Esencialidad en el puerto está arriba de la mesa de Presidencia, que intercede otra vez en negociación de Castillo

El conflicto en el puerto, concretamente en la terminal especializada de contenedores, donde desde hace semanas genera interrupciones importantes en el normal funcionamiento en el comercio marítimo, es un problema que el gobierno de Yamandú Orsi está siguiendo con atención y preocupación crecientes, en la medida en que siguen sin concluir las dilatadas negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores de TCP-Nelsury y Katoen Natie —el principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata.

El asunto, además, ya adquirió ribetes políticos, puesto que la oposición anunció la semana pasada la convocatoria al Parlamento, de manera "grave y urgente" por este tema, a los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Lucía Etcheverry (Transporte y Obras Públicas), y al resto de las autoridades portuarias.

Pero también ocasionó, en la medida en que las negociaciones se han extendido en el tiempo más de lo deseado en la Torre Ejecutiva, un nuevo momento incómodo entre el cerno del gobierno de Orsi y la conducción que lleva adelante en el Ministerio de Trabajo el dirigente comunista Juan Castillo.

El secretario Alejandro Sánchez, al inicio de una semana en la que el tema principal era el comienzo de la votación de la Rendición de Cuentas, declaró en Desayunos Informales que, si el panorama no mejoraba y las partes continuaban alejadas o lejos de un acuerdo —postergado varias veces este año—, el gobierno no tenía "duda" de que una firme posibilidad era decretar la esencialidad en el puerto. Y dijo más: si tomar esa medida —para lo cual necesariamente se precisa la firma del ministro de Trabajo y Seguridad Social— implicaba la renuncia de Juan Castillo, históricamente en contra de una resolución de este tipo (ver recuadro), el dirigente comunista entonces "renunciará".

"Si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ello —afirmó el jerarca—. Si es el límite de Juan, y hay que declararla, renunciará. Es un tema de Juan, no es un tema del gobierno. Todos somos fusibles y responsables de nuestras decisiones".

Lo cierto es que, más allá de que Sánchez habló de la esencialidad como una posibilidad que no está tomada y que contiene su natural complejidad, esa es una medida que "está arriba de la mesa", dijeron a El País, por su parte, fuentes de Presidencia. Una posibilidad a la que cada vez se la ve como una opción cierta en función de que el conflicto continúa sin solucionarse.

Asimismo, y de esto también son conscientes en el gobierno, este episodio, que implica interceder en una crisis cuya búsqueda de solución lidera Castillo —aunque él no negocia directamente— es otro más que revela un desencuentro entre lo que esperan en la Torre Ejecutiva y lo que logra gestionar el dirigente comunista.

Algo similar ocurrió el año pasado, cuando el conflicto estaba situado también en el puerto, aunque el sector implicado era el sector pesquero. El rol de Castillo no fue bien evaluado por las cámaras, que sintieron que el ministro se alineó entonces con los trabajadores, lo que obligó al propio Orsi y Sánchez a participar directamente en el diálogo con los empresarios.

En simultáneo al planteo de Sánchez sobre la posibilidad de decretar la esencialidad junto con la referencia a la posición de Castillo, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se desarrollaban este lunes negociaciones entre las partes, que continuarán hoy martes. El objetivo, dijeron a El País fuentes consultadas, es alcanzar una solución antes del viernes.

En esta dirección, la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, dijo que mientras esté instalada la mesa de negociación no se maneja por parte de la cartera como una alternativa la esencialidad, pese a que en Presidencia la tienen como una herramienta en caso de que se llegue a una situación de "perpetuidad" en este conflicto (ver recuadro).

“Se está trabajando en el convenio colectivo que regirá las condiciones laborales de los trabajadores. En principio, se está hablando de un acuerdo para los próximos cinco años”, informó la jerarca.

Pese a que el sindicato bajó su pretensión de garantizar 25 jornales —el monto varía según la categoría— por mes para todo el personal, haya o no trabajo, el centro de la discusión —aunque el convenio contempla varios puntos— sigue radicando en acordar una determinada cantidad de jornales garantizados.

Según supo El País, entre las propuestas manejadas hay distintas opciones que van desde los 22 hasta los 15 jornales mensuales, con planteos intermedios, mientras se mantiene la prórroga de negociación “en paz” —sin medidas de fuerza—, al menos hasta el próximo viernes cuando el sindicato de la empresa tenga una nueva asamblea.

“Se ha ido modificando un poco la posición, pero ese sigue siendo uno de los puntos principales. El sindicato entiende que se trata de un sector donde siempre hay trabajo, por lo que ameritaría que, al ser jornaleros, tengan asegurado un cierto piso de jornales en caso de que no lo haya”, resumió Barrios.

En tanto, el director vocal de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, recordó que Castillo tiene su origen en la militancia y dirigencia sindical justamente portuaria y eso le puede implicar una dificultad a la hora de buscar una solución.

El dirigente blanco, que será recibido este martes por el Directorio del Partido Nacional, que sesionará especialmente para tratar este tema, cuestionó la demora en una solución “mientras perdemos con Brasil y Argentina” y destacó que parte del problema radica en que los sindicatos portuarios tienen “la vaca atada porque ganan muy bien y no hay competencia”.

Los blancos, de hecho, han presionado al gobierno para que dé el paso sugerido por Sánchez este lunes. "La situación del puerto es una situación que está comprometiendo el trabajo de miles y miles de uruguayos y la competitividad del país", dijo en rueda de prensa el senador nacionalista Javier García, que se refirió a la paradoja de que el Parlamento está discutiendo un proyecto de ley para promover la competitividad general en la economía, al tiempo que no se resuelve este problema.

"Creo, sin duda ninguna, que de continuar esto así hay que declarar la esencialidad: no puede atentar un sindicato contra el empleo de los uruguayos", pidió.