Fin de la era de Juan Castillo en el PCU: Óscar Andrade fue designado como nuevo secretario general

El senador Óscar Andrade fue designado como nuevo secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU). De esta forma se puso fin a la era de Juan Castillo como máximo líder, aunque el ministro de Trabajo y Seguridad Social mantendrá un cargo en el Ejecutivo comunista.

Los nuevos integrantes del Comité Central habían sido electos el anterior fin de semana en un congreso. Este grupo reducido se juntó este sábado y decidió quiénes serán las nuevas autoridades. El Comité Central designó entonces al exsecretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), ya que Castillo había manifestado que no tenía intenciones de seguir en el cargo.

Castillo, ahora, será secretario de Relaciones Internacionales del PCU. El secretario de Organización será Guillermo Rehermann. Y la secretaria de Unidad Política será Ana Olivera, la exintendenta de Montevideo que acaba de anunciar su renuncia a su banca en Diputados a partir de marzo.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, será secretario de Sindicales; mientras que el diputado Bruno Giometti será el secretario de Programa. Se designaron, en total, 19 cargos del Ejecutivo para el sector del Frente Amplio.

En tanto, el sábado el Comité Central del PCU emitió una declaración contraria a las propuestas de prisión domiciliaria para encarcelados por crímenes cometidos en dictadura y que ya tengan avanzada edad.

En concreto, la declaración habla de dos proyectos de ley, uno impulsado por el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry y otro por el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi. "Los dos proyectos parten de una base que es inaceptable: igualar la situación de las víctimas y los victimarios y buscar reinstalar una versión de la historia que justifica la impunidad", señala el PCU.

Foto: Estefanía Leal.

"Quienes están cumpliendo condena fueron juzgados y condenados con todas las garantías y cumplen prisión en condiciones privilegiadas con respecto al resto de la población carcelaria de nuestro país", añade la declaración.

Por otro lado, agrega que la legislación uruguaya "ya establece la posibilidad de la prisión domiciliaria ante problemas comprobados de salud o riesgo, incluso algunos de los represores se acogieron a ese beneficio".