PALACIO LEGISLATIVO

Con una serie de preguntas, el ministro de Industria Omar Paganini hizo foco en las responsabilidades de los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez en la decisión de continuar adelante con la regasificadora de Gas Sayago: “¿Por qué siguieron?”, preguntó luego de asegurar que el proyecto era inviable desde un inicio.

Por cuatro horas y media se prolongó la comparecencia del ministro Paganini y las autoridades de UTE a la Comisión de Industria del Senado, donde había sido citado por la auditoría de PwC.

En su exposición, el ministro señaló que el informe de gestión presentó “con claridad las falencias del proyecto”. Como ejemplo citó la falta de aprobación formal de estudios de factibilidad, lo que dijo tornó “arbitraria” la decisión de avanzar en la iniciativa impulsada en el gobierno del expresidente Mujica.

Relató “falencias” en asegurar la demanda del proyecto, entre otras cosas por “lo voluntarista de las proyecciones nacionales”. Paganini cuestionó la dificultad para dar por cerrado el proyecto, en el momento en que se rescindió el contrato con GNLS y la decisión de continuar “pese a todos los fracasos”.

Por su parte, la directora del FA en UTE, Fernanda Cardona, manifestó su posición contraria a la auditoría y adelantó que mocionará para que no se pague, lo cual motivó diferencias con sus compañeros de directorio.

Paganini afirmó que tiene muchas interrogantes. Así fue como leyó seis preguntas para las autoridades del 2010-2014 y nombró a Mujica, al exministro Roberto Kreimerman, al exdirector de Energía, Ramón Méndez, al expresidente de Ancap, Raúl Sendic, y al extitular de UTE, Gonzalo Casaravilla, según contaron a El País participantes de la reunión.

“¿Por qué se decide por parte de los directorios de Ancap y UTE de la época avanzar arbitrariamente con el proyecto sin aprobar un estudio de factibilidad completo, que incluya la sensibilidad al riesgo?”, preguntó Paganini.

“¿Por qué se decide formar una sociedad anónima de derecho privado pero con fondos públicos?”, continuó. Luego consultó por qué en el 2012, cuando queda claro de que Argentina no participaría como socio, las autoridades de la época insistían en la viabilidad de la regasificadora.

El ministro consideró que en son pocos estudios que existen, sin aprobación formal, y que los ingresos estaban sobreestimados (por ejemplo, el petróleo en US$ 110 para todo el período). A lo que pidió aclarar: “¿Por qué las autoridades de la época insisten en subestimar los gastos cuando se tenían de costos de inversión 84% superiores a los inicialmente planteados?”.

Si el modelo de negocios era BOOT (un contratista desarrolla y luego recupera la inversión con un canon), “¿por qué se dijo que al país esto le costaría cero, que la obra la haría todo el consorcio GNLS?”, preguntó el ministro.

Sobre la administración de la exministra de Industria y hoy intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, el expresidente de Ancap, José Coya, la expresidenta del ente, Martha Jara, y Casaravilla realizó otras siete preguntas. “¿Por qué cuando finalmente se decide rescindir el contrato con GNLS no se decide terminar el proyecto?”, consultó. Además indagó las razones por las que se insistió en seguir explorando alternativas, por cuatro años más, sin una demanda firme de gas y sin Argentina de socio, con la eólica “a todo trapo” y con Aratirí “ya discontinuado”.

Como conclusión, preguntó “por qué a pesar de todo se insiste en no liquidar la sociedad y se mantiene toda su estructura funcionando, con su nivel de gastos a pleno y su plantilla completa. ¿Cuál es el fundamento para un uso de los fondos públicos, lo que parece arbitrario?”, concluyó.