Redacción El País
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, criticó a las autoridades del gobierno anterior, liderado por Luis Lacalle Pou, por el embargo que sufrieron las cuentas del Estado uruguayo en bancos de Luxemburgo, tal como informara El País este fin de semana.
El embargo duró meses y se debió a la falta de pago a Latin America Regional Aviation Holding (Larah) por el arbitraje internacional que le ganó a Uruguay por el caso Pluna.
La notificación del embargo —por una acción iniciada por la empresa que fue accionista de Pluna— llegó el 22 de noviembre de 2024, según consta en documentos oficiales a los que accedió El País mediante una solicitud de acceso a la información pública.
Luego, el 26 de noviembre, el 2 y el 10 de diciembre Presidencia recibió informes que confirmaban las acciones de ejecución. Se vieron afectadas cuentas de 37 diferentes instituciones bancarias en Luxemburgo —desde donde Uruguay paga obligaciones que tiene como bonos, letras, entre otras— hasta hace unas semanas, luego de que la actual administración abonara lo adeudado.
Fue el 13 de febrero de 2024 cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial falló en contra del Estado uruguayo. La condena fue por US$ 30.000.000 más intereses y costos, lo que ascendía en ese momento a US$ 56.536.038, pero la cifra iba creciendo en US$ 500.000 por cada mes que no se pagaba. Finalmente se debió pagar US$ 64.396.520. Se hizo el 30 de mayo, y meses después se confirmó el levantamiento del embargo.
El gobierno de Yamandú Orsi tomó conocimiento de las cuentas embargadas el 16 de abril, cuando la sociedad panameña envió una nueva nota y advirtió que se habían embargado más de 80 millones de euros.
Jorge Díaz aseguró que hubo un "momento complejo sin que el gobierno tuviera conocimiento"
En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Díaz lamentó que durante las reuniones de transición entre las salientes y las entrantes autoridades de Presidencia no hubo mención al embargo.
Díaz afirmó que el laudo es de febrero de 2024 y que "se podía recurrir o pagar" pero "no se hizo ni una cosa ni la otra, no se recurrió y no se pagó".
"Eso hizo que los intereses empezaran a correr", dijo el prosecretario, que aseguró que en las reuniones de transición se entregó información acerca de los arbitrajes que existen pero no acerca de que "se había iniciado un proceso de ejecución en Luxemburgo, cuando Uruguay ya tenía pleno conocimiento".
Díaz cuestionó que, si bien el gobierno de Orsi sabía que había que pagar la condena "porque no se había pagado", no fue hasta que se recibió una nota de Larah que se supo sobre el embargo. Allí "se encienden todas las alarmas".
De haber sabido antes, consideró Díaz, se habría contratado "un abogado en Luxemburgo", además buscar "poner excepciones" en el embargo y "reclamar que como Estado no puede ser embargado".
Estos meses fueron un "momento complejo sin que el gobierno tuviera conocimiento". "Me molestó bastante que no se haya recurrido o pagado en 2024, que no se haya contratado un estudio en Luxemburgo para tener un estado de situación clara y no jugar a ciegas, y tercero, creo que lo que más grave, que no se nos haya informado", apuntó.
"El estado de situación nos molestó bastante", expresó Díaz, que agregó que Uruguay suele hacer "cumplimiento de sus obligaciones" y que esto "fue un riesgo totalmente innecesario", y que en transición "la información no fue ni completa ni e calidad".
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