Redacción El País
La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se expresó este jueves respecto a la reunión que el presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para entregarle un informe de Sanidad Militar referido a presos en la cárcel de Domingo Arena, donde hay procesados y condenados por crímenes vinculados a la última dictadura cívico militar.
En una rueda de prensa, Orsi confirmó este jueves—como adelantó Búsqueda— que tuvo una reunión con Pérez por este tema, pero negó haber manifestado algún tipo de preocupación por la situación de los presos en esa cárcel.
Pese a la aclaración de Orsi, la asociación emitió un comunicado manifestando que "resulta llamativa e improcedente toda 'consulta' o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como injerencia, sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado". "La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática", agregó.
Madres y Familiares manifestó que las personas recluidas en Domingo Arena "no están privados de libertad por delitos comunes", en la medida en que fueron "juzgadas por secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad". "Más allá de su tipificación formal conforme a la Ley 18.026 —norma que incorpora al derecho interno los crímenes de lesa humanidad y establece su imprescriptibilidad—, estos hechos, por su gravedad, por la naturaleza de la afectación y por haber sido cometidos por el aparato del Estado actuando de manera ilegítima y criminal, son considerados crímenes inamnistiables", subrayó la asociación.
La asociación insistió en que estas sentencias no fueron "dictadas a la ligera" y que los condenados gozaron "de todas las garantías del debido proceso", de las que, en cambio, no tuvieron los detenidos desaparecidos "ni los presos y presas políticas de la dictadura, sometidos a detenciones clandestinas, torturas, desapariciones y ejecuciones sin juicio alguno".
"A su vez, quienes hoy cumplen pena en Domingo Arena continúan negándose sistemáticamente a brindar información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas. Esa negativa sigue lesionando gravemente nuestro derecho a la verdad y a la justicia plena. Cada día sin información es una reiteración del crimen", agregó.
La asociación indicó que "no corresponde presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un sistema penitenciario hostil", ya que entienden que, por el contrario, se alojan en un establecimiento con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión", en referencia a información brindada por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.
"Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional. La sociedad uruguaya ha luchado durante décadas para terminar con la impunidad. Retroceder en este camino es inaceptable", concluyó la asociación y planteó que "ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los crímenes más graves de nuestra historia".
"Ni preocupación ni nada", dijo Orsi
"Yo me reuní con el presidente de la SCJ porque tenía un informe de Sanidad Militar que, como no sabía cómo proceder, qué es lo que había que hacer, si había que enviarlo a la Suprema Corte o cómo era el mecanismo, voy, le pregunto y me dijo que eso lo resuelve cada uno de los jueces", dijo Orsi.
"No manifesté ni preocupación ni nada. Institucionalmente tenía algo que resolver y lo hice con quien correspondía", puntualizó el presidente de la República.
El semanario informó que Orsi pidió la cita en junio y concurrió a la sede de la SCJ, en Plaza Cagancha, para la reunión. Allí mostró informes médicos que mencionaban la presunta delicada situación sanitaria que atraviesan algunos de los presos de avanzada edad. La nota consigna que Pérez le respondió que la SCJ no podía hacer nada con esos papeles, y que la información debía ser analizada por el juez de cada causa.
En la rueda de prensa Orsi fue consultado acerca de si esta reunión podía tener algo que ver con un eventual acuerdo con Cabildo Abierto, cuyo líder, el excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, ha reclamado la prisión domiciliaria para los procesados y condenados.
Orsi mostró sorpresa por la pregunta: "No sé de dónde sale eso". "Ese tipo de análisis lo hace usted", le respondió al periodista, y luego añadió: "Nunca dije nada de eso y me sorprendió cuando lo preguntó. Me llama mucho la atención".
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