Cesión de parte de Defensa de la “Cárcel del Pueblo” y apartamento de Elena Quinteros a la ANEP abre polémica

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, anunció la semana pasada que la cartera cederá en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) dos locaciones de alto valor simbólico sobre la historia recientedel país, hasta el momento en manos de la secretaría de Estado que ella lidera.

“Vamos a tomar algunas decisiones en los próximos días que creo que son históricas en referencia a reparaciones en materia de derechos humanos. Están vinculadas a inmuebles y a pasos que hay que dar”, adelantó Lazo en diálogo con La Diaria Radio. La ministra informó que tanto el apartamento de Elena Quinteros —secuestrada en el predio de la embajada de Venezuela en Montevideo en junio de 1976 por militares que ingresaron por la fuerza a la sede diplomática, hecho que llevó a Venezuela a romper relaciones con Uruguay— como la "Cárcel del Pueblo" pasarán a estar en manos de la ANEP.

“Este último bien quizás es más polémico, pero nosotros no vamos a promover santuarios ni motines de guerra de nadie. Hay lugares que tienen que tener vida, dinámica. Tienen que seguir el curso, quizás sí con la marca de memoria: ‘Acá pasaron cosas’. Entonces, la Cárcel del Pueblo va a estar en la misma condición. Se la va a entregar a la ANEP”, añadió.

No obstante, según supo El País, la votación en el directorio del Consejo Directivo Central (Codicen) cuando se trató el tema a mediados de setiembre contó con un voto discordante: el de la consejera electa por los docentes, Daysi Iglesias.

En diálogo con El País, Iglesias dijo que la oferta fue presentada en una sesión de forma inesperada por parte del presidente del Codicen, Pablo Caggiani, después de haber mantenido una reunión con la ministra Lazo.

“Me sorprendió. No veo que la ANEP pueda administrar esos lugares. Para mí es claro y lo dije en la sesión, son Sitios de la Memoria. Pregunté: ¿Qué se va a hacer desde la ANEP con el apartamento de Elena Quinteros? Me respondieron que, como estaba en un edificio y había otros vecinos, capaz que podía funcionar una oficina”, afirmó Iglesias, que igualmente aclaró que el destino específico para ambos lugares todavía no fue definido.

En esta línea, la jerarca opinó que, a su entender, la casa de la maestra Elena Quinteros debería ser cedida a la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y, en el caso de la “Cárcel del Pueblo”, al Ministerio de Educación y Cultura, en última instancia.

“Los sitios son en mi cabeza parte de la historia y deben ser tratados como tales, de allí el asombro que me causó su pasaje a la ANEP. Llevó unos minutos la resolución. No voté favorable. Eso es lo que creo necesario explicarles, especialmente a algunos queridos amigos míos tan sensibles al tema como puedo serlo yo. La ‘Cárcel del Pueblo’ no es cualquier padrón, ni cualquier inmueble de Montevideo, eso fue lo primero que pensé en la inmediatez de la resolución. Esta es una de las razones de mi voto. No es tierra, o un número de padrón, o ladrillos, es más que eso. No importa qué piensen sobre lo vivido en el país, piensen lo que piensen, sé que coincidimos en que no se trata solo de un espacio de tierra en un barrio de Montevideo. Lo mismo el apartamento de Elena Quinteros”, había escrito la consejera el pasado 14 de setiembre en su cuenta de Facebook.

Consultada por El País, la ministra de Defensa dijo que para la entrega del apartamento de Quinteros hay una situación “jurídica compleja” por la forma en que se adquirió el bien y se limitó a informar que la documentación existente impide que se pueda entregar a algún particular.

Desde el gobierno se entiende que la propiedad debe dejar de estar en manos de Defensa. Por ese motivo, se resolvió que pase a un ente estatal para poder concretar el cambio en la titularidad jurídica, explicaron a El País desde una de las organizaciones sociales vinculadas al tema de los desaparecidos. En caso de surgir proyectos por parte de la sociedad civil, podrán evaluarse otras alternativas, agregaron.

Aunque desde Sitios de la Memoria y de parte del Partido por la Victoria del Pueblo había interés en el apartamento de Elena Quinteros, Lazo explicó que por una cuestión de papeleo no era posible esa solución. Según indicó, en acuerdo con ese partido integrante del Frente Amplio, se resolvió que, dado que “Quinteros era maestra y dio la vida por la educación”, el inmueble en que vivía la militante desaparecida durante la última dictadura militar se destinara a ese fin.

En respuesta al anuncio de Lazo, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani presentará hoy un pedido de informes cuestionando las declaraciones y la decisión de la ministra.

“La ministra manifestó que el inmueble sería entregado en comodato a la ANEP y expresó, en referencia a ese sitio, que ‘no va a promover santuarios’. La denominada ‘Cárcel del Pueblo’ fue un centro de reclusión clandestino del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), donde personas secuestradas fueron privadas ilegalmente de su libertad, sometidas a torturas, y en algunos casos asesinadas. Por tanto, se trata de un lugar de altísimo valor histórico y simbólico para la memoria nacional y para la comprensión del período de violencia política que precedió a la dictadura”, criticó el legislador.

En este orden, planteó una serie de interrogantes sobre los alcances jurídicos del convenio y consultó sobre cuáles son los fundamentos y criterios que llevaron a optar por la ANEP para cederle los inmuebles.

En esta dirección, el representante consultó si la utilización del bien en particular tiene fines educativos, culturales, administrativos o de memoria histórica. Preguntó si con el acuerdo alcanzado, que todavía no ha sido concretado, se establecerán condiciones de uso, de restitución y si fueron consultados otros organismos del Estado al momento de tomar la decisión. Consideró que organismos como el Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, la Institución Nacional de Derechos Humanos o la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente serían más adecuados para que esos bienes tuvieran un destino vinculado a la memoria histórica.

“¿Se prevé instalar señalización, placas o espacios museísticos que permitan la preservación y comprensión del valor histórico del lugar? ¿Se ha consultado a víctimas, familiares o asociaciones civiles vinculadas a los hechos acontecidos en la ‘Cárcel del Pueblo’ acerca del destino del inmueble?, son algunas de las preguntas planteadas por Schipani.

Sobre la "Cárcel del Pueblo" en el Sitio de Memoria Uruguay se consigna: “En los sótanos de esta casa familiar funcionó la 'Cárcel del pueblo', lugar donde el Movimiento Nacional de Liberación-Tupamaros realizaba secuestros políticos. El 27 de mayo en 1972 las Fuerzas Conjuntas encuentran el lugar y detienen a quienes la operaban. Durante la dictadura cívico-militar ese lugar se utilizó como centro clandestino de detención y torturas por donde pasaron decenas de personas secuestradas principalmente en lo que se conoce como Operación Morgan”.

En abril de 2022, el exministro de Defensa y hoy senador Javier García tomó la decisión de abrir las puertas del lugar al público, decisión que tampoco estuvo exenta de polémica entre el oficialismo y la oposición de ese entonces. Lazo, por su parte, aclaró que en caso de cederse estos dos inmuebles a la institución educativa no habrá ninguna inhibición para que se coloque una reseña como marca de memoria.