Fiscal de Corte: gobierno espera por oposición para avanzar en nombres y coalición por postura de Bordaberry

Designar a un fiscal de Corte es un tema prioritario para este gobierno, que pretende que, a diferencia de lo que ocurrió en el período pasado, el sistema político pueda encontrar un nombre que merezca la confianza de todos. Y a eso está abocado desde hace tiempo parte del equipo de Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva -y en particular el prosecretario Jorge Díaz-, y la bancada del Frente Amplio.

La urgencia del gobierno en dar solución a este problema se explica por al menos dos grandes razones. Una de ellas tiene que ver con algo que es compartido por otros actores, como el gremio de fiscales, que es la “debilidad institucional” inherente al hecho de que el Ministerio Público esté dirigido por una fiscal subrogante, pues Mónica Ferrero es quien lidera el organismo luego de que el año pasado se jubilara Juan Gómez -quien a su vez se encontraba como subrogante tras la renuncia de Díaz en octubre de 2021.

La otra razón es el muy crítico diagnóstico que tiene el Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento actual de la Fiscalía, que es vista como “un barco a la deriva”, al decir de una fuente de Presidencia consultada por El País.

La Constitución obliga al Parlamento a reunir el apoyo de 19 senadores para designar un fiscal general, una mayoría especial que no se alcanzó en el anterior gobierno, pese a que el oficialismo de entonces lo buscó. Pero el mismo oficialismo ahora en la oposición ya no tiene aquel interés porque, es sabido y ha sido público, predomina un explícito respaldo a Ferrero.

No obstante, en el gobierno esperan atentos el estreno del nuevo espacio de coordinación partidaria que la Coalición Republicana anunció comenzará a funcionar ya esta semana (ver recuadro). La expectativa en Presidencia es que la oposición “arranque a moverse”, y empiecen a surgir novedades sobre los nombres que ellos aceptan (o proponen) para ocupar no solo la Fiscalía sino el resto de cargos para los que también se necesitan mayorías especiales, como la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Ahora hay lo que se llama una “ventana” de oportunidad con la jubilación de la ministra de la SCJ Elena Martínez el 2 de setiembre, y la idea del gobierno es que no sea sustituida por quien le sigue como ministro de tribunal más antiguo (lo que ocurrirá si no hay acuerdo político en un plazo de 90 días), sino aprovechar y negociar ese cargo junto con los otros que quedarán vacantes. Pero las negociaciones están trancadas, como consignó Búsqueda esta semana, en gran medida por la postura de la oposición, cuyos principales partidos -los que tienen representantes en el Senado-, sin embargo, no están alineados en un 100%.

Quienes están juntos y forman en esto un bloque sin resquicios son el Partido Nacional y el sector del senador Andrés Ojeda -que tiene tres de los cinco senadores del Partido Colorado-, ambos decididos al todo por el todo con Ferrero. Es más, el propio Ojeda tiene el proyecto de que la coalición, en un acto más simbólico y político que otra cosa, declare que es la exfiscal de drogas la persona por ellos designada “para todo el período” al frente del Ministerio Público, lo que de alguna manera permitiría planificaciones de gestión a largo plazo. Es algo que ha deslizado en alguna declaración pública, y que ha promovido en la interna de la oposición.

Por el lado de los blancos no hay dudas. “Hay una fiscal de Corte con todas las atribuciones, y es además la mejor fiscal de Corte que ha tenido desde que existe la institución de fiscal de Corte”, remarcó a El País el senador Javier García, que no escatimó elogios con la figura de Ferrero: “Es intachable, ha estado en los lugares más complicados de la Fiscalía, combatiendo al narcotráfico y el crimen organizado, y ahora ha dado suficientes garantías al país, terminando con el centro de poder político que funcionaba en la Fiscalía, razón por la cual ha sido objeto de ataques de parte del gremio y del Frente Amplio”.

Donde el panorama parece distinto es en Vamos Uruguay, el sector de Pedro Bordaberry en el Partido Colorado, y que el gobierno visualiza desde hace meses como un espacio donde el entendimiento político es más viable.

Hay, por lo pronto, disposición al diálogo al respecto, según dijo a El País Tabaré Viera, uno de sus dos senadores, quien usó justamente esa palabra. “Estamos a favor del diálogo”. Y recordó la propuesta que, semanas atrás, firmó junto con Bordaberry para crear un espacio parlamentario entre todos los partidos dedicado a resolver la designación de los cargos de la Justicia.

Consultado puntualmente por Mónica Ferrero y la voluntad de sus correligionarios de que continúe en el cargo durante todo el período, Viera dijo que es un nombre que le “gusta”, pero que para hablar de eso “hay que, primero, estar dispuestos a escuchar otras propuestas”.

Este miércoles, a iniciativa de Javier García, y que fue aceptado rápidamente por su Partido Nacional, los dos grandes sectores del Partido Colorado y el Partido Independiente, la Coalición Republicana tendrá su primera reunión de coordinación política.

Será un espacio de intercambio para, como lo dice su nombre, “coordinar” las posiciones en diversos temas, especialmente aquellos escabrosos en los que hace falta llegar con postura de bloque a las negociaciones con el Frente Amplio, como es el caso de los cargos del sistema de justicia y en órganos de contralor.

“Vamos a concretar algo que responde a un reclamo legítimo y válido de distintos partidos. Es una señal política muy fuerte”, dijo a El País el senador García, que agregó: “Buscamos tener capacidad de coordinación tanto en los puntos sobre los que estamos de acuerdo como en los que se generan disenso, porque no somos partidos iguales, pero tenemos vocación de unidad”.

La convocatoria a este espacio fue a los coordinadores de bancada de ambas cámaras de las fuerzas políticas que fueron socias en el gobierno de Luis Lacalle Pou, con lo que la invitación también llegó a Cabildo Abierto, hoy alejado del bloque.

Según supo El País, el diputado Álvaro Perrone -quien como uno de los dos legisladores en la cámara baja que tiene el partido de Guido Manini Ríos se encarga de la coordinación parlamentaria de Cabildo- respondió que en esta oportunidad no iba a participar en el encuentro, pero que dejaba las “puertas abiertas” para hacerlo en otra oportunidad.