La clave para habilitar el retiro anticipado a los 60 años: cómo es la fórmula para calcular los montos

Tanto en el Frente Amplio (FA) como en el gobierno existe una marcada conformidad con el proyecto de ley que habilita el retiro anticipado a partir de los 60 años, presentado hace pocos días en el Parlamento. En la oposición, en tanto, y más allá de algunas expresiones puntuales, por ahora no han surgido grandes cuestionamientos a la iniciativa, mientras dirigentes consultados por El País dijeron todavía estar estudiando la propuesta.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había una condición casi innegociable al momento de buscar una solución que permitiera cumplir con la promesa electoral y los lineamientos surgidos del Diálogo Social: preservar la sostenibilidad del sistema previsional. Ese fue el norte del Poder Ejecutivo que, aunque introduce modificaciones a la reforma de 2023, mantiene la “arquitectura” de la ley 20.130 del gobierno de Luis Lacalle Pou.

El ministro Gabriel Oddone ha señalado que una de las principales preocupaciones durante la elaboración del proyecto fue modificar el mecanismo de actualización del suplemento solidario, para evitar que su ajuste quedara sujeto a la discrecionalidad de un gobierno de turno. La legislación vigente establece que el valor base del suplemento podrá ajustarse en función de la variación anual del IPC (Índice de Precios al Consumo), del IMS (Índice Medio de Salarios), o hasta un 20% por encima o debajo de la variación de dichos indicadores.

Tras comparecer ante el Secretariado Ejecutivo del FA junto al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y las principales autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Rodrigo Arim y Hugo Bai), Oddone destacó como una “gran contribución” la definición de un régimen general para actualizar este complemento no contributivo que es financiado por Rentas Generales.

La propuesta establece dos índices para actualizar el suplemento solidario, con el objetivo de diferenciar el tratamiento de las jubilaciones más bajas y las más altas. El valor base, actualmente fijado en $ 17.591, se ajustará según la evolución del IMS. Sobre ese monto se calcula el suplemento que percibe cada beneficiario, mediante una fórmula que descuenta el 33% de la suma de las jubilaciones que recibe por el régimen de reparto y de ahorro individual (AFAP).

En cambio, el tope de ingresos previsionales para acceder al beneficio, hoy ubicado en $ 53.306, se actualizará por el IPC, que refleja la evolución de la inflación. A modo de ejemplo, El País simuló de manera simplificada tres casos con el funcionamiento actual: uno en el que un pasivo percibiría $ 12.641 por el suplemento, otro $ 4.391 y un tercero al que no le correspondería el beneficio debido a que sus ingresos superarían el tope (ver recuadros).

Por tanto, a medida que los salarios y las jubilaciones —el ajuste no puede ser menor a la variación del IMS según lo establece la Constitución— continúen creciendo en Uruguay por encima de la inflación, serán cada vez menos los que puedan acceder al beneficio, mientras que su monto aumentará para quienes perciben las pasividades más bajas.

A su vez, la nueva fórmula de cálculo incorporada en el proyecto de ley incluye un cociente vinculado a la tasa de reemplazo —que contempla la Tasa de Adquisición de Derechos con tasas que van de 1,20% a 1,50% según la edad y los años de aporte—, que reduce la deducción aplicada al suplemento solidario a medida que se posterga el retiro. Este cambio se enmarca en la estrategia del gobierno para incentivar que las personas permanezcan trabajando hasta los 65 años. Es decir, cuantos más años se trabaje entre los 60 y los 65 años, mayor será el suplemento solidario a percibir, siempre que corresponda acceder al beneficio.

Según las proyecciones oficiales, esta combinación permitirá incorporar la nueva causal jubilatoria sin provocar un aumento significativo del gasto previsional. De hecho, la trayectoria estimada de los egresos por jubilaciones y pensiones se mantendría prácticamente incambiada respecto de los cálculos realizados tras la aprobación de la ley 20.130.

Oddone también destacó que el cambio despeja incertidumbres, ya que la normativa vigente deja margen al Poder Ejecutivo para determinar cómo se actualiza el suplemento. Actualmente, el criterio de referencia es la semisuma de las variaciones entre ambos índices.

“Dejar el ajuste del suplemento librado a la discrecionalidad de cada gobierno expone al sistema previsional a un riesgo fiscal respecto a su trayectoria futura de ingresos. En particular, la trayectoria esperada de los egresos y del resultado del sistema se deteriora significativamente en el escenario en el que el suplemento se ajusta en base al IMS. El esquema de incentivos implícito para el hacedor de políticas da lugar a comportamientos oportunistas, en la medida que ajustar el suplemento por el IMS tiene beneficios a corto plazo, pero costos a largo plazo asociados a un deterioro gradual y acumulativo del sistema”, argumentó el Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto, que será tratado primero en la Cámara de Diputados e ingresará de forma oficial la semana próxima cuando sesione el pleno.

En esa línea, el gobierno sostiene que ajustar el valor base del suplemento por debajo de la evolución de los salarios medios de la economía para las pasividades más altas contribuirá a preservar la sostenibilidad del sistema. Para las jubilaciones más bajas, en cambio, se resolvió mantener un mecanismo que permita acompañar la evolución del salario real y es por esta razón que el gobierno considera que se beneficia a los sectores más vulnerables —aquellos que cumplan con la condición de haber completado 30 años de aportes.

“Al combinar la introducción de la causal anticipada con el cambio en el ajuste del suplemento, se reduce sustantivamente el riesgo fiscal asociado a la trayectoria de egresos a futuro, fortaleciendo la sostenibilidad del sistema previsional”, concluye el Ejecutivo.

Desde el gobierno, de todas formas, se hace hincapié en que la edad normal de retiro seguirá siendo los 65 años, como estableció la reforma de la seguridad social impulsada por la administración de Luis Lacalle Pou.

“Esta causal habilita, entonces, un mecanismo general de acceso, aunque concebido para un uso excepcional, que contempla las diferentes contingencias y preferencias que pueden tener los trabajadores, pero cuyo diseño dispensa una especial consideración respecto de los que presentan menores márgenes para postergar su retiro”, expresa el proyecto de ley.

En esta línea, los ministros Castillo y Oddone, así como el director de la OPP, Rodrigo Arim, remarcaron que quienes tengan 30 años de aportes al BPS y no logren reincorporarse al mercado laboral a los 60 años podrán optar por esta alternativa, que no estaba contemplada en la ley anterior.

“Si una persona pierde su trabajo a los 60 o está en condiciones físicas de no poder realizarlo, va a poder retirarse anticipadamente. Estamos muy satisfechos con el proyecto y ahora en la discusión parlamentaria seguramente va a ser enriquecido”, anticipó Oddone. Quienes opten por el retiro anticipado a los 60 años no podrán volver a trabajar y cobrar la jubilación al mismo tiempo, a diferencia de quienes se jubilen a los 65 años bajo el régimen vigente, que sí podrán hacerlo.

Para llegar a esta propuesta, el gobierno se basó en un estudio de carácter técnico-actuarial realizado por la Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social (BPS). Dicho informe, que fue elaborado en junio, consigna que en Uruguay la edad promedio de retiro en el presente son los 62,6 años, mientras que en 2025 63% de las personas que cumplieron con los requisitos mínimos de tener 60 años de edad y 30 de servicio optaron por postergar el retiro.

Según surge del trabajo, uno de los principales argumentos del Ejecutivo para incentivar a las personas de ingresos medios y altos a continuar trabajando hasta los 65 años es que anticipar el retiro puede reducir hasta un 30% el monto de la jubilación. Según explicó Arim, mientras que a los 65 años la tasa de reemplazo superaría el 50%, si se opta por jubilarse anticipadamente rondaría el 36%.

“Para las personas más vulnerables, que son el 30% de las personas que se jubilan por año, las condiciones serán iguales o mejores a las que regían antes de la ley 20.130 cuando se podían retirar a los 60 años. Es verdad que para las personas que no están en ese colectivo, el 70% restante, lo que intenta la ley es incentivar a que se mantengan hasta los 65. Efectivamente el uso de la tasa de remplazo es un mecanismo que usamos para definir la edad de retiro a los 65”, resumió Oddone las intenciones del gobierno.

En Uruguay se jubilan unas 30.000 personas por año. Según las proyecciones del BPS, hacia 2050 el uso del mecanismo de retiro anticipado podría alcanzar las 9.700 altas anuales en el escenario de mayor utilización, mientras que en el más conservador se situaría en torno a las 5.000.