Redacción El País
Dirigentes del Partido Nacional se metieron en la polémica que surgió en la interna de la Fiscalía General de la Nación, donde los magistrados tomaron una serie de medidas gremiales a raíz de una resolución de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

El senador blanco Javier García se manifestó al respecto y dijo que "el tema de fondo del conflicto en Fiscalía es institucional", en el sentido de que "o dirige la institucionalidad democrática y la ley o el 'Partido Fiscal' apañado y creado por el actual prosecretario de Presidencia", en referencia a Jorge Díaz, quien otrora fuera fiscal de Corte.

En su cuenta de X, García consideró que "la fiscal de Corte cortó los circuitos de poder que manejaba este Partido Fiscal" y los magistrados "saltaron como un resorte".

"Se resisten a perder privilegios y los hilos que manejaron con impunidad y con intencionalidad política partidaria, y sus operaciones mediáticas. Este es el verdadero motivo del conflicto, no otro. Es un tema de democracia o de poderes ilegales", lanzó.

Foto: Leonardo Maine/El País.

En diálogo con El País, García añadió que este "no es un conflicto gremial" típico. "Todos sabíamos que había un poder oculto, ilegal, el partido fiscal, de operaciones políticas, mediáticas", expresó y añadió que el caso del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, fue "una perla más".

La fiscal Stella Alciaturi pidió la formalización de la investigación contra Besozzi por varios delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, coautoría de un delito de cohecho calificado y reiterados delitos de abuso de funciones. La Justicia accedió a la solicitud y varios dirigentes del Partido Nacional cuestionaron a la fiscal por entender que tuvo motivaciones político partidarias en la previa de las elecciones departamentales.

Para García la discusión en Fiscalía es sobre "quién conduce", y "por primera vez la institucionalidad", representada por la fiscal de Corte, "le pone límites, le corta los circuitos de poder, los privilegios y la impunidad con la que operan" los magistrados.

García también dijo estar de acuerdo con el planteo del diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, quien solicitó que se declare la esencialidad en el Ministerio Público ya que las medidas gremiales "generan alarma pública por la sensación de inseguridad ciudadana y de negación de justicia". Goñi agregó que el gremio, con su postura, está generando un "escenario de crisis en la Fiscalía con el fin de ejercer una influencia indebida en la próxima elección del fiscal de Corte".

Este último conflicto en Fiscalía se desencadenó a partir de una resolución por la cual Fererro, el 21 de marzo, dispuso que ningún fiscal podría tomarse licencias que coincidieran con su turno de flagrancia, cuando deben atender los delitos que se cometen en el momento, plazo que en casi todos los casos dura una semana.

Esto derivó en un ida y vuelta entre la jerarca y la Asociación de Magistrados Fiscales, cuya directiva, a su vez, y en el marco de estas mismas negociaciones, planteó que se contemplara un viejo reclamo sindical: que se les otorgara licencia para el cuidado de parientes enfermos y por hijos con alguna discapacidad.

No hubo acuerdo y ambas partes solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo, que ya convocó para el próximo 25 de abril una instancia tripartita para destrabar la situación.

Foto: Carla Bonilla; Estudio Cervieri Monsuarez

Mientras tanto, los fiscales han tomado medidas consideradas "de gravedad" por la propia institución, que difundió esta semana un comunicado al respecto, como no autorizar, por una semana, órdenes de allanamiento ni detenciones en casos en que no esté en riesgo la vida o la integridad física de las personas, o su libertad.

Esto, según valoró Ferrero en declaraciones a El País, "puede tener consecuencias de entidad" y "responsabilidades administrativas graves".

Con las medidas adoptadas el gremio también pretende que los fiscales titulares dejen de subrogar a sus compañeros cuando estos se ausentan o toman licencia, y que ese trabajo de suplencia lo hagan los fiscales adscriptos, pero cobrando como titulares.

El argumento de Ferrero para oponerse es económico: no hay dinero para esas compensaciones.

"Ellos no pueden gestionar los dineros públicos. Eso es un tema de mis atribuciones. Soy yo quien decide, no ellos", dijo la fiscal de Corte a El País.