Los reclamos en la interna de la Fiscalía General de la Nación han sido frecuentes a partir de la entrada en vigencia del actual Código del Proceso Penal (CPP) en noviembre de 2017, porque, entre tantos cambios que eso supuso, el Ministerio Público comenzó a tener un rol preponderante en el sistema de justicia, sin que hubiera aumento de recursos para su funcionamiento ni un incremento en los sueldos para los fiscales.

Teniendo en cuenta ese contexto, los conflictos declarados por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) han sido también frecuentes en los últimos años: hubo varios cuando el fiscal de Corte era Jorge Díaz —asumió en 2012 y renunció poco antes de finalizar su mandato, en octubre de 2021—. Se llegaron a ejecutar medidas tales como abandonar la atención al público o a asistir a determinadas audiencias, como se hizo en 2019 —en un año en el que lograron un encuentro con el entonces presidente Tabaré Vázquez—, cuando pedían bajar la sobrecarga de trabajo y en reclamo llegaron a parar todas las actividades un día entero; y siguieron habiendo cuando en su lugar quedó Juan Gómez como fiscal de Corte, con quien se declararon en conflicto en 2023 y 2024, con dos instancias tripartitas ante el Ministerio de Trabajo.

Por eso, para el presidente del gremio de fiscales, Willian Rosa, no es justo que desde el sistema político —en concreto, referentes de la coalición republicana, como los legisladores blancos Javier García y Rodrigo Goñi— se atribuya intencionalidad política al conflicto que días atrás declararon contra la actual fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, en reclamo contra resoluciones que afectaron su régimen de licencia y con medidas que la propia Fiscalía calificó "de gravedad": por espacio de semana, los fiscales no habilitaron órdenes de detención y allanamiento.

Las medidas culminaron —"no se murió nadie", bromeó ahora Rosa en diálogo con El País— y ahora el gremio y la fiscal de Corte están a la espera del encuentro que tendrán ambas partes —en instancia tripartita— en el Ministerio de Trabajo, este viernes de mañana (ver recuadro). Llegarán a este diálogo, no obstante, con un cruce mediático como previa: Ferrero fue enfática en rechazar las medidas tomadas, y aseguró en diálogo con El País que los fiscales "no pueden gestionar los dineros públicos" y que era ella "quien decide, no ellos" sobre el destino y la gestión "de los dineros públicos".

"Nosotros tenemos la necesidad imperiosa de que este conflicto no continúe —respondió ahora Rosa—. No nos interesa nada en absoluto y no tenemos nada en contra de Ferrero, como no hemos tenido nada en contra de Gómez o Díaz. Sí estamos en contra de las decisiones tomadas por Ferrero, porque limitó el derecho adquirido que tenemos los fiscales y por eso impugnamos la medida para que la revierta".

Mientras se espera por esta instancia en Trabajo, la AMFU envió días atrás al gobierno de Yamandú Orsi un pedido de reunión con el presidente de la República. No solo para hablar sobre este conflicto, sino el problema de fondo que a su juicio enfrenta desde hace años la institución.

Esto tiene que ver con la denunciada carencia de recursos —para lo cual adjuntó un informe sobre los problemas presupuestales en el correo en el que solicitó el encuentro—, cuando se acerca la fecha en que el gobierno enviará al Parlamento el Presupuesto para todo el período, y la reclamada necesidad de que el sistema político llegue por fin al postergado acuerdo en el Parlamento y se designe a un nuevo fiscal de Corte titular, dijo Rosa.

El lunes al mediodía el gremio recibió como respuesta de Presidencia que se acusaba recibo de la solicitud y que volverá a haber una comunicación "a la brevedad".

Sin embargo, según supo El País con fuentes del Poder Ejecutivo, en el gobierno se analiza por estas horas la conveniencia de acceder al encuentro solicitado.

Y las primeras reflexiones que hacen en el piso 11 de la Torre Ejecutiva es que "el mensaje" que se desprendería de una reunión entre el gobierno y la AMFU, en momentos en que la oposición acusa a Presidencia de estar en connivencia con los fiscales por entender que actúan con sesgo político a favor del Frente Amplio en varias de las investigaciones actualmente en curso —como por ejemplo, la imputación contra el exintendente de Soriano Guillermo Besozzi por ocho delitos de corrupción—, no sería positivo para el gobierno. Y más cuando se busca caminos de acuerdo con los partidos Nacional y Colorado para encontrar una figura de consenso que pueda conducir la Fiscalía en el mediano plazo.

Asimismo, señalaron que hay declaraciones públicas recientes que ha hecho Rosa no cayeron en gracia al presidente, como la que vertió a El País el 4 de enero de este año —en pleno proceso de transición entre gobiernos—, cuando aseguró que a los fiscales les producía "incomodidad" que se designara al exfiscal de Homicidios Carlos Negro como ministro del Interior, ya que refuerza el argumento de los legisladores que cuestionan que la Fiscalía está "politizada".

Por el momento, no obstante, no hay una decisión tomada.