La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) es un organismo que se ha acostumbrado ha estar en la palestra pública en los últimos años y que, pese a la intención institucional de presentarse como un ámbito técnico para dirimir debates políticos, no ha hecho otra cosa —sobre todo en los últimos meses— que ser escenario de confrontación entre oficialismo y oposición.
La actuación de la Jutep en el caso Danza —cuando analizó si el titular de ASSE contradecía el mandato constitucional al mantener su trabajo en instituciones médicas privadas, a las que a la postre renunció—, que generó fricciones internas —por mayoría, el directorio desconoció el informe jurídico de la Asesoría Letrada— tuvo como consecuencia una interpelación parlamentaria a fines del año pasado, en la que todos los partidos de la oposición —con matices— reclamaron la renuncia de la presidenta del organismo, la frenteamplista Ana Ferraris.
El debate no quedó saldado ni mucho menos, pues sesión a sesión de la Jutep desde entonces, los enfrentamientos en su directorio —el nacionalista Luis Calabria de un lado, y Ferraris y su vicepresidente Alfredo Asti, del otro— continúan hasta hoy. De hecho, en un informe que será elevado al Directorio del Partido Nacional y en otro enviado a sus compañeros del organismo —a los que accedió El País—, Calabria enumeró lo que considera irregularidades cometida por la mayoría oficialista de la Jutep, que en algún caso llegó a calificar como "grave" o de "gravedad institucional mayor".
Lo que ocurrió es que Ferraris y Asti, según consta en las actas de las últimas sesiones, llevaron adelante algunos cambios sobre cómo registrar lo que ocurre en las sesiones, y qué procedimiento deben seguir las denuncias que llegan al organismo. Esto último fue abordado en la instancia parlamentaria de fines de año: lo que cuestiona la oposición —detalló ahora Calabria— es que, desde mediados de 2025, hubo una alteración en el "circuito de las denuncias" —decisión que no fue adoptada por el directorio—, de manera tal que se dirigen directamente a Secretaría, sin pasar antes por la Asesoría Letrada para que informe a la conducción política.
Esto tiene como consecuencia, primero, que se caiga en una "selectividad —redactó Calabria a su partido—, (porque) pueden producirse tratamiento diferenciados según la sensibilidad del expediente, el denunciante, el denunciado o el contexto político"; y, segundo, en un "debilitamiento de la Asesoría Letrada, (porque) se desplaza la intervención técnica temprana, que era precisamente la garantía del circuito aprobado en 2024".
No significa esto que la Secretaría Letrada no intervenga luego y haga su informe, pero sí que las preguntas iniciales, y los oficios que se envían a los organismos de donde provienen esas denuncias, las haga la presidencia, explicitó Calabria, lo que a su entender eso permite que se incida "en los expedientes".
Antes de que se configurara este cambio, denunció también el dirigente nacionalista, hubo un "tratamiento excepcional del expediente del exrector y actual director de OPP, Rodrigo Arim", que es investigado por presunta omisión en su declaración patrimonial. "Su expediente —siguió— fue derivado a la Secretaría Técnica por mandato verbal de la presidenta".
Algo similar, adujo, ocurrió con el tratamiento del expediente sobre Andrés Ojeda, denunciado por un particular por también presentar una supuesta incongruencia entre dos declaraciones juradas. En ambos casos, de acuerdo a lo registrado en las sesiones, "aparece la crítica a informes o análisis elaborados o promovidos por el vicepresidente antes de una intervención técnica formal de los servicios del organismo".
En este sentido, escribió también Calabria, en el organismo se constataron situaciones de "injerencia directa" de los directores políticos "en expedientes cuyo análisis técnico se encontraba aún en curso".
Cambios en las resoluciones
Otro cambio de procedimiento que denunció Calabria tiene que ver con el registro de las resoluciones que adopta la Jutep, y que por decisión de las mayorías se dejarán de incluir "los fundamentos de votos discorde", lo que a criterio del blanco tiene "impactos de gravedad". Uno de ellos es que esta definición implicó una "modificación retroactiva": se cambiaron "actas y resoluciones de la web de la Jutep para ser re-publicadas una vez que sean reelaboradas en base al nuevo criterio", algo que considera "totalmente desprolijo y desajustado a derecho".
Otro problema tiene que ver con “la transparencia”, afirmó el director de la oposición, porque se obstaculiza “el acceso a información que antes se brindaba”, por eso también habla de “retroceso”.
En la sesión de este jueves, según supo El País, Calabria notificó que enviará su informe crítico resumiendo estas situaciones cuando al cúpula de su partido se reúna el próximo lunes.
La decisión del oficialismo de dejar por fuera de las resoluciones la posición del voto contrario fue también cuestionada jurídicamente en un documento interno que está en manos de la Jutep.
En ese texto, que Calabria envió a sus compañeros, el opositor afirmó que entendía que esa definición lleva al organismo a incurrir en una "severa desprolijidad" con "relevancia jurícia", puesto que "todo integrante del órgano colegiado tiene el derecho de expresar el sentido de su voto y los fundamentos que lo justifican", derecho que "no puede ser suprimido ni limitado por decisión de la mayoría".
"La Jutep —agregó— , como organismo de transparencia y ética pública, está sometida al estándar de ejemplaridad institucional: no puede predicar transparencia hacia el exterior y operar con opacidad en su propio procedimiento decisorio interior".
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