POLÉMICA POR DESCUENTOS

Un artículo de la Rendición de Cuentas que habilita al Poder Ejecutivo a resarcirse de los costos de los realojos de asentamientos genera por estas horas malestar y sorpresa entre intendentes, ya que de aprobarse tal como está redactado se haría por medio de descuentos en los fondos que se destinan a las administraciones departamentales. El desacuerdo alcanza a los intendentes blancos y a los frenteamplistas.

El artículo en cuestión es el 207 y se justifica en el “no ejercicio del cometido de policía edilicia” por parte de las intendencias, que de acuerdo a la ley de ordenamiento territorial tienen la responsabilidad de evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares.

Este proyecto de Rendición lo que hace es “facultar al Poder Ejecutivo” a descontar las partidas “cuando se constate la omisión de acciones” de los gobiernos departamentales a efectos de evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares.

“El resarcimiento se hará, una vez comprobada la formación del asentamiento irregular, mediante el descuento de las partidas asignadas por el literal c del artículo 214 de la Constitución de la República”, indica el texto en cuestión que generó rechazo.

El intendente de Salto y vicepresidente del Congreso de Intendentes, Andrés Lima, dijo a El País que la única coincidencia que se tiene “es con la parte programática”, que parte de la base de que en Uruguay no debe haber asentamientos irregulares. Sin embargo, marcó su desacuerdo con el artículo en tanto responsabiliza a las comunas y les quita recursos por esta causa.

“Hay que ser muy cuidadosos y responsables cuando se plantea tocar recursos o fondos de las intendencias dispuestos por Constitución de la República”, en alusión al 214. Afirmó que, si el artículo 207 se llegara a sancionar en la Rendición, después sería necesaria una ley aparte para implementarlo -por la cuestión de las autonomías departamentales- y la misma debería ser aprobada por una mayoría especial de dos tercios de cada cámara.

La decisión del gobierno generó sorpresa entre los intendentes, a los que no se les comunicó por parte del presidente Luis Lacalle Pou o de sus colaboradores acerca de tal modificación, la cual afecta directamente el bolsillo de cada una de las intendencias.

“No es oportuno y no es el mejor camino que en una Rendición de Cuentas kilométrica aparezca un artículo, perdido y por la ventana, tan trascendente para las intendencias desde el punto de vista económico”, opinó Lima. Además, señaló que hay “dudas” sobre si esto abarca solo los terrenos públicos o también a los privados, donde se forman asentamientos y no se puede ingresar porque se debe respetar el derecho de propiedad.

El tema será planteado por Lima mañana jueves en el Congreso de Intendentes. Según dijo, así como el gobierno nacional pidió a las intendencias que destinaran recursos departamentales a la pandemia (por medio de asistencias alimentarias y la fiscalización) correspondía haber preguntado sobre esto a los diferentes gobiernos.

“¿Por qué no se nos consulta? Somos buenos para la pandemia y no somos buenos para resolver cuestiones vinculadas a los asentamientos. Hay un discurso que no se entiende”, subrayó Lima, que pidió buscar una solución “en consenso” y “no tirar toda la responsabilidad a las intendencias”.

Esto mismo se planteará mañana en una reunión que tendrá la mesa del Congreso con Lacalle Pou en Torre Ejecutiva. Los otros jefes comunales del Frente Amplio, Carolina Cosse y Yamandú Orsi, comparten este punto de vista sobre el artículo de la Rendición, de acuerdo a lo que dijeron a El País fuentes políticas.

El tema a su vez preocupa a los intendentes blancos, ya que tampoco estaban enterados de forma previa de estos cambios.

Consultado por El País, el presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, dijo que las intendencias no están de acuerdo con el tema y lo van a plantear al Ejecutivo en la reunión de mañana.

“Entendemos que debe ser un grave error del gobierno haber incluido esto en la Rendición de Cuentas, porque considero que es inconstitucional”, afirmó Vidalín a El País.

La vivienda fue marcada como una prioridad por parte del Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas remitida al Parlamento. Para disponer de fondos especiales que permitan realojar asentamientos, el gobierno decidió crear un fideicomiso con ingresos que por ley recibía el Instituto de Colonización para la compra de tierras, la cual se frenó por decisión de Lacalle Pou.

Se calcula que entre US$ 15 y US$ 20 millones obtenía Colonización como ingresos por impuestos a las transacciones inmobiliarias y a la compra de tierras. El punto generó rechazos en el Frente Amplio, que asegura que esto no soluciona la situación de vivienda y esconde una posición ideológica de fondo en contra del ente.

En tanto, el presidente de Colonización, Julio Cardozo, se entrevistará esta semana con el presidente para intercambiar sobre cómo afecta el presupuesto que ya tenía planificado para este año y el siguiente.