"Podrían estar vinculados a un grupo criminal transnacional", dijo el director de Investigaciones de la Policía, Julio Sena, al referirse a los ahora imputados por la excavación de un túnel en Ciudad Vieja. Si bien no se han revelado mayores detalles sobre la investigación, fuentes del caso dijeron a El País que, por indicios ya recabados, podría tratarse del Primer Comando Capital (PCC).
La Policía de Brasil habría sido la encargada de alertar a sus pares uruguayos sobre un posible ataque a una institución financiera. Si bien se presumía que podía ocurrir en Navidad o año nuevo (lo que hizo desplegar operativos especiales), finalmente esto no ocurrió. Meses de investigación llevaron a que dos casos paralelos (uno por drogas y otro que se abrió tras la advertencia del exterior) se unificaran.
Finalmente fueron detenidas las 11 personas que ahora se encuentran imputadas (entre ellas ciudadanos de Paraguay y Brasil). Según pudo saber El País, algunas de ellas son "especialistas" en este tipo de maniobras. El propio Sena manifestó durante la conferencia de prensa del Ministerio del Interior que los brasileños cuentan con antecedentes de haber realizado este tipo de robos en su país.
Actualmente, las autoridades intercambian información con Argentina, Paraguay y Brasil con el objetivo de corroborar las identidades de los involucrados. "Nada nos asegura que los documentos que portan son los reales", señaló Sena. Además, se espera el resultado de los cotejos de huellas digitales para, una vez conocida la identidad de las personas, trazar posibles vínculos con organizaciones criminales.
Los informantes señalaron que, si bien hasta el momento no se ha probado, toma fuerza la hipótesis que posiciona al PCC como la banda detrás del cavado del túnel.
Se trata de un grupo criminal nacido en San Pablo en 1993. Si bien comenzó como unos pocos presos que buscaban "justicia" tras el asesinato de 100 reclusos por las fuerzas de seguridad, terminó convirtiéndose en el grupo organizado más grande de Brasil y uno de los más importantes a nivel continental. También se han reportado personas vinculadas a la banda en Europa, Asia y Estados Unidos.
Con el paso de los años, la banda que se expandió en las cárceles y las favelas paulistas, comenzó a dedicarse al tráfico de drogas, extorsiones y el robo de bancos, cometiendo en 1999 uno de los más grandes en la historia de la ciudad (US$ 32 millones de botín). Ya con miles de miembros, el grupo se expandió a otros países de la región, convirtiendo a Paraguay en otro uno donde su operación es importante.
En abril de 2017, unos 50 integrantes del PCC atacaron la sede de la empresa Prosegur en Ciudad del Este, en Paraguay, llevándose US$ 10 millones. Utilizaron explosivos para destruir el portón de la entrada (lo mismo hicieron para abrir las bóvedas) y redujeron al personal de seguridad, asesinando a uno de ellos. Los delincuentes incendiaron decenas de vehículos en varias partes de la ciudad para dificultar el trabajo de la Policía. Este caso fue calificado a nivel local como el "golpe del siglo".
Si bien hasta la fecha se presume que el grupo no está instalado en Uruguay, sí hay reportes de la Policía y Fiscalía de Brasil en los que se menciona la existencia de 140 integrantes de la banda en territorio uruguayo. Se presume que cerca de 100 están en prisión, mientras que los restantes se encuentran en libertad.
Fuentes vinculadas a la investigación de estos grupos dijeron a El País que se reportó la presencia del PCC en la frontera de Brasil con Uruguay, incluso aliándose con grupos regionales de menor calibre, como el caso de Bala Na Cara.
"Se identificaron integrantes en Uruguay, aunque no trabajaban directamente bajo el mandato del grupo, sino como células independientes", dijeron los informantes. "Eso no quiere decir que si el PCC los llamaba ellos no iban a responder. Eran como células dormidas que cometían delitos por cuenta propia, pero tenían vínculos con el PCC", concluyeron. Las autoridades buscan prevenir la instalación del grupo de forma estable en territorio uruguayo.
Con respecto a este punto, tras ser consultado por El País, el exministro del Interior Nicolás Martinelli destacó que en el tramo final de su gestión se desarrollaron "operativos de control en frontera" en conjunto con el Ejército. "Inauguramos la base de Inteligencia en Rivera para reforzar los controles y estar mucho más alerta", dijo. Según el exjerarca, de confirmarse la presencia de este grupo en el país, "cambiarían las reglas del juego".
El actual gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, escribió una columna en El Observador en 2019 en la que hacía referencia al accionar de esta banda. Por un lado, Sanjurjo destacó que el interés del PCC en Uruguay "está relacionado con modalidades delictivas de las que todavía se habla poco en nuestro país", como la extorsión.
"Si la víctima no teme por su negocio y por su vida y la de los suyos, difícilmente participará de una transacción en la que entrega lo requerido a cambio de evitar un perjuicio que quizás no ocurra. Por eso, quienes se dedican a las distintas formas de extorsión están siempre buscando formas de aumentar su credibilidad", aseguró y destacó como clave el rol de organizaciones locales que puedan funcionar como "franquicias".
"Lo que nuestro pequeño delincuente local precisa es una marca reconocida que infunda terror en sus víctimas y las lleve a entregar sus bienes a cambio de nada y en silencio. Al mismo tiempo, las organizaciones criminales buscan maneras baratas y rápidas de expandir su negocio a nuevos territorios", agregó.
Se presume que, además de contactos de menor peso a nivel local, el PCC se ha vinculado con figuras como Luis "Betito" Suárez, Luis Fernando Fernández Albín o el narcotraficante prófugo Sebastián Marset.
Investigaciones unificadas
La primera rama del caso comenzó en setiembre de 2025, cuando la dirección de Investigaciones recibió una denuncia anónima sobre un punto de venta de droga en Neptunia. Al avanzar, se consiguió identificar a personas uruguayas y extranjeras.
En forma paralela (lo que significó crear otra investigación), la Policía uruguaya recibió información de su par brasileña en diciembre de 2025. Allí advertían sobre un posible atraco a una institución financiera, probablemente a través de túneles. El avance de ambos casos llevó a que finalmente las investigaciones se unificaran.
Meses de trabajo y de análisis de los movimientos de los implicados llevaron a detectar que 11 personas (todas ya formalizadas) estaban vinculadas entre sí, por lo que terminaron siendo objetivo de las dos investigaciones. Se trata de ocho hombres y tres mujeres. Cinco de ellos son ciudadanos uruguayos, mientras que los restantes se dividen entre paraguayos y brasileños.
En audiencia judicial realizada ayer, dos de los sospechosos fueron imputados por los delitos de negociación de estupefacientes y uno de ellos por porte y tenencia de arma de fuego y municiones. Los otros nueve fueron imputados por asociación para delinquir y hurto especialmente agravado en grado de tentativa. Como medida cautelar, todos deberán cumplir 180 días de prisión preventiva.
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