"Retroceso inadmisible": Madres y Familiares rechaza proyectos de ley para "cerrar heridas" de la dictadura

La asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazó los proyectos de ley presentados en los últimos días, uno por el senador colorado Pedro Bordaberry y otro por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que implican otorgar prisión domiciliaria a las personas que hayan sido condenadas por haber cometido delitos durante la última dictadura.

En una conferencia de prensa calificada como "urgente", la asociación sostuvo que estos proyectos representan un "retroceso inadmisible" en su lucha y que "la prisión domiciliaria es contraria a las obligaciones asumidas por el Estado".

La asociación planteó que ya existe en la actualidad un procedimiento legal a través del cual un juez puede conceder la prisión domiciliaria al condenado, bajo justificados motivos de salud. "A la fecha aproximadamente la mitad de los represores condenados ya se encuentran amparados en esta medida y quienes permanecen en prisión lo hacen en condiciones de privilegio", sostuvo la asociación.

"Lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar, estos proyectos la debilitan", afirmaron y cuestionaron en particular la iniciativa del senador colorado por no reconocer la responsabilidad del Estado y además "omitir el término desaparición forzada".

"No puede haber prisión domiciliaria para los genocidas y periodo tras periodo se presentan estos proyectos", manifestó Ignacio Errandonea, integrante de la asociación, que a modo de ejemplo recordó el proyecto presentado en la legislatura anterior por Cabildo Abierto.

Errandonea también cuestionó la falta de compromiso de los partidos políticos, cuyos representantes se acercaron a hablar con ellos durante la campaña electoral. "Cuando son candidatos vienen, dialogan con nosotros, nos comprenden, nos palmean la espalda y luego cuando son gobierno parece que tuvieran amnesia. No se dan los pasos necesarios para obtener la verdad".

La misma asociación cuestionó semanas atrás que el presidente Yamandú Orsi mantuviera una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para entregarle un informe de Sanidad Militar referido a presos en la cárcel de Domingo Arena, donde hay procesados y condenados por crímenes vinculados a la última dictadura cívico militar.

Sobre esto volvió a pronunciarse la asociación este miércoles. Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares, reconoció la actitud de Orsi como una "pésima señal" que no esperaban de su parte. "El presidente es un presidente, vaya donde vaya no pierde su investidura"

"Esa es una gran alarma", dijo Zaffaroni y planteó que quizás los proyectos ya estaban redactados y que fueron propuestos en los últimos días ante "un ambiente que puede ser favorable".

En la iniciativa de Bordaberry, el legislador propone “cerrar en forma institucional las heridas aún abiertas del período 1973–1985, consolidando un camino de unidad nacional, verdad documentada y trato humanitario”, en referencia a la dictadura cívico-militar.

Francisco Flores/Archivo El Pais

Entre otros puntos, Bordaberry propone la aplicación de prisión domiciliaria para personas mayores de 75 años que hayan sido condenadas por hechos ocurridos hasta el 1° de marzo de 1985. También se dispone la "plena vigencia de la Ley N° 19.822 en todos sus términos", que comete a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) a la búsqueda de las personas detenidas-desaparecidas.

En tanto, otra iniciativa fue presentada este lunes en el Parlamento, pero por el diputado blanco Rodrigo Goñi, para habilitar la solicitud de “prisión domiciliaria a personas mayores de 70 años, privadas de libertad por hechos ocurridos hace más de 30 años”. “Una respuesta humanitaria, acorde a las mejores tradiciones de nuestro país”, manifestó en la red social X.