Exploración sísmica en el mar uruguayo: piden suspender autorizaciones ante el TCA y el Ministerio de Ambiente

La organización ambientalista Amigos del Océano (AMO) solicitó la suspensión inmediata de las autorizaciones otorgadas para actividades de exploración sísmica en el mar uruguayo, al considerar que vulneran la Constitución, leyes ambientales vigentes y tratados internacionales ratificados por Uruguay. El planteo fue presentado los días 15 y 16 de diciembre ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y el Ministerio de Ambiente, con el respaldo de la ONG Derechos con Voz.

El recurso, según informó Búsqueda y confirmó El País, apunta contra las Autorizaciones Ambientales Previas concedidas a las empresas CGG Services, Searcher Geodata, PGS (Petroleum Geo-Services) y APA Exploration, en particular contra las resoluciones ministeriales N.º 1482/2025, 1483/2025, 1485/2025 y 1486/2025, dictadas el 5 de diciembre, que habilitan detonaciones submarinas de alta intensidad sonora en áreas marinas de alto valor ecológico.

Francisca Estenssoro, referente de Amigos del Océano, explicó que el colectivo surgió en Maldonado a partir de la preocupación vecinal por las prospecciones sísmicas frente a la costa. “Somos principalmente vecinos que nos juntamos después de la última audiencia pública que se hizo por este tema en agosto, que quedó suspendida. En ese mismo período se dieron una serie de hechos que fueron claves para organizarnos”, señaló a El País.

Entre esos episodios, mencionó la aparición de restos de petróleo en distintas playas del departamento y el derrame ocurrido en la boya petrolera de José Ignacio. “ANCAP después dijo que no tenía relación, pero resulta llamativo que coincidieran todos esos eventos en el tiempo. Esa preocupación fue lo que nos llevó a reunirnos”, afirmó. Según relató, a mediados de agosto más de 100 personas participaron de un primer encuentro y comenzaron a organizarse en distintos equipos de trabajo.

Estenssoro indicó que Amigos del Océano funciona de manera horizontal y nuclea personas con distintos saberes técnicos y profesionales. Una de las primeras acciones fue sumarse a la recolección de firmas por la iniciativa Mar Libre de Petroleras. “De las más de 21.000 firmas que se juntaron, unas 4.000 aproximadamente fueron aportadas por Amigos del Océano”, señaló. También impulsaron instancias de difusión y debate público, como un conversatorio con la Liga de Fomento de Punta del Este, y participaron en ámbitos institucionales, como la Junta Departamental de Maldonado.

Foto: Estefanía Leal/El País.

A fines de octubre, el colectivo presentó un petitorio al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Ambiente solicitando que se detuviera la exploración sísmica y pidiendo información sobre el proyecto. En noviembre entregaron unas 1.800 firmas, pero, según indicaron, no recibieron respuesta dentro de los plazos legales. “Había mucha incertidumbre sobre los tiempos y finalmente, el 5 de diciembre, el Ministerio se pronunció y aprobó el acto administrativo, lo que terminó de generar preocupación”, sostuvo Estenssoro.

Desde el punto de vista jurídico, la abogada Valentina Piquinela, especializada en acceso a derechos humanos y asesora del colectivo, explicó a El País que el pedido central es la suspensión provisional de las autorizaciones. “Al Ministerio de Ambiente lo que le pedimos es la suspensión provisoria. El ministerio, por sí solo, puede decidir suspender estas autorizaciones hasta que se resuelvan. Dado el clima social y el cuestionamiento ciudadano con fundamentos técnicos y científicos, suspenderlo sería una decisión respetuosa”, afirmó.

Piquinela señaló que, si bien la acción persigue la anulación definitiva de la autorización ambiental previa, el derecho ambiental habilita a solicitar medidas precautorias sin necesidad de esperar el inicio de una demanda de nulidad. “La vía administrativa recién se inicia y los plazos son larguísimos. Pueden pasar entre 150 y 200 días para resolver un recurso, y luego hay 60 días más para ir a una demanda de nulidad. Si no se suspende ahora, la actividad se ejecuta en los hechos”, explicó.

Foto: Estefanía Leal.

En ese sentido, indicó que el artículo 150 del Decreto 500 faculta al Ministerio de Ambiente a suspender actos administrativos cuando existen derechos amenazados o daños de difícil reparación. “La norma busca evitar una denegatoria de acceso a la justicia. Por eso pedimos que se suspendan provisoriamente las autorizaciones mientras se tramita el proceso administrativo”, sostuvo.

La abogada cuestionó además el contenido del estudio de impacto ambiental utilizado como base para autorizar la sísmica. “Es un estudio hipotético, basado en análisis estadísticos, cuando en el país ya existen relevamientos que debieron ser el punto de partida”, afirmó. Como ejemplo, mencionó el estudio de Dinara de 2015, que advertía sobre impactos negativos de la prospección sísmica y establecía requisitos que, según indicó, no fueron considerados en esta autorización.

“Cuando uno inicia una acción de este tipo tiene que haber un convencimiento serio del resultado que se persigue. No es un debate simbólico. Lo que está en juego es el Estado de Derecho. Si la autorización se inspira en intereses que no son los previstos en las normas, es ilegítima y pretendemos lograr que se anule”, afirmó Piquinela, quien agregó que la duda no es la capacidad de probar la ilegitimidad, sino los tiempos en que se resuelva el proceso.

Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Por su parte, Estenssoro sostuvo que el reclamo trasciende este caso puntual y cuestiona el modelo de desarrollo asociado a la política de hidrocarburos. “Somos colectivos de distintas áreas del país, pero con una causa común: que no se haga ni exploración sísmica ni explotación de hidrocarburos. Cada uno está utilizando las herramientas que nos otorgan las leyes y la Constitución”, señaló.

“Entendemos que esta decisión no es solo del Ministerio de Ambiente, sino parte de una política que se define en otro lugar. Exigimos que en las políticas públicas se empiece a poner la vida en el centro de las decisiones y que se aplique el principio precautorio”, agregó. Finalmente, indicó que el colectivo evalúa otras acciones legales e institucionales y no descarta movilizaciones. “Esto sigue siendo un proceso en desarrollo”, concluyó.

Foto: Estefanía Leal/El País.