INFORME DE JURÍDICA AL DIRECTORIO DE UTE

Alertan que faltan documentos sobre negocios millonarios de Gas Sayago

El texto establece que la consultora PwC no tuvo acceso a documentación referida a estudios previos a la toma de decisiones de contratos millonarios.

Gas Sayago. Foto: Archivo El País
Gas Sayago. Foto: Archivo El País

Un documento interno alertó al directorio de UTE que faltan los estudios que justifican las tomas de decisiones en la etapa de licitación y adjudicación de los principales contratos de la regasificadora de Gas Sayago. Y advirtió que dicho faltante afectó el trabajo de la auditoría realizada en la empresa por PricewaterhouseCoopers (PwC).

El informe, fechado el jueves 3 y firmado por el gerente del Área Asesoría Técnico Jurídica de UTE, José Alem, dice al directorio que la auditoría de PwC tuvo “limitaciones” que acotaron su trabajo debido a que “no contó con toda la información necesaria”, ya que la misma “no se encontraba” en los archivos de Gas Sayago.

Según Alem, “no hay evidencias” de que Gas Sayago tuviera la información que la auditora de PwC entiende que es imprescindible para un proyecto de tal envergadura.

Y explica al directorio del ente que los documentos a los que accedieron los auditores son estudios parciales, elaborados por gerencias dependientes de Ancap y de UTE, y no consta que fueran aprobados por los directorios de ambas empresas, por lo que no se pueden considerar definitivos y oficiales.

Según el informe jurídico, los documentos a los que no accedieron los auditores son fundamentales para determinar la viabilidad o no de un negocio millonario como lo es la construcción de una regasificadora.

A modo de ejemplo, PwC no recibió informes de Gas Sayago sobre el modelo de evaluación que respalde las decisiones económicas y financieras del año 2012 para atrás.

Tampoco obtuvo el estudio de la demanda formal de gas del país ni un análisis de las ganancias que obtendría el Estado uruguayo con la planta ya terminada, entre otros documentos.

La denuncia de los diputados opositores dice que pérdidas generadas al Estado por la regasificadora rondan los US$ 174 millones. Foto: Archivo El País
Gas Sayago. Foto: Archivo El País

Ante las manifestaciones de los auditores sobre que faltaba documentación, el directorio de UTE designó a dos técnicos para el relacionamiento con la consultora PwC, Javier San Cristóbal y el propio Alem.

Ambos funcionarios de UTE dicen haber realizado esfuerzos para que los auditores accedieran a toda la documentación solicitada. De hecho, San Cristóbal y Alem consideran que entregaron toda la información que manejaba el ente.

También proporcionaron a los auditores los nombres de los funcionarios de Ancap con quienes pudieran contactarse por haber participado en el proyecto, y se les entregó un pendrive con la documentación en poder de la Dirección Nacional de Energía.

Pero como se trataba de una auditoría a Gas Sayago, la documentación que estuviera en poder de dicha empresa era clave para PwC.

Los liquidadores de la sociedad, Fabián Figueroa y Gonzalo Caballero, le facilitaron a PwC acceso a la documentación de Gas Sayago y al sistema informático de la sociedad anónima.

En su documento enviado al directorio, Alem presume que la documentación de Gas Sayago que limitó el trabajo de los auditores “no fue elaborada” o “fue extraviada en la citada empresa”.

En el resumen ejecutivo de la auditoría sobre los gastos de Gas Sayago, la consultora va en la misma línea de Alem. También advierte que no se encontraron estudios sobre viabilidad del proyecto y análisis de riesgos y costos-beneficios de la regasificadora.

“A la fecha del presente informe, si bien hemos recibido algunos análisis parciales desde la perspectiva de alguno de los promotores públicos del proyecto (UTE y Ancap), no hemos accedido a un estudio integrado que combinara de forma completa la factibilidad del proyecto ni su modelo económico-financiero detallado que justificara la toma de decisiones en la etapa de la licitación y adjudicación de los principales contratos del proyecto (la regasificadora)”, dice la auditoría.

De igual forma, agrega, “no hemos tenido a nuestra disposición análisis efectuados respecto a los supuestos análisis del estudio de demanda (de gas), el estudio de “value for money” (relación calidad-precio), la matriz de riesgos y coberturas, ni el fundamento de la tasa de descuentos elaborada” por Gas Sayago.

Un futuro caro.

Además del faltante o extravío de documentación que justifique la toma de decisiones en Gas Sayago, el informe de la auditoría advierte que el proyecto de la regasificadora requirió de la firma de múltiples contratos y de algunas redefiniciones de los mismos. Y señala que, con la liquidación de la sociedad, se presentan “una serie de desafíos” que podrán derivar en gastos futuros para Gas Sayago.

En la Justicia Civil, Gas Sayago enfrenta eventuales condenas, ya que ha sido demandada por US$ 37 millones por empresas constructoras.

Además, deberá desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata, frente al barrio Santa Catalina. El retiro de estos cuesta US$ 8 millones.

En forma paralela, UTE destina US$ 3 millones por año al funcionamiento de la sociedad, y esto seguirá siendo así mientras dure su liquidación.

En la esfera penal, UTE contrató al penalista Jorge Barrera para presentar el informe de auditoría ante el fiscal Luis Pacheco.

Vínculo revelado

La auditoría de PwC observó la contratación por parte de Gas Sayago de la firma CSI Ingenieros, propiedad de uno de sus jerarcas.

El gerente general adjunto de Gas Sayago manifestó ser socio de esa constructora, sin embargo el contrato se llevó adelante.

Al analizarse el asunto por parte de la empresa, el gerente se retiró de sala. A posteriori, UTE resolvió no contratar a empresas que tuvieran vinculación con empleados de Gas Sayago.

El consorcio brasileño OAS demandó por US$ 30 millones,

El conglomerado de empresas brasileño OAS estuvo implicado en casos de corrupción en Brasil conocido como “Lava Jato” (lavado de autos a presión), porque en esos lavaderos los directivos de la empresa pagaban coimas a políticos norteños a cambio de obras públicas. En Uruguay, OAS fue contratada por Gas Sayago para la construcción de un tramo que vinculaba la terminal con el gasoducto existente.

Según la auditoría realizada por la consultora PwC, a pedido del directorio de UTE, la empresa OAS “no contaba” con la experiencia necesaria para realizar la obra licitada y debió tener el apoyo de terceros para cumplir con dicho llamado.

UTE quería un ajuste de 6,73% de las tarifas de electricidad, pero finalmente se aprobó el alternativo de 5%. Foto: Archivo El País
UTE. Foto: Archivo El País

Además, agrega la auditoría, OAS “no acreditó complemente” los requisitos mínimos en el llamado a interesados.

En otra obra de la regasificadora, OAS fue subcontratada por el consorcio GNLS (Gaz de France y Marubeni).

El informe de la auditora PwC señala que OAS “incumplió” con sus obligaciones “en forma sistemática” y “reiterada” en algunos casos con carácter “grave” habilitando a GNLS a aplicar penalidades y rescindir el contrato.

Posteriormente, OAS se presentó a un concurso de acreedores. Actualmente, OAS promovió acciones judiciales contra Gas Sayago, UTE, Ancap y el Ministerio de Industria por una cifra superior a los US$ 30 millones.

El juicio de Marta Jara por $ 7 millones
Abogados de UTE, Ancap y Gas Sayago rechazaron posibilidad de que Marta Jara retorne a su cargo en empresa paraestatal. Foto: Fernando Ponzetto

El 9 de febrero de este año, la expresidenta de Ancap y exgerenta general de Gas Sayago, Marta Jara, presentó una demanda laboral contra el Estado por $ 7 millones.

En el escrito, al que tuvo acceso El País, Jara señaló a la Justicia que pretendía el cobro de salarios impagos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido común e incidencias, multa legal y daños y perjuicios.

Alegó que en 2016 el gobierno uruguayo le ofreció pasar a desempeñar funciones como presidenta de Antel y, por ende, planteó y obtuvo una licencia sin goce de sueldo en su cargo en la empresa Gas Sayago.

A fin de despejar cualquier duda, desde Gas Sayago se realizó una consulta al estudio jurídico Posadas, Posadas & Vecino, asesores jurídicos de la empresa, para que informara acerca de la posibilidad de otorgarle licencia sin goce de sueldo mientras se desempeñara como presidenta de Ancap. El estudio le respondió que Gas Sayago, como empresa privada, no tendría impedimento legal para acordar una licencia sin goce de sueldo con una funcionaria.

Mientras Jara dirigía Ancap, el directorio de UTE resolvió el 31 de diciembre de 2019 la disolución y liquidación de Gas Sayago. El 17 de marzo de 2020, en tanto, Jara cesó en su cargo como titular de Ancap.

La demanda laboral, elaborada por el estudio Delpiazzo Abogados, señala que la salida de Jara al frente de Ancap “concluyó su licencia sin goce de sueldo en Gas Sayago”, y que ella pretendía volver a su cargo.

Dos días más tarde, Jara se comunicó con Gas Sayago para informar que “estaba a disposición” de la empresa. A partir de ahí, existió un intercambio de comunicaciones entre Jara y Fabián Figueroa, quien estaba al frente del proceso de liquidación de Gas Sayago. Finalmente, la firma le comunicó a Jara que incurrió en una “desvinculación voluntaria” cuando ocupó el cargo en Ancap.

Radiografía de los gastos millonarios

PricewaterhouseCoopers estimó que las pérdidas de Gas Sayago rondan US$ 213 millones. Esas pérdidas se constituyen por US$ 113 millones aportados por UTE y Ancap, y US$ 100 millones pagados por GNLS por rescindir el contrato de construcción de la regasificadora. Y agregó que llegó a esas cifras por mantener un proyecto inviable al retirarse Argentina del negocio.

En UTE no se entienden los gastos de US$ 10 millones por contratación de consultorías y diversos estudios sobre “el mismo tema”, ni la contratación de un dragado en forma previa a la construcción de la obra, dice un informe del ente. Tampoco se entiende el porqué de contratar varios estudios jurídicos privados cuando ya contaban con un abogado y un estudio contratado.

El monto de los salarios en Gas Sayago “excedía” en muchos casos la media del mercado, dice el documento. Y agrega que se abonaban retribuciones especiales, aguinaldos dobles y pagos extras por despidos. Se incurrió en gastos en gimnasia, masajes, regalos empresariales y viajes con viáticos de los cuales no se encontraron rendiciones de cuentas ni documentación de respaldo.

La auditoria identificó gastos por suscripciones a revistas y organizaciones por un monto aproximado de $ 1.000.000. También detectó gastos en almuerzos y cenas por aproximadamente $ 900.000. Se incluyen pagos por cubiertos en eventos y despedidas de año y también gastos de cenas del directorio en varios restaurantes. En 2013, un evento en una chacra costó US$ 10.000.

El director de UTE, Felipe Algorta, advirtió que estos gastos serán analizados por la Fiscalía. ”Todos los funcionarios que nos vendieron este buzón miran para el costado, como por ejemplo Ramón Méndez, que tiene el tupé de dar cátedra al gobierno en el manejo de la pandemia”, dijo. Y agregó: “La señal debe ser bien clara, el desprecio en el manejo de los recursos públicos no puede quedar impune”.

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