Zubía cuestionó procesamientos por delitos en dictadura: "Hay un componente ideológico vivito y coleando"

Redacción El País
Una nueva conferencia sobre “La Justicia y el estado de Derecho” a la que convocó el senador colorado Gustavo Zubía se convirtió el jueves por la noche en el ámbito en el que se escucharon críticas a los procesamientos de militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Uruguay (1973-1985).

La ponencia se desarrolló en el edificio anexo del Poder Legislativo y entre los asistentes estaban el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, el senador del Partido Nacional Sergio Botana y el contador Conrado Hughes, que fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el gobierno de Lacalle Herrera.

Zubía sostuvo en diálogo con El País que "los procesos judiciales contra militares, policías y asimilados, tramitados durante más de 15 años, deben analizarse en diversas etapas". La primera, afirmó, "es un enfoque institucional vinculado a los plebiscitos y referéndums realizados". Según dijo, "los argumentos utilizados para que estas causas no prosperaran se apoyaban en mecanismos de democracia directa altamente valorados por las fuerzas de izquierda, que los impulsaron durante décadas”. Recordó que “dos generaciones sucesivas realizaron un plebiscito y un referéndum”, lo que, a su entender, dejó “plenamente probada la voluntad popular de cesar con estos procesamientos”.

Zubía cuestionó además la ley aprobada en 2011 que dejó sin efecto la Ley de Caducidad. Señaló que “se aprobó por un voto” y que, al sumar todos los elementos, “carece de sustento jurídico suficiente en el aspecto institucional”. Para el legislador, el análisis también debe incluir una dimensión humana: “En nuestro derecho penal la pena no tiene carácter de venganza. Está absolutamente descartado por la Constitución, que prohíbe la pena de muerte y cualquier forma de suplicio”. A 50 años de los hechos investigados, sostuvo, “es insostenible hablar de resocialización” y remarcó que las sanciones recaen hoy sobre personas “mayores de 70 años” y que “en general no tuvieron antecedentes posteriores”. “Es ridículo plantearlo medio siglo después”, añadió.

Foto: Estefanía Leal.

El senador también puso el foco en lo que definió como un componente ideológico “vivito y coleando” en todas estas actuaciones. Explicó que, para evitar la prescripción, se apeló a mecanismos excepcionales del Código Penal que permiten extender plazos en función de la “peligrosidad del sujeto”, y que ello derivó en situaciones “absurdas”, como declarar “peligrosos” a individuos de más de 60 años para mantener abiertas las causas. “Se los hacía entrar en periodos habilitantes para la punición y no para la prescripción”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la Ley de Caducidad “implicó una verdadera amnistía”, aun cuando se utilizó “un formato extraño” para no equiparar a tupamaros y militares. Según Zubía, por cuestiones de orgullo político, se optó por “un rótulo distinto”, pero “en el fondo el formato esconde una amnistía”. En este sentido, denunció una “vulneración actual de principios del derecho penal”, varios de ellos establecidos en los propios códigos.

Zubía aseguró que las defensas de los militares han presentado numerosos planteos vinculados al respeto de los derechos humanos, pero que “el sistema no les da bolilla”. Acusó a la Justicia de hacer “oídos sordos” a principios como el de inocencia, ya que, según afirmó, “se invierte la carga de la prueba” y se exige al acusado demostrar su inocencia en lugar de que el fiscal pruebe la culpa.

Foto: Ignacio Sánchez

Como ejemplo mencionó el caso del general Juan Rebollo, condenado a 30 años de cárcel por el crimen de las “Muchachas de abril”, en el que tres militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros fueron asesinadas en 1974 en un procedimiento militar. Zubía cuestionó la postura fiscal que consideró una “masacre” el operativo en función de la diferencia de poder de fuego entre las partes. “Es un error garrafal”, afirmó, y aseguró que en el caso hubo “prejuzgamiento”.

Según el senador, la Fiscalía de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, incorpora “carillas de análisis sociopolítico” que, a su juicio, representan una forma de prejuzgar. También afirmó que existe una “evaluación matemática” de las causas, porque, según sus estimaciones, “de cada 100 denuncias contra militares, en el 99% de los casos se busca la sanción y una sentencia muy fuerte”.

Dijo que esa proporción no se replica en otros tipos de delitos y que ello evidencia “un sesgo ideológico” hacia quienes actuaron durante la dictadura. “Tengo un buen concepto personal de Perciballe —señaló sobre el fiscal especializado—, pero un mal concepto institucional por la aplicación de un derecho penal completamente sesgado”, concluyó.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País.