Un informe especial de la Oficina del Comisionado Parlamentario (OCP) advierte que la población de mujeres privadas de libertad creció tres veces más que la de los hombres entre 2020 y 2024.

El documento, que fue titulado "Caso a Caso y Paso a Paso. Penas alternativas durante la ejecución penal para mujeres con hijos e hijas a su cargo", fue presentado por la Oficina del Comisionado Parlamentario en la tarde de este martes en la Sala de Eventos Especiales del Palacio Legislativo.

El estudio señala que, luego de la implementación del nuevo Código de Proceso Penal el 1º de noviembre de 2017, la población carcelaria masculina creció casi un 8% anual desde el 2020.

Pero la población de mujeres, en este mismo período, advierte el documento, "aumentó en promedio un 18% anual. En el 2024, la población privada de libertad creció un 6% respecto al 2023 y la de mujeres el 18%, esto es: en el último año aumentó a un ritmo tres veces mayor".

La Oficina del Comisionado Parlamentario, cuyo titular es el abogado Juan Miguel Petit, sostiene que dicho crecimiento diferencial de las mujeres presas en comparación a la población masculina llevó a un aumento de la proporción de internas en el sistema penitenciario, que en el 2019 representaba el 5% de la población y en el 2024 supera el 8%.

Se trata además de mujeres jóvenes. A principios de junio de 2025 había 1.426 mujeres privadas de libertad, con un promedio de edad de 34 años. El 38% (543) tenía menos de 30 años.

El aumento de mujeres en prisión en los últimos años ha traído consigo el crecimiento de bebés, niños y niñas que conviven con sus madres en unidades penitenciarias. Actualmente hay 68 niños/as, la mayoría menores de dos años, que se crían con sus madres, imputadas de un delito, en instituciones penitenciarias.

¿Cómo se puede reformar este mecanismo para que no se afecte el derecho del niño a un sano desarrollo en sus primeros años de vida y a la vez sea eficiente para la reintegración social de su madre?, se pregunta el ombudsman carcelario en su informe.

El documento advierte que la prisionización femenina ha sido y sigue siendo de particular atención para la Oficina del Comisionado Parlamentario, tanto por su crecimiento en números absolutos y relativos, por la población particularmente vulnerable que afecta y porque constituye un fenómeno muy diferente que el de la prisión masculina, requiriendo una óptica particular para comprenderla y brindarle respuestas acordes a sus necesidades reales.

Hasta el 2022, la cantidad de mujeres privadas de libertad junto a sus hijos/as osciló entre 35 y 45 casos, pero esta cifra comenzó a aumentar en 2023 y particularmente en 2024, año en el que en el mes de setiembre se alcanzó el máximo histórico, llegando a 72 mujeres madres con hijos/as y 73 bebés y niños alojados en las distintas unidades penitenciarias del país.

Según el comisionado parlamentario, en junio de 2025 había 65 mujeres que se alojaban en prisión con sus hijos/as, llegando a 68 la cantidad de niños en ese mecanismo. Estas mujeres madres tienen un promedio de edad de 29 años.

"Este dato resulta impactante por sí mismo —más aún en un país de pocos nacimientos y con una natalidad con clara tendencia a la baja—y es una cifra alta comparada con las estadísticas de otros países", advierte el informe.

Por ejemplo en Argentina, si bien la población privada de libertad es unas siete veces mayor a la de Uruguay, la cantidad de mujeres privadas de libertad con sus hijos/as es similar en términos absolutos (73 en el 2023) que en Uruguay. Lo mismo sucede respecto a la gran mayoría de los países europeos, donde la cantidad de mujeres cumpliendo condena con sus hijos/as es bastante menor en términos absolutos y relativos, con la excepción de Turquía.

El comisionado parlamentario reconoce que en estos años se han creado o ampliado espacios para la atención de mujeres privadas de libertad que deben transitar al menos parte de su pena con sus hijos.

Sostiene que en algunos casos, con visibles mejoras, pese a la presión de la población creciente que tiende a desbordar la "capacidad de respuesta" del sistema penitenciario.

"Cabe anotar que el INR continúa trabajando la temática con mucho compromiso y proactividad a través del Programa de Atención a Mujeres con Hijos/as y Gestantes y realizando un trabajo de articulación interinstitucional constante. Es importante también anotar que se ha iniciado la construcción de un nuevo centro penitenciario para mujeres, que será dentro de dos años una oportunidad de cambio en el sistema general", señala el documento.

Advierte que el aumento de población sostenido, al margen de los esfuerzos y acciones proactivas del Instituto Nacional de Rehabilitación y desde varios ámbitos de la administración pública, "no ha tenido" un correlativo aumento de recursos, tanto para las inversiones como para los gastos de funcionamiento, lo que "estresa" al sistema y "aleja" las posibilidades de una buena convivencia, o sea de contextos de vida cotidiana adecuados y con elementos pro sociales, preparatorios de una alentadora reinserción social.

"Más aún, este crecimiento de población nos va colocando ante un sistema penitenciario imposible de financiar por administración alguna: ya hoy está requiriendo cientos de nuevos funcionarios, construcciones, equipos, infraestructura, comunicaciones, insumos y gastos diarios", expresa el documento.

Si se analiza el comportamiento delictivo de las mujeres en Uruguay, se constata que un alto porcentaje de las mismas se encuentra encarcelada por delitos de estupefacientes.

Según datos del INR de marzo de 2022 este porcentaje era 43%. A principios de junio de 2025, este porcentaje creció a un 60%.Y si se considera solo las mujeres que conviven con sus hijos/as en prisión, el 86% está por este tipo de delitos.

Ante estas situaciones, la Oficina del Comisionado Parlamentario recomendó al Poder Legislativo que se avance en una legislación que permita la implementación de un mecanismo de prisión domiciliaria asistida para las mujeres con hijos que delinquen; pidió a jueces, fiscales y defensores que realicen todos los esfuerzos posibles para aplicar los mecanismos alternativos a la prisión a las mujeres con hijos a cargo, que hayan cometido delitos leves y solicitó a los operadores de justicia que promuevan para los casos de todas las personas pero en particular mujeres con hijos directamente a cargo, la posibilidad de aplicar un régimen de prisión domiciliaria asistida.

Entre otras medidas, la Oficina también sugirió que en las situaciones en que las mujeres sean formalizadas por delitos de estupefacientes, se realice la comunicación a las instituciones a cargo de políticas sociales competentes, en especial INAU y MIDES, a los efectos de coordinar la ejecución de planes integrales de contención y asistencia en favor de su rehabilitación y de la crianza de niños, niñas y adolescentes.