Intendencia de Cerro Largo fue condenada por expedir documentos para una moto irregular ingresada desde Brasil

La Intendencia de Cerro Largo fue condenada a indemnizar a un hombre por haber emitido documentación con respecto a una moto de alta gama que había sido ingresada de forma irregular al país. El demandante compró el vehículo a un particular, que lo había empadronado presentando papeles falsos, detalle en el que la comuna no reparó y emitió los permisos. Meses después, la Policía incautó la moto a su nuevo dueño tras constatar las irregularidades.

La compra-venta del vehículo se realizó el 9 de agosto de 2021 (tres años después de que el vendedor lo empadronara en Cerro Largo). Con todos los papeles en aparente legalidad, el nuevo dueño decidió reempadronarlo en Canelones. Ocho meses después de la compra, el Ministerio del Interior le incautó el vehículo por problemas de regularidad documental. Ese mismo día el hombre presentó una denuncia.

Por este caso existió una investigación penal por la que fue condenado el vendedor de la moto por los delitos de falsificación de documento público, fraude, asociación para delinquir y estafa. Si bien la defensa del demandante señala a funcionarios municipales como colaboradores en la maniobra, la intendencia remarcó en su contestación que esto no ha sido probado.

"Confió en la documentación emitida por la Intendencia de Cerro Largo, la cual no presentaba ninguna irregularidad (...). No existía orden de captura sobre el birrodado, ni prendas ni embargos de ningún tipo. El escribano interviniente tampoco tiene responsabilidad, ya que la documentación estaba 100% acorde a la normativa", aseguró el abogado del hombre al presentar la demanda por responsabilidad extracontractual en el ámbito civil contra la comuna.

Según la teoría de la defensa, la documentación fue adulterada o se ocultó información por parte de los funcionarios. Si bien este punto no fue acreditado, sí se tuvo por probado que existió al menos omisión en el control de la documentación presentada para el empadronamiento.

Basándose en esto, la defensa pidió que se indemnice al comprador de la moto con un total de US$ 115.000 (US$ 25.350 por el valor del vehículo y lo restante por daño moral y otros gastos). Según afirmó su abogado, el hombre "vendió su único bien inmueble e invirtió el dinero en la compra de la moto para un posterior usufructo de un proyecto de viaje documental audiovisual por América".

Por su parte, la comuna contestó que "de ninguna manera consumó una estafa en perjuicio de terceros", sino que aseguró haber sido "víctima de una maniobra criminal llevada a cabo por una organización delictiva que de forma coordinada, mediante estratagemas, fraude y adulteración de documentos públicos consumaron una serie de delitos con vehículos utilizando en parte la logística de la administración". Además, aseguró haber tenido una "actitud activa en denunciar" al enterarse de la situación.

Según consta en el expediente administrativo y fue mencionado en la sentencia a la que accedió El País, el vendedor de la moto compareció ante la intendencia para empadronarla asegurando haberla comprado en un remate en Montevideo. Allí presentó un documento que lo comprobaba, un recibo de entrega del vehículo y recibos de OSE a su nombre que certificaban su residencia en Melo. Todo esto estuvo firmado por un escribano público.

Más adelante se conoció que todos estos documentos eran falsos y que el vehículo había sido ingresado de forma irregular desde Brasil. No se trató de la única maniobra de estas características, ya que también se constató que el vendedor había empadronado múltiples vehículos en la misma intendencia (también con documentos apócrifos). Según él mismo declaró ante la Justicia, hacerlo en Cerro Largo era "más fácil" que en otras intendencias.

A pesar de esto, la comuna se defendió asegurando que no tuvo vinculación alguna con la maniobra y que se únicamente se limitó a empadronar mediante los documentos adulterados, a los que definió como "imposibles de verificar".

Si bien el vendedor de la moto no fue demandado en el ámbito civil y ya fue condenado a nivel penal, fue incorporado como tercero en este caso a pedido de la intendencia.

Luego de varias audiencias y un intentó de conciliación que fracasó, la jueza Elisa María Echevarría falló a favor de la comuna, considerando "improcedente la pretensión" del demandante. Por el contrario, sí condeno al vendedor de la moto a pagar US$ 25.350 (el valor del vehículo). Pero esto se modificó luego de que el caso fuera elevado al Tribunal de Apelaciones.

Luego de la apelación del demandante y el condenado, el Tribunal Apelaciones Civil de 5^to Turno modificó lo resuelto por la jueza. Mientras que el condenado manifestó su disconformidad y remarcó que debería quedar por fuera de esta disputa, el damnificado volvió a apuntar contra la comuna.

"No se acreditó que la libreta de propiedad del vehículo hubiera sido falsificada, sino que era auténtica, fue emitida por sus funcionarios y si su sistema de seguridad y control fue vulnerado, debe responder por los daños ocasionados", aseguró su abogado, que además destacó que tras la condena de primera instancia el daño quedaría sin reparación, ya que el condenado es insolvente.

Finalmente, los ministros del Tribunal entendieron que es la intendencia la que debe indemnizar al demandante con los US$ 25.350 del valor de la moto. "El Estado debe responder civilmente por sus acciones, omisiones o por hechos que causen daño a los terceros, debiendo reparar los perjuicios causados pagando la indemnización correspondiente", sentenciaron.

Además, manifestaron que la existencia de imprecisiones notorias en los documentos (como diferencias en fechas) y la reiteración de empadronamientos a nombre de la misma persona con diez vehículos adquiridos en las mismas condiciones debió despertar las alertas de los funcionarios.