La IMM se propone endurecer el control de las picadas y confiscar por más tiempo los vehículos

Desde hace meses, el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo (IMM) están trabajando en conjunto para combatir un problema que la capital tiene desde hace mucho tiempo: las picadas.

Con la Policía a la cabeza, se realizaron operativos en distintas zonas de Montevideo, como Kibón, las canteras del Parque Rodó, el Prado, el intercambiador Belloni y en Punta de Rieles. Además, se anunció la conformación de un grupo entre la intendencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

En paralelo, la IMM preparó un cambio en la normativa departamental que le permita endurecer los controles. Nombrada a grandes rasgos, la medida había aparecido en el conjunto que anunció el director de Movilidad, Germán Benítez, en setiembre, sobre distintos temas.

Finalmente, a fin de año la IMM envió su proyecto a la Junta Departamental, según una resolución del 5 de diciembre a la que accedió El País.

Cuando la comuna constate que una persona está realizando competencias deportivas sin su autorización o “demostraciones de velocidad”, confiscará el vehículo por 90 días, ya sea un auto o una moto. Esto es sin perjuicio de la multa que se pueda aplicar. El motivo de esta medida es que hasta el momento, cuando a alguien se le quita el vehículo, puede ir al día siguiente y, si tiene deudas, realizar un convenio de pago, abonar la primera cuota y llevárselo.

Para lidiar con ese problema actual, el proyecto de decreto plantea que la persona deberá estar al día en el pago de la patente de rodados y las multas de tránsito y no tendrá permitido abonarlo en un convenio de pago. También tendrá que pagar todos los gastos que haya supuesto la confiscación: el traslado, el depósito, el derecho de piso, la vigilancia, etc.

Además del pago de deudas, la normativa propuesta exige que el involucrado presente varios documentos.

Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

Debe llevar el Documento de Identificación Vehicular a su nombre, ya sea en calidad de titular o poseedor, y también su cédula de identidad.

Asimismo, deberá tener el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y el Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC), que lo habilite a conducir el vehículo, vigentes.

Finalmente, antes de liberar el vehículo, el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos de la intendencia hará una inspección para “determinar si el mismo se encuentra apto para la circulación”.

Si nadie va a buscar el vehículo, o si va pero sin cumplir los requisitos, y pasa un plazo temporal (a definir), este será considerado en “estado de abandono” y podrá subastarse o destruirse.

El decreto ya fue enviado a la Junta Departamental. Según dijeron ediles opositores a El País, el Frente Amplio quiso tratarlo como grave y urgente para aprobarlo inmediatamente, pero la oposición logró que pasara antes por una comisión. Por lo tanto, todavía no fue aprobado.

Aunque no quisieron hacer declaraciones, desde la IMM dijeron a El País que además de este decreto, tienen previsto avanzar en medidas con la Policía, el Congreso de Intendentes y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). “Eso es un problemón que ya dejó de ser un problema de tránsito. Es un problema de seguridad. Requiere de la actuación coordinada con la Policía”, había dicho el director de Movilidad, Germán Benítez, a Doble Click (Del Sol) en noviembre.

En aquella instancia, Benítez dijo que se trataba de un problema que era “difícil de controlar de la noche a la mañana” porque está “generalizado en todo el departamento”. Estos eventos suceden “más o menos a la misma hora” y se mueven “muy rápido entre un lugar y el otro”.

“El fin de semana de noche hay varios puntos complicados y no solamente donde han ocurrido filmaciones, como en la Rambla, por ejemplo, sino que es generalizado en todo Montevideo. Hace aproximadamente un mes anduvimos por Casavalle, tuvimos una reunión con los vecinos en el Sacude y el 80 % de los reclamos de los vecinos tenían que ver con este tema”, sostuvo.

Benítez entiende que se deberían aumentar las multas, pero añade que el trabajo no se puede limitar a eso.

“Es una herramienta más que hay que tomar”, afirmó. “Está en estudio la remisión a Ley de Faltas de la gente que es captada corriendo picadas”, explicó.. “De cualquier manera, no podemos quedarnos en disponer penas más severas como mecanismo resolutorio, sino que tenemos que disponer operativos más eficientes en la vía pública para que la gente que corre picadas, o los que participan, nos vean en la calle. Eso es lo que estamos haciendo”, dijo el jerarca de la IMM.