En el horizonte de todos los dirigentes políticos, esta semana no hay otra cosa que un calendario condicionado por lo que ocurrirá el próximo domingo 11 de mayo, cuando se realizarán las elecciones departamentales se renovarán las 19 intendencias y juntas departamentales, y los 136 municipios. Pero luego de eso, el gobierno de Yamandú Orsi y los partidos que conforman la coalición republicana saben que por delante tendrán una agenda legislativa —en la que, como siempre, el Poder Ejecutivo será mano—, en un Parlamento que tiene las aguas divididas y que entre los temas pendientes está la designación de un nuevo fiscal de Corte y el recambio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los integrantes del Tribunal de los Contencioso Administrativo.
Pero donde el tema está trancado ya hace años —el problema se arrastra desde la presidencia de Luis Lacalle Pou (2020-2025)— es en la elección de un nuevo conductor para el Ministerio Público, algo que necesariamente debe darse por un más que amplio consenso del sistema político, pues se necesita el voto de tres quintos en el Senado.
La idea del gobierno de Orsi es que así ocurra, pero como ya informó El País los partidos Nacional y Colorado —los principales de la oposición— han cerrado filas en el respaldo político a la actual fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, y entienden que no hay nombre posible que pueda proponer el Ejecutivo que sea aceptable, ya que a su entender sería una figura de confianza del prosecretario Jorge Díaz, hombre de la Torre Ejecutiva en quien no confían y acusan de incidir políticamente en el organismo que dirigió como fiscal de corte hasta octubre de 2021.
Con ese escenario, la oposición hizo resurgir en los últimos días la idea de crear un triunvirato en la Fiscalía —para lo que se precisaría una reforma de la Constitución—, una propuesta que a inicios del período pasado presentó el diputado colorado Gustavo Zubía —hoy senador— y que en 2023 llegó a contar con el respaldo del propio Lacalle Pou y la bancada nacionalista, aunque luego la iniciativa se diluyó porque el entonces oficialismo no lo priorizó, indicaron a El País fuentes política.
Los senadores Javier García (Partido Nacional) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado) afirmaron explícitamente estar a favor de esta idea en los últimos días, como forma de diluir el poder que hoy tiene el jerarca que dirige el Ministerio Público, pero también como un posible "camino" que puede llevar al "acuerdo" con el Frente Amplio, dijo ahora una fuente nacionalista.
Pero la coalición de izquierda ha estado radicalmente en contra cuando se presentó esta iniciativa en el período pasado y continúa estándolo ahora.
Y lo mismo pasa en la Torre Ejecutiva —Díaz subrayó varias veces que es contrario a implementar una "Fiscalía colegiada", sistema que "no existe en el mundo"—, desde donde indicaron a El País que siguen sin estar "afín" a cambiar la actual institucionalidad de la Fiscalía.
Mientras tanto, sin embargo, el tema no ha sido abordado con intensidad en el Parlamento, aunque la necesidad de llegar a un acuerdo con este cargo y otros de contralor que también necesitan mayorías especiales es objeto de charlas informales entre el oficialismo y oposición, sobre todo luego de la jubilación del ministro José Balcaldi, integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo hasta este 21 de abril. La meta del gobierno es que las sustituciones de estos cargos no se realicen "por derecha", es decir, por quienes siguen en antigüedad, y que se concreten con designaciones acordadas.
Los argumentos en contra del FA y los fiscales
La idea de que conformando un órgano de dirección de tres integrantes —que representarían la distribución de fuerzas en el Parlamento— terminaría "politizando" el Ministerio Público es el principal argumento de quienes se oponen a la propuesta del triunvirato.
El senador frenteamplista Eduardo Brenta, por ejemplo, entiende que instalar un esquema colegiado sería llevar adelante "una suerte de cuantificación política" de la dirección de la Fiscalía, "lo que sería el peor daño que podríamos hacerle" al organismo. "Soy partidario de la mayor autonomía posible para la Fiscalía y del respeto de su independencia técnica", opinó en diálogo con El País.
Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, afirmó en tanto que su posición es contraria, pero "más por un tema de formas" y de "cómo ha sido planteado por parte de sus impulsores" que por el "contenido" de la propuesta.
"Estamos en contra desde que nos dicen que buscan que haya un intercambio de figuritas porque nosotros estamos en contra de la politización", dijo el fiscal en la misma línea que Brenta. "Me sorprende —agregó— que esa misma gente que hoy critica a la Fiscalía, porque dicen que está politizada, propongan lo que ellos mismos están criticando. Nosotros no somos incoherentes, somos coherentes".
Zubía: "Ahora no lo voy impulsar; no voy a gastar energías con un FA en contra
Para el senador Gustavo Zubía, por la vía de "los hechos" el Partido Nacional se mostró en contra de su proyecto de ley en la legislatura anterior. Dijo que vio "amagues" a favor y en contra a su idea del triunvirato de Luis Lacalle Pou, quien a su juicio se terminó decantando por una postura contraria a esta iniciativa. "Esta propuesta le hubiera dado oxígeno a la coalición republicana para salir del estancamiento en que nos encontrábamos", dijo el colorado en referencia a la falta de acuerdo que también hubo en el período pasado para designar un fiscal de Corte titular que sustituyera primero a Díaz y luego a Juan Gómez.
"Pero ahora no lo voy a impulsar; no voy a gastar energías en este momento con un Frente Amplio en contra, y que es el que ahora tiene la prenda de intentar buscar una salida", aseveró.
La propuesta había sido presentada verbalmente al presidente en enero de 2020, cuando a Díaz le quedaban más de dos años de gestión en el organismo. Pocos meses después, el entonces diputado ingresó la iniciativa al Parlamento.
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