IMM será más severa con las picadas: autos y motos incautados permanecerán por lo menos 90 días en un depósito

La Intendencia de Montevideo (IMM) cuenta con una nueva normativa para combatir el problema de las picadas. La Junta Departamental aprobó por unanimidad un proyecto de decreto que había enviado el ejecutivo.

El gran cambio es que los vehículos incautados permanecerán 90 días en depósitos de la intendencia. Para retirarlo, sus dueños deberán regular la situación de sus autos o motos y pagar todo lo que deban al gobierno departamental.

Hoy en día cuando a alguien se le quita un vehículo por participar en picadas, puede ir a los tres días y, si tiene deudas, realizar un convenio de pago, abonar la primera cuota y llevárselo.

"Esta es una medida para mejorar la eficacia de la fiscalización, que una vez que sacaste una moto de la calle no aparezca de vuelta a las 72 horas", dijo el director de Movilidad de la intendencia, Germán Benítez, a El País.

En paralelo, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) busca que se aplique la Ley de Faltas en infracciones de tránsito.

Ignacio Sánchez

El proyecto fue enviado a la Junta en diciembre del año pasado, como informó entonces El País.

La intendencia consideraba necesario actualizar el reglamento para sancionar con “mayor severidad” a los que participan en competencias deportivas no autorizadas, es decir “picadas” y en demostraciones de velocidad de "cualquier tipo”.

El nuevo decreto dice que la prohibición de las picadas se aplicará “a toda clase de vehículo automotor”.

Dice también que sin perjuicio de la sanción que corresponda, se retirará el vehículo y se llevará a un depósito de la intendencia. Todos los gastos estarán a cargo del propietario, como el costo del propio traslado, lo que se deba abonar por el depósito o derecho de piso, la vigilancia, etc.

Una vez transcurridos los 90 días, las personas podrán ir a retirar sus vehículos. Pero para que la intendencia se los entregue, deberán cumplir con varios requisitos, según el texto al que accedió El País.

Tendrán que presentar la cédula de identidad y el documento de identificación vehicular a su nombre. Además, deben estar vigentes el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y también el Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC) que lo habilite a conducir ese vehículo.

Por otra parte, la normativa los obliga a que estén al día con el pago de la patente de rodados y de multas de tránsito. No se aceptará firmar un convenio de pago: la deuda deberá cancelarse totalmente. Además, la persona tendrá que pagar todos los gastos ocasionados por la confiscación del vehículo en primer lugar.

Finalmente, antes de liberarlo, el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos hará una inspección para determinar si se encuentra “apto para la circulación”.

Si el dueño no se presenta y regulariza la situación tras el plazo previsto, la intendencia entenderá que el vehículo se encuentra en “estado de abandono” y lo subastará públicamente.

Sobre el plazo que marca la normativa, el director de Movilidad, Germán Benítez, explicó que a partir del día 91 "técnicamente" el vehículo se puede declarar en estado de abandono, pero eso no significa que inmediatamente se retire de los depósitos. "La persona puede seguir viniendo. Capaz que viene el día 120 y la moto sigue ahí", dijo Benítez.

De todas formas, no se podrá retirar a menos que se cumplan todos los requisitos detallados antes.

“Faltaba endurecer la reglamentación al respecto”, dijo el edil blanco Gonzalo Gómez a El País.

Gómez opinó que las picadas han “desbordado a la intendencia en cuanto a denuncias”.

Comentó que suceden en Kibón, justamente cuando se está buscando licitar y reactivar el parador, en el entorno del Teatro de Verano y hasta en la explanada del propio Palacio Municipal.

Cuenta de X de Gonzalo Gómez

En este sentido, destacó el proyecto. “Creemos que va en consonancia con la lógica de parar y frenar estos ámbitos de desbordes que tienen en vilo a los vecinos de diferentes zonas”.

Gómez aludió a los ruidos y disturbios que generan las picadas, pero también al vínculo que tienen con otros delitos y con accidentes de tránsito que “le han costado la vida a muchas familias en Montevideo”.

Destacó que con la nueva normativa los vehículos alterados, como suelen serlo los que se usan en picadas, no podrán ser retirados a no ser que se regularicen antes.

En setiembre de 2025, poco tiempo después de haber asumido, la administración de Mario Bergara comunicó una batería de medidas relacionadas a la movilidad. Entre ellas, estaba la creación de un grupo de coordinación de operativos de tránsito con el Ministerio del Interior y con el de Defensa.

El director de Movilidad, Germán Benítez, dijo que se ha mejorado "muchísimo" el trabajo coordinado con la Policía para tratar el problema de las picadas.

Se hacen operativos en varios puntos, donde se controla que los conductores cuenten con los documentos vigentes y que los vehículos estén en condiciones de circular.

Hasta el 31 de mayo, por estos operativos la intendencia había incautado 1.240 vehículos, principalmente motos.

De todas formas, más allá de los operativos que pueden desplegar las autoridades, Benítez entendía necesaria la actualización de la normativa.

"Este es un fenómeno que está multiplicado por todo el departamento. Entonces, yo entiendo que estamos trabajando bien con la Policía, pero lo que hay que hacer es ir generando más herramientas que disuadan de la ocurrencia de este tipo de cosas", explicó el jerarca.

Desde el año pasado, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) busca que se aplique la Ley de Faltas en el control de picadas.

Esta normativa establece una pena de siete a 30 días de trabajo comunitario para quien participa en ellas.

Hoy en día no se está aplicando porque se tiene que detener a la persona cuando está realizando la picada y después probarlo ante la Justicia. Es por esto que Unasev coordinó con Fiscalía.

El presidente del organismo, Marcelo Metediera, quiere que se establezca un Juzgado de Faltas para infracciones de tránsito que pena esta ley, como participar de picadas, manejar con más de 1,2 gramos de alcohol en sangre, llegar al doble de la velocidad permitida y no usar casco al circular en moto.

Foto: Leonardo Mainé.

“Ya acordamos con las intendencias de Montevideo, Canelones y Maldonado que ellos ponían el lugar físico”, dijo a El País.

Según Metediera, la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, le dijo que si Unasev conseguía recursos humanos por fuera del Presupuesto de Fiscalía, se dedicarían “100%” a eso.

“Así que ahora estamos en la rendición de cuentas discutiendo, que sabemos que no va a ser fácil”, dijo el presidente de Unasev.

Por otra parte, la nueva libreta por puntos, que todavía no empezó a aplicarse, contempla el problema de las picadas. Si alguien participa en una, pierde todos los puntos y se le suspende el permiso. Y si la persona ya estaba suspendida, el caso va a Ley de Faltas.