Redacción El País
Luego de que cuatro reclusos fallecieran en el ex Comcar a raíz de un incendio, el ministro del Interior, Carlos Negro, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, y el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, convocaron a una conferencia de prensa para dar detalles sobre lo sucedido.

Según detalló Juanche, el incidente fue este lunes en el Módulo 11 de la Unidad 4B, sector A2, cuando se enfrentaron dos grupos de celdas contiguas. De momento, las autoridades se abstienen de hablar de un "enfrentamiento entre bandas".

Los reclusos de estas celdas contiguas rompieron los candados y salieron a enfrentarse con cortes carcelarios. Luego, cuando la Policía intentó detener el enfrentamiento con munición menos que letal, fue que los reclusos levantaron colchones a modo de escudo y un grupo se encerró en una de las celdas. Fue entonces que quienes los enfrentaban tiraron hacia ellos un trozo de colchón quemado, que es altamente inflamable, y las llamas se extendieron por toda la celda, provocando la muerte de los cuatro reclusos encerrados.

Foto: Estefanía Leal.

Al ser consultados sobre cómo actuará a partir de ahora el Ministerio del Interior, Negro manifestó que hay que "afrontar un cambio de matriz normativa en materia del sistema carcelario que vaya incluso en contra del seguido hasta ahora". El ministro señaló que el hacinamiento genera grandes niveles de violencia y que esto no hace que estos episodios dejen de impactar y conmover.

"Nos encontramos con esta tasa de prisionalización debido a una política de la administración anterior que vio en la cárcel la única solución a los problemas y que tuvo en la LUC su bandera o estandarte. Estas son las consecuencias que hoy vivimos con ese tipo de filosofía normativa, debemos cambiarla", aseguró Negro apuntando directamente a la normativa adoptada con la ley de urgente consideración impulsada por la administración de Luis Lacalle Pou.

Sobre cómo esta reforma será financiada, Negro admitió que "hay que apostar a una inyección muy importante de dinero que el Estado uruguayo por sí solo no tiene", pero sostuvo que con "los esfuerzos sumados del Estado" y una línea de crédito con organismos internacionales podrá encararse "una reforma penitenciaria seria". Señaló, además, que espera el respaldo político en este ámbito y que el Parlamento tiene que trabajar para una reforma normativa para bajar el número de privados de libertad.

Foto: Estefanía Leal.

Más temprano, Juan Miguel Petit habló con la prensa a la salida del centro penitenciario y dijo que el Módulo 11 está "superpoblado" y hay pocos funcionarios. "Es parte de los sectores que hemos señalado que tienen que ser cambiados radicalmente", aseguró, con lo que Negro coincidió.

"Creo que es una señal más de que el sistema tiene que ser cambiado en su conjunto", reflexionó Petit e insistió en que no se pueden "esperar nuevas desgracias" para buscar un cambio. A juicio del comisionado penitenciario, el Ministerio del Interior no puede lidiar con esto por su cuenta y "esto es responsabilidad de los tres poderes del Estado".

Foto: Estefanía Leal.

En setiembre de 2024 se produjo un episodio similar en el mismo centro penitenciario, entonces fue en el Módulo 4 y seis presos murieron. El fuego comenzó en la celda 94 y si bien personal de la cárcel vio el fuego y utilizó extintores para apagarlo, no se logró evitar que murieran los reclusos, según la versión brindada entonces por el Ministerio del Interior.

Meses después, en diciembre, se produjo otro incendio, también en el Módulo 11, que afectó a cinco reclusos en total, aunque tres de ellos fueron los más perjudicados y presentaron serias dificultades respiratorias debido al humo, lo que llevó a que fueran rápidamente asistidos y trasladados a distintos centros de salud para su tratamiento.

Tras estos episodios, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) presentó una demanda ante el Juzgado de Conciliación luego de recibir un informe del INR como respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Según este documento, al que accedió El País, solo tres de las 26 unidades penitenciarias cuentan con la habilitación de Bomberos, mientras que otras cuatro se encuentran pendientes de renovación.

Las habilitadas son la cárcel de Punta de Rieles, la unidad de máxima seguridad lindera al ex Comcar y la cárcel de Tacuarembó.