La Junta Departamental de Maldonado aprobó un decreto que regula la instalación y el uso de sombrillas, sillas, reposeras, tumbonas y otros implementos que utilizan edificios, hoteles y complejos inmobiliarios para ofrecer servicios de playa. La normativa busca evitar que estos servicios privados "ocupen anticipadamente espacios de uso público y limiten la posibilidad de que otros veraneantes se instalen libremente en la costa".
El texto, al que accedió El País, establece que "los edificios, hoteles, complejos inmobiliarios, administraciones de propiedades y terceros que actúen en su representación no podrán colocar sombrillas, sillas o reposeras con el objetivo de reservar lugares para personas que todavía no estén en la playa". Los implementos "deberán instalarse a medida que lleguen los usuarios y retirarse o desarmarse cuando estos abandonen el lugar", señala el decreto.
La regulación surge de la preocupación por la ocupación de sectores de la costa, especialmente en la primera línea de playa, donde, según los fundamentos del proyecto, la cantidad de edificios y de usuarios llevó a que se reservaran lugares desde las primeras horas de la mañana mediante la colocación de sombrillas y sillas que permanecían sin utilizarse.
Incorporaciones al proyecto
La iniciativa original fue presentada por el edil del Frente Amplio Leonardo Pereira. Durante el tratamiento del expediente también se incorporaron aportes de los ediles Pablo Chalar y Guillermo Ipharraguerre, del sector Somos Unión y Cambio del Partido Nacional. La Comisión de Legislación de la Junta recomendó aprobar el proyecto con modificaciones orientadas a distinguir los servicios organizados de playa del uso individual del espacio público, precisar las competencias de fiscalización y establecer un régimen de sanciones.
Uno de los puntos centrales del decreto es "la creación de una franja de protección junto al mar". Los servicios comprendidos en la normativa "no podrán instalar sombrillas, sillas, reposeras ni otros implementos en los primeros 10 metros medidos desde la rompiente de las olas". Además, las sombrillas no podrán superar los 2,50 metros de diámetro.
Estas restricciones no se aplican a los particulares que concurran a la playa con sus propios implementos para uso personal, aunque deberán respetar las demás normas vigentes sobre utilización del espacio público. La Intendencia de Maldonado podrá habilitar el uso de camastros, sillas o reposeras en función de las dimensiones de la franja costera, las infraestructuras existentes y los permisos ya otorgados.
El decreto también establece condiciones para el almacenamiento de los implementos. Los prestadores "no podrán construir ni instalar estructuras destinadas a su depósito temporal o permanente sobre la franja costera, salvo que cuenten con autorización expresa de la autoridad competente".
Durante el día, los implementos podrán permanecer desarmados y agrupados en lugares habilitados, siempre que no obstaculicen la circulación de las personas ni afecten el cordón dunar. Al finalizar la jornada deberán retirarse antes de la caída del sol.
"Los municipios, en coordinación con la intendencia, podrán determinar los espacios destinados al depósito diurno", dice el texto. Estos deberán ubicarse preferentemente en sectores alejados de la orilla y respetar las pasarelas, los accesos públicos, el cordón dunar y la libre circulación. Cuando existan estacionamientos, ramblas o calles habilitadas, también podrán destinarse sectores para ese fin, de acuerdo con la normativa aplicable.
Fiscalización de la normativa
La regulación dispone, además, que los servicios de playa no podrán interferir con las áreas asignadas a paradores ni con otros servicios autorizados. Los implementos tampoco podrán incluir publicidad comercial ajena al edificio, hotel o complejo al que pertenezcan, salvo autorización expresa. El personal encargado deberá estar debidamente identificado e indicar para qué establecimiento trabaja.
La fiscalización del cumplimiento quedará a cargo de la Intendencia de Maldonado, a través de sus dependencias competentes y en coordinación con los municipios. El incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en la normativa departamental, de acuerdo con la gravedad de la infracción y con las garantías del procedimiento administrativo. En caso de reiteración, el decreto prevé la posibilidad de revocar de forma inmediata la autorización.
La intendencia también estará facultada para reglamentar la aplicación de la norma, dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.
El decreto se fundamenta en la necesidad de impedir una "privatización de hecho" de las playas por la acumulación de sombrillas y reposeras vinculadas a determinados edificios, hoteles y complejos. El objetivo es ordenar la prestación de esos servicios sin afectar el carácter público de la costa ni la igualdad de condiciones para quienes concurren a disfrutarla.
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