Tras 4 muertes en Comcar, gobierno y oposición dispuestos a dialogar sobre un cambio del sistema penitenciario

En el año 2000, el sistema penitenciario alojaba 4.369 presos. El Comcar tenía tres módulos y "siempre estaba a punto de explotar", según decían los custodias.

Al llegar la noche, dos policías desarmados —para evitar que los presos les quitaran los revólveres— recorrían las escalinatas de los módulos sin luz para dar alguna medicina a un recluso enfermo o llevarlo a la enfermería. Era, sin dudar, una tarea de altísimo riesgo.

En cada uno de los módulos habían 500 presos. Y nadie osaba tocar a los dos policías porque los internos sabían que "los brasileños" —así se los denominaba en la jerga carcelaria a los integrantes de la Guardia Republicana— los molerían a palos. Era una ley no escrita.

Veinticinco años más tarde, ocurren en el Comcar situaciones impensables tiempo atrás. Los reclusos de hoy tienen entre 25 y 30 años. La mayoría de ellos son adictos a las drogas y cada celdas constituye una banda generalmente enfrentada a las que residen al lado.

Es tal los cambios de mentalidad de los presos que cualquier discusión nimia en el Módulo 11 puede generar un enfrentamiento que termina con polifones incendiados tirados dentro de celdas vecinas llenas de personas, según dijeron operadores carcelarios a El País.

Ese grado de odio y violencia ocurre todos los días en el Módulo 11. Ello no sucedía en el Comcar de 2020. En aquel entonces, las celdas tenían baños y camas de cemento. Hoy esas camas no existen. Hoy las celdas no tienen baños y los polifon se utilizan como papel higiénico.

En ese marco de superpoblación y violencia, la droga es terreno fértil y así surgen las deudas, lo cual incrementa aún más la violencia como la que se desató este lunes en una celda del Módulo 11. En el episodio, cuatro presos fallecieron quemados luego que sus rivales tiraran trozos de colchones incendiados para adentro de la celda.

Un operador penitenciario dijo a El País que el mismo grado de violencia utilizado en un pabellón del Cocmar después se replica cuando el preso sale en liberdad.

En muchas ocasiones, ese recluso egresa por la puerta del Comcar con un pequeño bolso y luego tiene que caminar 14 kilómetros donde se encuentra su familia. Allí es acogido por uno o dos meses. Después se ve obligado a delinquir porque no tiene trabajo, lo atrapa la Policía y el ciclo comienza otra vez.

Foto: Estefanía Leal

Por eso, el problema carcelario solo se visibiliza cuando hay muertos. El 8 de julio de 2010, 12 presos de la cárcel de Rocha fallecieron en un incendio generado por un cortociruito. Se trató de la peor tragedia ocurrida en una cárcel de Uruguay.

En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2024, un incendio ocurrido en el Módulo 4 del COMCAR, provocado por una agresión de un grupo de internos a otros que estaban jugando a las cartas en su celda, dejó un saldo de seis muertos.

Estos son solo dos ejemplos. Ocurrieron más casos. Operadores penitenciarios estimaron que fueron 30 las personas heridas por hechos violentos en establecimientos penales en 2024.

Hoy las cárceles alojan a 16.000 presos. Apenas un grupo de ellos cuentan con capacitaciones, trabajo atención psicológica y médica. Hay por los menos 800 presos alojados en el Módulo 11, que enfrenta una superpoblación de 150% en el establecimiento.

La muerte violenta por el fuego, dentro de una celda, interpela a todo el sistema político. ¿Qué ocurrirá de aquí en más?

El mismo día de los fallecimientos, el ministro del Interior, Carlos Negro, publicó un tuit donde hacía un llamado a un diálogo político para solucionar el problema endémico del sistema carcelario.

"Queremos concretar la concurrencia al Parlamento y tratar con urgencia la grave crisis estructural del sistema penitenciario. Esta situación, como hemos dicho, no es nueva. Uruguay es de los países con más prisionalización en el mundo", dijo Negro.

Enseguida agregó: "A las cárceles saturadas les suma mil nuevos presos cada año. Son 200 millones de dólares anuales que se gastan en establecimientos que no pueden cumplir así con las funciones de rehabilitación. (...) Es impostergable un diálogo democrático y sincero que conduzca a soluciones definitivas".

El miércoles 18, el senador blanco Martín Lema invitó al comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, a una reunión en su despacho. En el encuentro, Petit hizo un balance sobre los claros y oscuros del sistema penintenciario.

Tras escucharlo, Lema dijo que estaba dispuesto a apoyar políticas en el Parlamento para la primera infancia, natalidad y cárceles.

También le señaló a Petit que había "clima" dentro del Parlamento para llegar a acuerdos en esos tres puntos. "En particular, hay voluntad política para solucionar el problema carcelario. El diseño del mismo deberá ser discutido", agregó el legislador blanco.

Consultado por El País si éste era el momento de alcanzar un acuerdo interpartidario sobre cárceles, Lema respondió: "Por supuesto que si. Si queremos proyectar medidas de seguridad pública resulta imposible no tener en cuenta el sistema carcelario. Los penales —insistió— son una pata fundamental de la seguridad pública".

Lema, quien recorrió todas las cárceles del país cuando era ministro de Desarrollo Social para observar el funcionamiento de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), dijo que el nuevo modelo deberá tomar como guía programas de trabajo y contención. sistemas de traslados de presos que ya están funcionando en varias cárceles y mantener el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y de otros organismos públicos.

"Desde hace tiempo insisto en que la rehabilitación en cárceles es unos de los pilares fundamentales de la seguridad pública y es uno de los grandes temas que voy a meter foco en el Senado. (...) Estos planteos los voy a hacer en la interna del Partido Nacional y en el Senado en las distintas instancias", expresó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario, Bettiana Díaz (MPP), afirmó a El País que Uruguay tiene hoy una oportunidad única de analizar el sistema penitenciario.

Citando al comisionado Petit, Díaz recordó que un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC), votado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, impactó en la priorización de personas femeninas.

Según la legisladora del MPP, el sistema político hoy "tiene una opción" para cambiar el sistema penitenciario porque conoce el diagnóstico, su realidad y las carencias del mismo.

En la próxima semana, el ministro Negro concurrirá al Parlamento para realizar un análisis más concreto de la muerte de los cuatro presos en el Módulo 11. "Esa situación no fue un caso aislado lo sucedido en el Comcar", agregó Díaz.

De todas formas, señaló, "es urgente que después de lo ocurrido se instale un diálogo entre partidos" sobre el sistema penitenciario. "Hay que mejorar las condiciones de reclusión, de trabajo y de estudio", propuso la senadora emepepista.

En tanto, el senador colorado, Andrés Ojeda, dijo a El País que estaba dispuesto a sentarse a cualquier mesa de negociación con el gobierno. Sin embargo, advirtió, "tenemos que conversar sobre algo, una propuesta. El gobierno tiene que hacerse cargo de lo que está pasando".

El legislador agregó: "Si el gobierno quiere dialogar, que arranque por no echarle la culpa a la Ley de Urgente Consideración (LUC)" aprobada por el gobierno anterior.

Por su parte, el diputado blanco, Pablo Abdala, afirmó que la situación es de tal entidad que no hay tiempo que perder. "No tengo dudas de que esto (el problema carcelario) demanda de un entendimiento de las fuerzas políticas; el tema trasciende a los colores partidarios", enfatizó Abdala.

Según el parlamentario, no hay ningún grupo político o sector de la sociedad que no tenga culpa por el estado del sistema penitenciario. En el pasado, dijo, la sociedad prefería que los delincuentes quedaran encerrados detrás de cuatro paredes porque habían cometido un delito. "El encierro era la solución al problema", recordó.

Ahora, dijo Abdala, de a poco se nota un cambio de paradigma, porque la sociedad percibió que la mayoría de los reclusos tienen 25 o 30 años y tarde o temprano saldrán otra vez a las calles. Agregó que hoy se sabe que estos presos van a reincidir y que ello afecta a la seguridad pública.

"Las condiciones políticas están dadas para un entendimiento entre los partidos políticos. Pero no distribuir culpas porque en los últimos períodos de gobierno de distintas fuerzas políticas se aplicaron medidas represivas", advirtió.

En tanto, Petit recordó que la implementación de un plan para las cárceles no se hace de la noche a la mañana, ya que requiere consensos políticos, planes técnicos y presupuestos.

Por eso, agregó, "si al final del camino queremos más rehabilitación y educación para que haya más cuidado de la vida de todos y menos delitos, el primer paso de la ruta es dialogar y acordar puntos básicos, de los que vendrán nuevos programas, presupuestos y acciones. Por eso es necesario un Pacto de Estado en este tema que afecta la vida de toda la comunidad y para el que hay que hacer reformas importantes".