Diálogo Social: reforma de 2023 plantea solución a uno de los problemas marcados, pero no se implementó

Del resultado del documento final que surgió del Diálogo Social, la propuesta de quitarles a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) una de sus funciones centrales en la actualidad —la de administrar las cuentas de ahorro individual de los aportantes— sigue siendo uno de los temas que más polémica ha generado.

Tras trascender la propuesta, la reacción de la oposición fue inmediata y temeraria, dado que, como explicó días después el principal autor de la reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, Rodolfo Saldain, en 2023 la misma iniciativa había estado sobre la mesa, aunque no fue acompañada por algunos de sus socios como el Partido Colorado.

¿Qué plantea en sus recomendaciones el Diálogo Social? Aunque lo propuesto no implica que el Poder Ejecutivo vaya a avanzar en todos lo aspectos, tampoco se trata de una idea inédita dentro del Frente Amplio.

En la página 63 del informe final se recomienda la necesidad de que “en el marco de un sistema de jubilaciones y pensiones de tres pilares hay que avanzar hacia un régimen más integrado, con un rol preponderante del Estado en la gestión de cada uno de los pilares, percibido por los afiliados como un sistema único”.

En esta dirección, se plantea “avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”.

No obstante, se aclara que se mantendrá la función de inversión y rentabilización de las cuatro AFAP.

Sin embargo, la ley 20.130 de la reforma de la seguridad social ya previó parte de ese objetivo, al establecer mecanismos para que los aportantes al Banco de Previsión Social (BPS) y a las AFAP puedan acceder a un asesoramiento más integrado.

Actualmente, quienes realizan consultas deben acudir a dos compartimentos separados: por un lado, el BPS calcula la prestación correspondiente según los aportes realizados al organismo público; por otro, las AFAP estiman la jubilación en función de lo acumulado en la cuenta de ahorro individual y de la rentabilidad obtenida.

Según recordó Rodolfo Saldain, en diálogo con El País, en los artículos 105 y 106 de la ley se facultó al Poder Ejecutivo a acceder a información de todos los organismos, con el objetivo de integrar al cálculo de la trayectoria jubilatoria los tres pilares y brindar un asesoramiento centralizado a los aportantes.

Para ello, entre otros cometidos, se planteó la creación de una Agencia Reguladora de la Seguridad Social, con la finalidad de “en consulta con las entidades involucradas, que se brinde información pertinente con un diseño y presentación que tenga mayor claridad y simplicidad a efectos de facilitar su comprensión” para que los consultantes que aportan al BPS y a las AFAP no tengan que acudir a dos organismos por separado para contar con la información.

“Si una persona va a averiguar sobre cuál es su perspectiva jubilatoria de acá a 20 o 30 años, la AFAP le va a decir lo suyo y BPS lo suyo. Cada cual por separado. La idea es armar algo para que sea posible lograr el objetivo de dar una información completa y veraz a las personas, en el conjunto de sus derechos, sin necesidad de modificar las normas vigentes, solo reglamentándolas. Sería uno de los objetivos de la idea inicial de 'centralizar' las cuentas en BPS y las AFAP en un organismo que pueda informar de forma integrada lo que cada trabajador tiene acumulado de cara a su jubilación en el futuro”, resumió la idea Saldain.

De esta forma, sostiene el especialista, aunque no es lo propuesto por el Diálogo Social de cortar el vínculo comercial entre usuarios y AFAP — para que no manejen más las cuentas individuales, en busca de lograr mayor eficiencia y rentabilidad enfocándose solo en inversiones, entre otros objetivos buscados, como que haya mayor competencia entre ellas vía licitación por los fondos — se resolvería uno de los argumentos planteados para avanzar en ese cambio, como han defendido actuales jerarcas del gobierno e identifica como un problema el documento final.

En el informe se afirma que “la gestión descentralizada de la información y asesoramiento a las personas por parte de diferentes actores es una debilidad a efectos de un asesoramiento integral”.

Empero, para Saldain este problema ya fue resuelto por la normativa de 2023, pero esa disposición no ha sido implementada o reglamentada.

“Una mejor integración de los pilares del sistema es imprescindible. La reforma de 2023 lo previó en el artículo 106, pendiente de implementación. El desacople propuesto por el Diálogo Social no agrega valor. Los problemas técnicos que se supone se solucionarían con el desacople de las funciones de las AFAP tienen ya soluciones mejores y sin ruido”, defendió su postura el especialista.