Uruguay ya ha enfrentado diferentes casos de arbitrajes de inversión en los que tuvo resultados favorables, uno en contra y otro que aún se puede considerar en espera. Si bien ya no quedan países en la región que no hayan sido “bautizados” con alguno de estos casos, la forma en que se defiende el Estado uruguayo difiere del resto. ¿Cómo se conforma la defensa del país ante casos de arbitrajes de inversión internacionales?

En el último tiempo la litigiosidad de estos casos aumentó, según habían explicado desde Ferrere Abogados a El País -firma que participó en la representación de la demandante panameña Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah) en el caso Pluna contra Uruguay-.

Asimismo, la socia de la firma, Sandra González, sostuvo que este tipo de disputas internacionales son cada vez más frecuentes, debido a la globalización y el flujo de inversiones internacionales, y “habría que pensar que va a continuar”.

En un arbitraje de inversión internacional, el inversor suele reclamar por la expropiación directa o indirecta (una combinación de medidas que tienen efecto expropiatorio) de su inversión, o que no tuvo un trato justo o equitativo, donde se violan determinados tratados de inversión entre países mediante los cuales se otorgan protecciones recíprocas a sus inversores con el objetivo de atraer la inversión extranjera.

Previo al caso Pluna, por motivos de fondo o por jurisprudencia, los fallos decretados por los tribunales internacionales en casos de arbitraje de inversión contra Uruguay, trazaban un camino de resultados favorables para el país, hasta el último dictamen referido al accionar del gobierno de José Mujica en 2012 contra Pluna, con el que se perdió el invicto.

Según el fallo al que accedió El País, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial entendió que Uruguay tuvo actuaciones “inconsistentes, imprudentes e irracionales”. Con este dictamen, el Estado deberá pagar US$ 56 millones en principio.

No obstante, con el primer caso en este siglo al que se enfrentó Uruguay, había trazado un camino de resultados favorables hasta este último.

En 2010, la tabacalera Philip Morris inició un arbitraje contra Uruguay por US$ 25 millones, por las medidas antitabaco aplicadas por la entonces administración de Tabaré Vázquez, bajo el tratado bilateral de inversiones (TBI) ratificado con Suiza. Esto fue desestimado por el fallo arbitral tras considerar que se trataba de medidas ajustadas al mismo.

Los Estados, ante un arbitraje de inversión, suelen defenderse con abogados internos, la tercerización de su representación en firmas internacionales de prestigio y experiencia en estos casos o la tercerización en una firma internacional con una coordinación interna activa, según explicó el socio de Guyer & Regules, Carlos Brandes.

Uruguay, desde el caso de 2010, ha optado por esta última estrategia en los casos internacionales en que ha participado -el caso contra Argentina por el corte de los puentes, Philip Morris, Italba, Aratirí o Pluna-. Para esto, siempre contrató al mismo estudio internacional, al que se le reconocen “muy buenos resultados”.

Mientras que el estudio contratado para la representación del Estado uruguayo ha sido el Foley Hoag de Estados Unidos, que se especializa en este tipo de contiendas, la coordinación local a recaído en Presidencia.

En este sentido, el socio de Brum Costa Abogados y exprosecretario de la Presidencia entre 1999 y 2005, Leonardo Costa, señaló que “normalmente” como las sedes de las cortes internacionales en los que se llevan este tipo de demandas se encuentran en Estados Unidos o La Haya (Países Bajos), se requiere de un estudio jurídico en el exterior, por el propio expertise en la materia que requieren los arbitrajes internacionales.

Hay arbitrajes que se basan en “cuestiones jurídicas solamente”, explicó, y otras por jurídicas y equidad, es decir que se estudia la conducta que tuvo el Estado para con el inversor y si este fue equitativo, razonable, entre otros puntos.

Asimismo, destacó que en Uruguay no se cuenta con el concepto de “abogacía del Estado” por lo que cada organismo público se encarga de su propia defensa. No obstante, por los tiempos que implican las demandas en materia de arbitrajes internacionales, el expertise requerido y las elevadas cifras que se tratan, de la coordinación se encarga Presidencia., usualmente bajo la órbita de su Prosecretaría.

Por su parte, los abogados de Posadas, Posadas y Vecinos, Valeria Techera y Emiliano Opertti, señalaron que la designación de un estudio en el exterior también sucede por la baja cantidad de casos de inversiones a los que se ha enfrentado Uruguay -no alcanza a uno por año- ya que el país “respeta a los inversores extranjeros”.

Por otra parte, así como tras el caso Pluna se cuestionó en la esfera pública la incidencia de las cortes internacionales en la soberanía del Estado -no siendo la política pública el foco de la demanda, sino del trato Estado hacia el inversor en función de los acuerdos a los que se comprometió previamente- también se apuntó a la defensa y procesos de elección de los árbitros.

Sobre esto último, González explicó que, dentro de los diferentes procesos de elección de los árbitros, se suele acordar un procedimiento. De este modo, cada parte elige al propio y luego, para la selección del tercer árbitro, el proceso más frecuente es que la institución o las partes confeccionen una lista de personas, el demandado y el demandante elimine cada uno a un árbitro propuesto y luego se les ordene en una clasificación, resultando seleccionado aquel con mayor puntaje.

Foto: Leonardo Mainé