaria al condenado, bajo justificados motivos de salud. "A la fecha aproximadamente la mitad de los represores condenados ya se encuentran amparados en esta medida y quienes permanecen en prisión lo hacen en condiciones de privilegio", sostuvo la asociación.

"Lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar, estos proyectos la debilitan", afirmaron y cuestionaron en particular la iniciativa del senador colorado por no reconocer la responsabilidad del Estado y además "omitir el término 'desaparición forzada'".