Fiscalía: directora de una unidad clave en la gestión Ferrero dejará su cargo y volverá a Civil

La fiscal de Corte Mónica Ferrero es subrogante, pero hace casi dos años tiene sobre sus espaldas todas las tareas que tendría si fuera titular. Durante este tiempo, mantuvo la mayoría de los puestos jerárquicos tal y como estaban. Pero una de las modificaciones que introdujo fue la creación de la Unidad de Control Interno, que tuvo especial relevancia desde su apertura, y cuya directora designada fue la fiscal Claudia Arriaga, quien dejará su cargo en octubre. Se trata de una persona de extrema confianza de la jerarca.

Aunque la creación de esta unidad estaba contemplada en la ley orgánica de la Fiscalía, se puso en funcionamiento como tal en noviembre de 2024 por resolución de la fiscal de Corte. Sus cometidos son "controlar la regularidad con que funcionan las oficinas" de la Fiscalía, "verificar el cumplimiento de los deberes funcionales" de los fiscales y trabajadores y recibir quejas respecto de ellos, así como denunciar las irregularidades constatadas al fiscal de Corte.

Durante su paso por ese cargo, Arriaga, además, participó de diferentes comisiones y representó a la Fiscalía en eventos. Entre ellos, participó de la "Reunión Preparatoria y Especializada de Ministerios Públicos" en Buenos Aires en nombre de la Fiscalía uruguaya.

En los últimos días, su nombre cobró trascendencia pública por haber solicitado a la Caja de Profesionales información sobre qué fiscales aportaban a sus arcas. Tras una discusión entre miembros del directorio que quedaron plasmadas en actas que divulgó M24, se definió, por mayoría, entregar la información. La Dirección de Jurídica de la Caja de Profesionales había manifestado sus reparos por considerar que podría llegar a ser ilegal.

Lo que buscaban saber desde la Unidad de Control Interno era si algún fiscal aportaba como trabajador independiente, puesto que se les está vedado por ley ejercer la profesión liberalmente. En la información enviada por la Caja, constataron que la directora de Cooperación Internacional, Gabriela Aguirre, aportaba. Por ese motivo le iniciaron un sumario.

Al ingresar a la institución los fiscales deben declarar no ejercicio y ella, tiempo después, declaró ejercer. La profesional sumariada justificó que, cuando entró al Ministerio Público, ya tenía casi 15 años de aportes a la Caja que no quería perder, por lo que continuó aportando. A su vez, denunció —según M24— violación del secreto tributario, puesto que esa información, argumentó, está amparada en él y la Caja nunca debió habérselo proporcionado a la Fiscalía. La Dirección de Jurídica de la Caja de Profesionales opinó contrario a brindar los datos.

A partir de ello, el senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo a Canal 5 que la bancada de su partido analiza citar a Ferrero al Parlamento y señaló que les "preocupa especialmente" la situación denunciada.

Fuentes de Fiscalía señalaron a El País que es la primera vez que la institución cumple con su tarea de supervisar que los trabajadores no mantengan un ejercicio profesional o comercial paralelo a su labor en el Estado, cuestión que la ley prohíbe.

El 17 de setiembre de este año Arriaga solicitó ser trasladada nuevamente a la Fiscalía de Civil, Aduana y Hacienda. Justificó su pedido en que una de las fiscales de esa sede está próxima a jubilarse y, además, entiende que "la tarea de fiscalización debe ser rotativa", según surge de la resolución.

Ferrero aceptó la petición e indicó que Arriaga cumplió con su tarea "de forma ampliamente satisfactoria" y también con los cometidos que le fueron encomendados. A su vez, el lugar que dejará vacante la fiscal de Civil "requiere experiencia que la Dra. Arriaga posee".

Además, indicaron fuentes fiscales, en las próximas semanas alguien cercano a ella se someterá a una intervención quirúrgica y eso tuvo un peso en su decisión.