Tribunal confirmó la condena de un Policía que pidió dinero a contrabandistas a cambio de su libertad

El Tribunal de Apelaciones de 1er Turno confirmó la condena de un funcionario policial que pidió dinero a contrabandistas para dejarlos en libertad y realizó un acta adulterada tras el procedimiento. Si bien su defensa denunció irregularidades en el proceso judicial, así como intentos de otros encausados de incriminarlo, esto fue desestimado por los ministros.

La operación por la cual cayó fue “Caciques de Humo”, llevada adelante en 2015 por el Grupo de Respuesta de Inteligencia de Aduana. Luego de varias interceptaciones telefónicas y órdenes de allanamientos se consiguió detener a decenas de personas vinculadas al contrabando de cigarrillos de origen paraguayo. Entre los detenidos estuvieron un edil nacionalista, un funcionario de Aduanas y un policía. En el caso de este último no fue por pertenecer a la organización, sino por irregularidades durante un procedimiento.

El policía desempeñaba funciones en la Seccional N° 18 de Montevideo. En la madrugada del 5 de mayo de 2015 se dirigía hacia allí cuando vio a dos personas descargando paquetes de un camión para pasarlos a un auto. Si bien declaró que al comienzo pensó que era droga, igualmente intervino y luego vio que se trataba de cigarrillos.

Según los hechos relatados por la fiscal Charline Ferreyra (y tomados como probados por el juez y Tribunal), el policía dijo a uno de los detenidos que le abonara US$ 5.000 para dejarlos en libertad y confeccionar un acta de incautación con menos cantidad de cigarrillos (y así quedarse con parte de la mercancía).

Si bien la versión del funcionario es que el conductor del camión le dijo “decime cuanto es que me quiero ir, tengo antecedentes” y que él le respondió “que se callara”, esto fue desestimado por la Justicia.

Mientras estaban haciendo el arreglo económico, un patrullero llegó al lugar tras la llamada de un testigo. Si bien el policía dijo que estaba “todo bajo control” sus colegas decidieron intervenir y trasladar a los detenidos a a seccional.

Según la abogada del funcionario, dijo esto porque “no conocía en profundidad a los colegas que ofrecieron su ayuda” y que “decidió finalizar el procedimiento que ya estaba en marcha a fin de ser él quien se llevara el mérito”.

En la sentencia a la que accedió El País consta que “quienes transportaban la mercadería ingresada ilegalmente al país declararon que primero habían arreglado” con el policía ahora condenado, pero que “luego todo se agravó, terminaron detenidos, y su libertad la pagaron con dinero y mercancía”.

Horas después de ser trasladados hacia la dependencia policial, los dos contrabandistas quedaron en libertad, aunque se desconoce las condiciones exactas de cómo ocurrió.

Según sus declaraciones, que fueron contrastadas con escuchas telefónicas, uno de ellos pagó al ahora condenado $ 4.000 y luego realizó entregas equivalentes a $ 70.000. Otra de las irregularidades constatadas fue que el funcionario policial realizó un acta en el que aseguraba que había incautado solo tres cajas de cigarros (cuando en realidad consta que eran 15). En su declaración no supo explicar el faltante y argumentó que eso es lo que había en el auto y que la mercadería fue contada frente a un superior.

Finalmente, luego de años de proceso judicial, el policía fue condenado en junio de 2024 como autor de un delito de concusión a 18 meses de prisión, una multa de 100 UR e inhabilitación especial de 4 años.

Recientemente, el Tribunal de Apelaciones intervino tras un recurso presentado por la defensa, aunque falló de forma unánime confirmando la resolución de primera instancia. Si bien la abogada pidió la absolución de su defendido y que en caso de confirmar la condena se le apliquen medidas alternativas, todo fue desestimado por los ministros.