Todos los actores del sistema de justicia, dirigentes políticos de todos los partidos, y especialmente integrantes del gobierno de Yamandú Orsi tienen una evaluación negativa del funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación.
Lo que varía, según se consulte a uno u otro, es la responsabilidad que se atribuye para explicar los problemas que desde hace tiempo afectan a la institución. Pero hay un consenso claro en que, al menos, el organismo no funciona como debería con los recursos de que hoy dispone, y que los funcionarios al frente de las investigaciones penales no trabajan con las debidas condiciones ni tienen la formación ideal para enfrentar todos los casos.
Con este panorama, y en un contexto político complejo —el Frente Amplio ha criticado varias de sus últimas decisiones— la actual fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, vuelve a la carga con un proyecto que ya transmitió al Parlamento hace algunas semanas y que entiende clave para encaminar al Ministerio Público: la creación de una escuela de formación para los fiscales.
A su criterio, muchos de los problemas con los que los fiscales lidian a diario podrían tener respuesta en un “ambiente de racionalidad” y discusión académica, lo que contribuiría también a “tener una justicia más pareja y equitativa”.
“Lo que se requiere es una Fiscalía preparada —dijo la jerarca en diálogo con El País—, y por eso es necesaria una escuela para que la formación de los fiscales sea sólida”.
Argumentos para crearla y postura distante del gremio de fiscales
Causas criticadas como el del exsenador Charles Carrera —contra quien Silvia Porteiro solicitó el desafuero en setiembre pasado, pero nunca solicitó la imputación ante la Justicia hasta que la fiscal fue sustituida por Sandra Fleitas en junio de este año— o el de Guillermo Besozzi —que también generó polémica pública por la medida de prisión domiciliaria aplicada en primera instancia contra un candidato a intendente y luego intendente electo— serían abordados y discutidos mientras se desarrollan.
La institución educativa “sería útil en estos casos, porque entre otras cosas se afianzarían las formas de obtener la información lo más rápidamente posible, o se evitaría la disparidad de los criterios de muchos fiscales que, ante un mismo hecho de corrupción, solicitan medidas cautelares diferentes”, agregó Ferrero, que también busca que los fiscales puedan estudiar “las mejores maneras de manejar los tiempos, evaluar las evidencias que tienen, contar con una bibliotecta y sentencias sistematizadas, y aprender, en definitiva, a afrontar los casos complejos de crimen organizado para que tengan éxito en sus investigaciones”.
La propuesta, que la fiscal de Corte propondrá en el mensaje presupuestal de este año —con la finalidad de que el Parlamento la integre en la ley de presupuesto—, y en donde pedirá un significativo aumento de recursos como suele proponer la Fiscalía todos los años, también pretende que se cree instancia formativa previa para todos aquellos que quieran ingresar al organismo —y que hoy lo hacen por la vía del concurso—. Es decir, que ocurra al igual que en el Poder Judicial, cuyos jueces deben pasar por el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay antes de ejercer la profesión.
“Lo que quiero es jerarquizar la institución, que los aspirantes deban pasar un año o unos meses previo por la escuela —explicó—. Y que los que salven la escuela, entren. Pero necesitamos que estén un año formándose, y dando pruebas, incluso con pasantías dentro de la Fiscalía para que vayan viendo cómo funciona”.
Por el momento, las devoluciones que obtuvo de parte de senadores del oficialismo y la oposición no fueron malas, pero el asunto todavía no forma parte de las discusiones parlamentarias.
En filas de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, mientras tanto, la propuesta no es considerada un objetivo prioritario.
“En una coyuntura donde tenemos tantas necesidades, la verdad es que una escuela de fiscales no es una urgencia”, dijo a El País el presidente del gremio, Willian Rosa. “Las necesidades urgentes que tenemos tienen que ver con la creación de más fiscalías y cargos de fiscales, administrativos y especialistas, y la necesidad de mejorar algunos instrumentos que hacen a las investigaciones, como el procesamiento de la evidencia digital y su análisis”, agregó el fiscal adscripto.
Esta postura no quiere decir que la asociación esté en “contra”, siguió Rosa, pero subrayó que “lo ideal es enemigo de lo posible”, y más en un contexto de “restricción presupuestal”.
Por otro lado, el presidente del gremio entiende que los 370 fiscales que tiene hoy la institución “no han pasado por la escuela” que plantea Ferrero y eso tampoco significa “que haya un déficit” en su formación”.
Pero la idea de la fiscal de Corte también apunta a una mejor eficacia en el uso de los recursos, ya que a su entender el departamento de litigación de la Fiscalía hoy está saturado de trabajo, y en realidad debería abocarse a ofrecer una “consulta y apoyatura a nivel macro”, ya que la escuela debería formar a los fiscales a litigar en los juicios y no precisar permanente ayuda.
Denuncia de Mutio contra Ferrero muestra necesidad de contención a fiscales
El objetivo de Mónica Ferrero es también que los fiscales cuenten con un ámbito que les dé una suerte de contención o seguridad psicológica cuando afrontan causas complejas o con intereses pesados. “La escuela también daría una protección para manejarse en ciertos casos o herramientas para manejar las presiones”. El ejemplo que puso es la denuncia que recibió días atrás por parte de la defensa de Martín Mutio, condenado por narcotráfico, que cuestiona irregularidades en el juicio en que ella participó como fiscal de la causa.
“Que denuncien ahora la fiscal de Corte, cuando hay una condena firme con Suprema Corte mediante, hace que algunos fiscales me digan: pero doctora, si la denuncia a usted, ¿qué queda para nosotros?", expuso.
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