Eran una familia de clase media del barrio Reducto. Él hacía fletes. Su vida laboral tenía altibajos; en uno de ellos, a principios de los 90, se quedó sin trabajo y dejó de poder pagar a la Intendencia de Montevideo la contribución inmobiliaria.
Cuando quiso volver a hacerlo, desde la comuna le dijeron que primero debía abonar lo que adeudaba, pero no tenía el dinero suficiente. Y entonces, mientras la vieja deuda aumentaba cada día con multas, al mismo tiempo se extendía con la contribución corriente.
Él murió, su esposa también, y quien quedó con esa carga de $ 5 millones de deuda es su hijo, quien sigue viviendo en la misma casa de Reducto. No tiene muchas opciones; tampoco puede venderla.
Ahora, vive con miedo. Eventualmente, la intendencia podría ir a juicio para reclamar lo que se le debe y terminar rematando la casa.
“Es una amenaza latente. Hace que no duermas más en tu vida”, cuenta a El País bajo anonimato.
La situación podría haber sido peor, pero en 2009 la intendencia habilitó que las personas con deudas pudieran pagar la contribución corriente. En cualquier caso, “la deuda vieja sigue generando intereses monstruosos”.
“Querés ir a hacer un convenio, pero no hay quien pueda pagar la cifra astronómica que se generó”, dice el hombre.
¿Cuáles son esos “intereses monstruosos”? La intendencia cobra multas y recargos cuando no se paga un tributo en los plazos previstos. Según la normativa, la mora se sanciona con dos conceptos: Por un lado, en los primeros 30 días de deuda, se cobra por jornada un 0,5% del monto impago. Después, ese porcentaje pasa al 15%. La multa que resulta se va actualizando de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC).
Por otro lado, se aplica un recargo que se calcula a partir de una tasa efectiva anual. Esta equivale a la suma del coeficiente de variación del IPC, más la tasa media anual de interés del sistema financiero correspondiente a operaciones de préstamo para vivienda para familias.
En la etapa final de un conflicto con un deudor, la intendencia puede ir a juicio para reclamar el dinero debido y, en el caso más severo, rematar la casa.
Otro caso
Cuando asumió, y tras el fallecimiento de los antiguos directivos, no sabía que la situación había llegado a este punto. Hacía 20 años que la asociación civil no pagaba la contribución inmobiliaria de su sede, ubicada en la zona de Parque Rodó o Punta Carretas.
El presidente actual, que prefiere mantenerse en el anonimato, no quiere responsabilizar a sus predecesores. Entiende que, en algún momento, la organización —que realiza obra social— tenía exonerada la contribución o había solicitado la exoneración, y los directivos de entonces asumieron que ya contaban con ella.
Él llegó al cargo este año y se encontró con una deuda que, a lo largo de dos décadas, había alcanzado los US$ 120.000.
El hombre comenta a El País que en la intendencia le ofrecen un convenio para pagar la deuda en cuotas, pero que el monto final sería básicamente el mismo. Su objetivo es que le concedan “alguna quita”, como la eliminación de los incrementos por intereses o multas. “Que sea algo más razonable”, subraya, en un reclamo que coincide con el del vecino de Reducto.
La intendencia cuenta con un Tribunal de Quitas y Esperas para, precisamente, eliminar multas, conceder plazos de espera u otorgar fórmulas de pago no previstas. No obstante, el presidente de la asociación sostiene que, con los requisitos actuales, es imposible ingresar a este régimen.
Según la normativa, el tribunal actúa en circunstancias de “excepcionalidad” y contempla, fundamentalmente, a los sectores de menores ingresos, a que se trate de viviendas familiares “modestas” y a que los deudores cuenten con “buenos antecedentes”.
Propuestas
Estos casos llegaron a manos del edil blanco Eric Spektor, quien, desde la Junta Departamental, expuso dos posibles soluciones.
En enero, propuso que los padrones con deudas mayores a cinco años pudieran vender sus propiedades como “libres de deuda” si se destinan a construcciones de vivienda de interés social.
Ahora, además, planteó modificaciones al funcionamiento del Tribunal de Quitas y Esperas para facilitar el acceso a este beneficio, dado que, a su criterio, actualmente resulta “inaccesible”.
“En los últimos años, por esta vía se presentó menos del 1% de los deudores de contribución inmobiliaria”, sostiene en la moción presentada en la Junta Departamental. “Para recuperar contribuyentes cada día más incobrables, es necesario pensar en soluciones que puedan incluir más y mejor a quienes es cada día más complicado cobrarles”, continúa.
En resumen, Spektor solicita que se eliminen tres condiciones. Primero, aquella que establece que el Tribunal tendrá en cuenta “el patrimonio y los ingresos del solicitante y de su grupo familiar”. En segundo lugar, propone que se suprima el requisito de que deba tratarse de “viviendas modestas”, cuyo valor real no supere determinada cifra (con los valores actuales, esto equivale a aproximadamente 2,5 millones de pesos). Finalmente, plantea que se elimine la condición de que el inmueble deba ser la “casa habitación” del solicitante y que se trate de su “única vivienda”.
¿Cuántos deudores hay?
Si bien las autoridades de la intendencia suelen afirmar que no hay una morosidad alta en este tributo (es inferior al 9%), existen decenas de miles de padrones que arrastran deudas desde hace años.
Específicamente, hay 70.534 padrones urbanos en Montevideo con deudas de contribución inmobiliaria de más de un año, según la respuesta de la comuna a un pedido de informes que realizó Spektor a fines de 2025.
Dentro de esta cifra hay tres grupos: 23.166 tienen entre uno y cinco años de deuda, 14.661 tienen deudas de entre cinco y diez años, y 32.707 tienen deudas de más de diez años.
El problema, además, está atravesado por otro factor: el nivel socioeconómico. Porque el 88% de las deudas corresponden a los padrones de contribución inmobiliaria más baja, es decir, a los de menor valor catastral.
El plan de la intendencia
La administración de Mario Bergara se propuso combatir la morosidad. En la Planificación Estratégica del último presupuesto aparecen dos objetivos: uno a largo y otro a corto plazo.
Como meta para el quinquenio, se plantea implementar un “plan de procuración de la morosidad basado en datos”. Mientras tanto, para 2026, la intención es analizar la gestión actual y elaborar un diagnóstico.
Cuando acudió a la Junta Departamental para presentar el presupuesto de su departamento, la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, señaló que el objetivo es realizar un plan “quirúrgico” que contemple cada caso de forma puntual.
“Queremos acercarnos al contribuyente y saber cuáles son los problemas y por qué no puede pagar”, explicó en aquella instancia de febrero.
Pero, más allá del trabajo particular con cada caso, Tabárez señaló que, si se detecta una misma causa con “suficiente generalidad”, se podrán realizar modificaciones en la normativa.
La directora de Recursos Financieros también se refirió a los casos de deudas tributarias que terminan en juicio. Al respecto, Tabárez afirmó que la intención es anticiparse para evitar llegar a esa instancia: “A la intendencia tampoco le conviene un juicio. Se hace porque las normas indican que hay que hacerlo”.
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