Las cuentas del Estado en Luxemburgo fueron embargadas por meses; gobierno dijo que se “ocultó” situación en la transición

El Estado uruguayo tuvo embargadas sus cuentas bancarias en Luxemburgo durante meses. No fue hasta el pasado 3 de junio, cuando el gobierno de Yamandú Orsi recibió la carta de pago donde se confirmaba haber abonado US$ 64.396.520 a Latin America Regional Aviation Holding (Larah), que el embargo se levantó -algo que formalmente se comunicó el 27 de agosto.

A esa situación se llegó luego de que la sociedad panameña que fuera accionista de Pluna tomara el 15 de noviembre de 2024 la medida de pedir embargar activos por incumplir con el pago del laudo al que fue condenado el Estado uruguayo por el proceso que llevó al cierre de la aerolínea de bandera uruguaya.

En su momento, desde Presidencia se negó haber sido notificado de un embargo internacional. El gobierno de Luis Lacalle Pou emitió un comunicado el 19 de noviembre -un día después de que El Observador divulgara la noticia del embargo- en el que aseguró que se estaba avanzando en un posible acuerdo de pago. Luego, esa negociación quedó trunca por el pedido de la empresa de que se terminaran los procesos penales y civiles contra los exmiembros de la aerolínea Leadgate.

La notificación del embargo llegaría horas después, el 22 de noviembre, según consta en documentos oficiales a los que accedió El País mediante una solicitud de acceso a la información pública.

Luego, el 26 de noviembre, el 2 y el 10 de diciembre Presidencia recibió informes y comunicaciones del estudio jurídico que confirman las acciones de ejecución. Se vieron afectadas cuentas de 37 diferentes instituciones bancarias en Luxemburgo -desde donde Uruguay paga obligaciones que tiene como bonos, letras, entre otras- hasta hace pocos días, luego de que la actual administración abonara lo adeudado.

El 13 de febrero de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial falló en contra del Estado uruguayo en la demanda que la sociedad panameña, exaccionista de Pluna, planteó por violar el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones entre Panamá y Uruguay.

Larah, anteriormente llamada Leadgate de la que eran socios Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, reclamó unos US$ 800 millones. Uno de los puntos medulares del fallo de la Ciadi apuntó a que, después de abril de 2012, el gobierno de José Mujica realizó “una verdadera campaña de prensa en contra de los administradores privados de Pluna y Pluna misma”. Argumentaron que representantes del Estado habían salido de los límites que les imponía “el deber de reserva” y “un elemental principio de prudencia”.

Foto: Estefanía Leal

La condena, mediante laudo arbitral, fue por US$ 30 millones más intereses y costos, lo que ascendía en ese momento a US$ 56.536.038.

Unos días después, el 22 de febrero de 2024 Larah envió una carta al Poder Ejecutivo exigiendo el pago.

El gobierno de Lacalle Pou confirmó el 17 de marzo de 2024 su interés en negociar el pago del laudo y solicitó que el estudio estadounidense que llevó adelante la defensa de Uruguay -junto a Guyer y Regules como firma de abogados local- desarrolle esa estrategia. Un mes después, el 19 de abril, el estudio le envió a Presidencia un borrador de carta para Larah en la que plasmaba su intención de comenzar una negociación para el pago. Finalmente, la primera comunicación se dio el 7 de mayo de 2024.

Ese proceso no llegó a buen puerto, algo que se transparentó el 14 de noviembre cuando Larah dio por “terminada la negociación”. Sin embargo, ya desde antes había tomado medidas, según consta en los documentos, ya que el 11 de setiembre el estudio Freshfields, que representa a Larah, dio aviso de que como en ese momento habían pasado seis meses desde el fallo y aún no habían cobrado iniciarían acciones de ejecución.

El 8 de enero de 2025 la embajada uruguaya en Bélgica remitió a Cancillería la notificación de la orden de exequatur (término con el que se refieren a la validación de una sentencia en Luxemburgo) por la que se trabaron los embargos de las cuentas del Estado uruguayo, que se aplicaron en 37 instituciones bancarias luxemburgueses.

Si bien se citó al Estado uruguayo ante el Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Uruguay no se presentó en tiempo y forma pese a las reiteradas sugerencias del estudio jurídico (ver aparte) lo que limitó las posibilidades de defensa ante los embargos.

El 21 de enero de este año, el gobierno decidió avanzar en suscribir un acuerdo de pago con Larah y se designó a cargo al entonces secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. Allí se definía el pago de US$ 62.350.382 -la cifra iba creciendo en US$ 500.000 por cada mes que no se pagaba- a cambio de que Larah levantara los embargos.

Ese acuerdo no llegó a firmarse antes de que culminara la administración Lacalle Pou ya que restaba el chequeo de la cuenta bancaria proporcionada por Larah para realizar el pago y el análisis del Tribunal de Cuentas de la República.

Tras asumir el gobierno de Orsi, el 18 de marzo el estudio norteamericano informó a las nuevas autoridades de las acciones en Luxemburgo. Allí el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, tomó conocimiento de la existencia de gestiones en ese país, pero no el motivo. En ese momento el jerarca pidió al estudio todas las gestiones realizadas en la ejecución de Larah. No fue hasta el 16 de abril que supo que existían cuentas embargadas.

Ese día la sociedad panameña envió una carta -a la que accedió El País- dirigida a la Prosecretaría en la que insistía en que no había recibido el pago del laudo y se afirmaba que se había “congelado más de 80 millones de euros de activos uruguayos en Luxemburgo e impedido a Uruguay acceder a los sistemas bancarios luxemburgueses para realizar los pagos de bonos con vencimiento a finales de este mes”. Y luego se advertía que si no se procedía a abonar lo adeudado se iniciaría acciones en Estados Unidos.

Foto: Ignacio Sánchez/El País.

De acuerdo a las consultas jurídicas del gobierno, las cuentas no llegaron a congelarse aunque sí a embargarse activos por el monto que afirmó Larah. La sociedad panameña, en primera instancia, había aportado una cuenta bancaria para que el gobierno de Lacalle Pou pagara, pero una vez la administración de Orsi se propuso liquidar el pago se encontró con que no estaba debidamente acreditada.

Según los documentos que forman parte de las 122 páginas entregadas, Presidencia solicitó una nueva cuenta bancaria que cumpliera con “los requisitos formales que asegurasen la correcta imputación de los fondos”. Finalmente, el pasado 30 de mayo el Estado uruguayo abonó US$ 64.396.520 en la cuenta del estudio jurídico que patrocinó a Larah. Y el 27 de agosto el estudio jurídico confirmó el levantamiento de los embargos.

Luego de que la sociedad panameña activara la solicitud de embargo en Luxemburgo -pocas horas después de que Orsi fuera electo presidente- el estudio jurídico norteamericano que contrató el Estado pidió instrucciones al en ese momento secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.

El 26 de noviembre de 2024, dos días después del balotaje, desde el estudio se escribió un mail en el que se decía que esperaba que Ferrés se encontrara “bien a pesar de las últimas noticias de las elecciones” y que le dejaban las “sugerencias” sobre cómo enfrentar el embargo en Luxemburgo. Se planteó que tomar medidas era algo “urgente” y que aún si Uruguay decidiera que el mejor camino era pagar el laudo a Larah recomendaba que se contratara un estudio para representar al Estado uruguayo en Luxemburgo. Y pedía hacerlo “a más tardar” al final de esa semana.

Ferrés no respondió. Y ante ello el estudio volvió a insistir con otro correo electrónico el 2 de diciembre. En el texto le volvía a mencionar que entendía serían “días intensos” tras las elecciones nacionales pero que quería saber si se había podido designar un abogado en Luxemburgo para intervenir en el proceso de embargo antes de que venciera el plazo. Ese mismo día Ferrés respondió agradeciendo la información y agregando que estaban “en proceso” para hacer un planteo a Larah para el pago del laudo y que se lo informaría en los días siguientes.

Foto: Leonardo Mainé.