Ministerio de Justicia: gobierno inicia debate para su creación con un seminario internacional

Este miércoles, el presidente Yamandú Orsi abrirá el último de tres conversatorios que buscan poner el foco en la necesidad de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay. Su creación estaba en el programa de gobierno del Frente Amplio y la coalición republicana y es uno de los proyectos que impulsa el exfiscal de Corte y ahora prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

El martes hubo dos conversatorios. El primero, destinado a representantes de los partidos políticos, al que asistieron delegados del Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio. El segundo estuvo destinado a periodistas y analistas.

Allí se comunicaron los primeros lineamientos sobre las competencias que el gobierno prevé que tenga este Ministerio de Justicia, de concretarse su creación. En ese sentido, Gabriel Márquez, uno de los integrantes del equipo de la Prosecretaría, explicó que a grandes rasgos tendría cuatro competencias.

La primera es mejorar la capacidad de acceso a la Justicia. A lo largo del conversatorio, los distintos expositores hicieron hincapié en que actualmente están disponibles las cifras de los casos que llegan a dirimirse en ámbitos judiciales pero hay una cifra negra de personas y situaciones que, por diferentes motivos -culturales, económicos, geográficos- no llegan a reportar sus casos. Una de las intenciones es poder crear una política pública coordinada para que logren hacerlo.

En segundo lugar, la idea es que el Ministerio de Justicia pase a hacerse cargo de las cárceles. El Instituto Nacional de Rehabilitación -que hoy está bajo la égida de Interior- pasaría a ser un servicio descentralizado que operaría bajo la órbita del nuevo ministerio. La intención es que el mismo organismo que se encarga de la represión -Interior- no deba hacer frente al proceso de rehabilitación. A su vez, se entiende, el cumplimiento de la pena es parte del sistema de Justicia.

También, en tercer lugar, será rector de las políticas públicas “en los temas y ámbitos de su competencia”. Esto es, en lo que refiera a mejorar el servicio de Justicia, por ejemplo a través de una mayor digitalización.

Por último, de aprobarse esta propuesta, el Ministerio de Justicia pasaría a hacerse cargo de los “litigios de alta complejidad o alto impacto” como los arbitrajes internacionales, aunque también juicios locales contra el Estado de gran entidad.

De esta forma, -aclararon- el Ministerio de Justicia no interferirá en la independencia del Poder Judicial ni intervendrá en cuestiones jurisdiccionales (dictado de sentencias, tratamiento de casos concretos). Tampoco designarán a los jueces, determinarán sus ascensos ni sus sanciones disciplinarias.

Según la Prosecretaría, este ministerio resolvería un problema que padece Uruguay: la falta un organismo que lidere las políticas publicas que impactan en el conjunto del sistema de Justicia. Así, se podría formular “política basada en evidencia” y mejorar el rol de Uruguay en materia de cooperación internacional, en la que hoy tiene una participación menguada porque no tiene este tipo de representación en las cumbres de los ministerios de Justicia.

La creación podría hacerse a partir de un “reordenamiento institucional” (no se dieron detalles sobre eventuales inversiones en dinero, sino que hablaron de reordenar recursos ya existentes).

El prosecreario de Presidencia sostuvo que la decisión del gobierno es “recorrer el camino” de la discusión de ideas para alcanzar “acuerdos conceptuales que permitan que esto sea una transformación institucional de manera en el largo plazo”. “Creo que hay un montón de organismos en presidencia, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio del Interior, del Parlamento, por todos lados, asistemáticos. Porque cada uno a veces cumple la misma función, a veces se repiten, a veces compiten, y no hay una sistematización, una elaboración de políticas públicas”, aseguró Díaz.

Y la creación de un ministerio, enfatizó, favorecería el control parlamentario de las políticas públicas en materia de Justicia.

Los conversatorios, organizados por la Prosecretaría de la Presidencia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), contaron con la exposición de dos exministros de Justicia: Pilar Llop (España) y Germán Garavano (Argentina). También participaron Ana Linda Solano (abogada colombiana, especialista en corrupción y exjerarca de la Fiscalía) y el abogado uruguayo Santiago Pereira Campos, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Solano, la primera en intervenir, hizo foco en que la creación de un ministerio asegura la rendición de cuentas a la sociedad, porque “cuando muchos tienen responsabilidad, esta se diluye”. A su vez, es importante que un organismo se enfoque en “agrupar la información relevante” y mejorar el servicio para los ciudadanos.

Llop, por su parte, consideró que el “concepto de separación de poderes debe ser superado”, en el sentido de que, aunque son independientes, deben interrelacionarse para coordinar. En España, dijo, los funcionarios ministeriales son “esencialmente técnicos”.

Garavano destacó su importancia y resaltó que tanto Mauricio Macri, como Javier Milei, mantuvieron el ministerio pese a que suprimieron otros.

El expositor uruguayo valoró que es una “herramienta”, que, como otras, puede usarse bien o no. A su criterio, falta “un gran articulador” del sistema de que permita el “seguimiento, monitoreo y la reforma”.