DEBATE PARLAMENTARIO POR LA REGASIFICADORA

En medio de las críticas por las millonarias pérdidas de la regasificadora, el Frente Amplio cargó contra los exdirectores blancos y colorados en UTE y Ancap que, según advirtieron, acompañaron “casi por unanimidad” las resoluciones en cuanto a Gas Sayago.

¿Por qué siguieron adelante a pesar de todo? Preguntó el miércoles pasado el ministro Omar Paganini en comisión de Industria del Senado. El Frente le respondió con cuestionamientos a la auditoría realizada sobre Gas Sayago -por no entrevistar a los exjerarcas- y señalamientos a exdirectores que en su momento representaron a la oposición en UTE: Enrique Antía (hoy intendente de Maldonado) y José Garchitorena (ministro de la Corte Electoral).

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez citó declaraciones del exsenador y ahora ministro Luis Alberto Heber en el Parlamento, donde afirmaba que Antía “votó algunas instancias” referidas a la regasificadora y “sobre todo la del contrato”.

“Es más, no solo acompañó el director Antía, sino también el director Garchitorena, que hasta el momento en que el Partido Colorado se retiró de los entes venía acompañando casi por unanimidad las decisiones del directorio de Gas Sayago S.A., el cual integró”, afirmó Sánchez, según consta en la versión taquigráfica.

Aseguró, además, que las contrataciones de Gas Sayago, de todo su personal, se llevaron adelante con la unanimidad del directorio. “Y la decisión de crear Gas Sayago también fue acompañada por los representantes de la oposición”, aseguró el senador del MPP.

En ese marco, concluyó que “en definitiva se cuestiona al sistema político en su conjunto porque tomó determinadas decisiones”. Consultado por El País, Sánchez señaló que los directores de la oposición de aquel momento votaron la contratación de funcionarios y “Antía incluso apoyó el llamado a licitación otorgado a GNLS”.

Además, en la Comisión de Industria se cuestionó la auditoria de PwC, ya que bajo el título de “aviso importante”, la empresa indicó que se han realizado las “actividades razonables de chequeo de exactitud” de la información, pero no se ha “verificado en forma independiente toda la información”.

“La primera pregunta que quiero realizar al directorio de UTE es si consideran que lo que tenemos aquí es una auditoría. Lo pregunto porque la propia empresa dice que este informe que ha presentado no puede considerarse una auditoría”, argumentó Sánchez.

También cuestionó que 17 documentos no fueran entregados al auditor, cuando la información es pública y se manejó en el marco de la investigadora parlamentaria. “Está aquí y cualquiera puede acceder a ella porque está publicada en la página web del Parlamento. Son nueve cajas, con más de trescientos documentos, incluso algunos que se dice que no están, los tengo aquí”, advirtió.

A su vez, Sánchez calificó de “muy raro” que en la lista de entrevistados no haya ninguna de las autoridades que tomaron decisiones sobre Gas Sayago. Por ejemplo, se quejó de que no se entrevistara al gerente general de la empresa y tampoco al presidente del directorio de UTE o el de Ancap de la época. “¿Por qué no los entrevistaron para saber en base a qué elementos tomaron sus decisiones?”, insistió.

La senadora Liliam Kechichian (Alianza Progresista) coincidió con Sánchez: “Esto para nosotros y para PwC no es una auditoría”, dijo. Y se quejó, también, que no se hayan pedido al Parlamento las nueve cajas con información brindada por UTE y Ancap.

“No estamos hablando de una idea loca, sino de una idea que fracasó y, sin ninguna duda, duele que haya fracasado. Pero una cosa es eso y otra es tener que responder a una auditoría que no es tal, a una comunicación de falta de información que no es tal, a una lista de entrevistados que no aportaba equidistancia ni objetividad, y mucho menos transparencia”, concluyó la senadora.