Redacción El País
La vicepresidenta Carolina Cosse dijo estar en desacuerdo con otorgar prisión domiciliaria a las personas que hayan sido condenadas por haber cometido delitos durante la última dictadura, tal como plantean dos proyectos de ley presentados en las últimas horas.
"Si usted me pregunta mi opinión personal sobre el tema de las personas que están privadas de libertad por haber cometido crímenes de lesa humanidad, mi posición es que eso debe permanecer así", afirmó Cosse en rueda de prensa.
"En una democracia nos educamos entre todos", planteó la vicepresidenta y cuestionó con esto el mensaje que se transmite a las futuras generaciones. "¿Qué mensaje estaríamos dando si decimos que si alguien comete hoy un delito de lesa humanidad no va a recibir lo que la ley diga que tiene que recibir?".
La vicepresidenta admitió que aún no conoce los proyectos planteados y que estos serán tratados en el Parlamento. No obstante, afirmó: "No es un buen mensaje y sobre todo en tiempos en los que hablamos de fragilidad de la democracias, de proteger la democracia todos los días".
Los proyectos
Uno de los proyectos fue presentado por el senador del Partido Colorado, Pedro Brodaberry, una iniciativa en la que el legislador propone “cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas del período 1973–1985, consolidando un camino de unidad nacional, verdad documentada y trato humanitario”, en referencia a la dictadura cívico-militar.
Entre otros puntos, Bordaberry propone la aplicación de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años que hayan sido condenadas por hechos ocurridos hasta el 1° de marzo de 1985. También se dispone la "plena vigencia de la Ley N° 19.822 en todos sus términos", que comete a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) a la búsqueda de las personas detenidas-desaparecidas.
En tanto, otra iniciativa fue presentada este lunes en el Parlamento, pero por el diputado blanco Rodrigo Goñi, para habilitar la solicitud de “prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años, privadas de libertad por hechos ocurridos hace más de 30 años”. “Una respuesta humanitaria, acorde a las mejores tradiciones de nuestro país”, manifestó en la red social X.
Tras anunciarse estos proyectos, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocaron una conferencia de prensa para pronunciarse al respecto. La misma asociación cuestionó semanas atrás que el presidente Yamandú Orsi mantuviera una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para entregarle un informe de Sanidad Militar referido a presos en la cárcel de Domingo Arena, donde hay procesados y condenados por crímenes vinculados a la última dictadura cívico militar.