Ministerio de Justicia: gobierno afina detalles del proyecto y prevé enviarlo al Parlamento la próxima semana

Sobre la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mucho se ha hablado en lo que va de este período, porque se trata de un compromiso programático y personal del presidente Yamandú Orsi. También porque pese a que consta en el programa que suscribieron los partidos de la coalición republicana en la última campaña electoral, hoy enfrenta un férreo rechazo, fundamentalmente de los partidos Nacional y Colorado. El asunto es delicado incluso dentro del oficialismo, pues ha generado dudas en la interna misma del principal sector del Frente Amplio.

En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea General, Orsi dijo el pasado 2 de marzo que su gobierno había tomado "la decisión de enviar al Parlamento para su consideración en las próximas semanas un proyecto de ley para la creación" de esa nueva cartera, y que entre varias otras modificaciones absorbería a organismos que hoy dependen del Ministerio del Interior, como por ejemplo el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), e incorporaría la Fiscalía General de la Nación —en tanto servicio descentralizado— y las Defensorías Públicas, cuyo sindicato reclama desde hace años abandonar su dependencia del Poder Judicial.

Esas semanas fueron largas, porque han ido pasando y la iniciativa no se envió al Parlamento. Se llegó a plantear la duda de si se incluiría en la Rendición de Cuentas —la misma interrogante había surgido el año anterior, cuando el gobierno manejó introducirla en el Presupuesto—, cosa que quedó descartada.

Sin embargo, el año continuó transcurriendo y aunque el principal impulsor del proyecto en la Torre Ejecutiva —el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz— se ha referido muchas veces a este compromiso de gobierno y a la necesidad política e institucional de contar con esta nueva cartera, lo cierto es que casi está terminando 2026 y la propuesta no se ha hecho pública.

Pero esto está a punto de cambiar, señalaron a El País fuentes oficiales. Porque lo que prevé el gobierno es enviar el proyecto al Parlamento la semana próxima, luego de que el Poder Ejecutivo —y en particular la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)— termine de hacer ajustes a la redacción del texto.

La incertidumbre se instalará entonces en el Palacio Legislativo —el Frente Amplio, ya lo dijo su presidente Fernando Pereira, tiene la disposición a votarlo, al margen de reparos puntuales, como el del senador Daniel Caggiani—, y, si uno pone el zoom en las bancadas, en lo que hará Cabildo Abierto, cuyos dos diputados ya han otorgado sus votos clave al oficialismo para aprobar distintas iniciativas.

La postura de los partidos tradicionales ya fue marcada por sus principales referentes, que en muchos casos han apuntado —como han hecho, por poner dos casos, los senadores Javier García y Andrés Ojeda— contra Díaz, por entender que, a través de este ministerio, el exfiscal de Corte tendría un instrumento para, directa o indirectamente, incidir en el sistema de justicia —o porque sospechan que podría asumir al frente de esa cartera, posibilidad que, no obstante, él ya ha descartado públicamente.

El partido que lidera Guido Manini Ríos —quien también se ha opuesto al proyecto—, mediante su legislador más activo en el Parlamento, que es Álvaro Perrone, subrayó meses atrás que, por entonces, no había "ambiente" como para dar el debate, y que por lo tanto no estaban "los votos".

"Esto no es crear un ministerio como el de Ambiente. Esto es mucho más polémico, lleva más discusión, y deberíamos ver cómo funciona en otros lados", dijo Perrone el 17 de abril.

Ahora, ante la consulta de El País, el diputado no se cerró a la discusión, pero recordó que "del Ministerio de Justicia solo se conoce el nombre", y que para dar una opinión sobre el fondo del asunto hay que "saber de qué se trata" la propuesta. "No sabemos lo que hay adentro", afirmó.

Díaz ha sido el principal vocero del gobierno en este tema, y en la interna del gabinete es visualizado como el responsable político de la propuesta y el encargado de trasladar consultas técnicas referidas a la iniciativa, dijeron a El País fuentes ministeriales.

En los últimos días, el jerarca, nuevamente, habló al respecto y adelantó que la iniciativa llegará al Parlamento antes de que termine el año. "El proyecto está pronto", dijo el pasado 27 de octubre, entrevistado por En Clave País. "Están haciéndose reuniones a nivel de OPP y con la Contaduría General de la Nación, y se están afinando cuestiones de redacción. (La Asesoría) Jurídica —agregó— ya hizo uno o dos informes sobre ese punto y esto se va a remitir al Parlamento este año y seguramente la discusión quedará para el año que viene".

Consultado por la falta de apoyos a priori que tiene el gobierno, Díaz, como también lo ha hecho Orsi, aludió al compromiso que asumieron todos los partidos en la última campaña electoral.

"Todos le prometimos a la población que íbamos a crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros lo queremos crear". Y agregó: "Aquellos que le prometieron a la población que lo iban a hacer, ¿lo van a hacer o no?".

Entre varios otros argumentos que manejan en la Torre Ejecutiva —donde aspiran a que el debate pueda darse "sin preconceptos ni prejuicios", confió una fuente— está la referencia internacional: una mayoría importante de las democracias occidentales cuentan con uno —y las experiencias sobre gestión de la justicia y el sistema carcelario han sido positivas—. Lo tiene Estados Unidos, todos los integrantes de la Unión Europea, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, entre otros.

Si este es "el momento histórico" o no para aprobar la cartera es una incógnita que permanece en el equipo del presidente Orsi.