Redacción El País
La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay entregó este lunes más de 21.700 firmas en el Ministerio de Ambiente en rechazo a los proyectos de exploración petrolera en el mar territorial uruguayo y denunció que el gobierno carece de “licencia social” para avanzar con estas iniciativas. La proclama fue leída en el marco de movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país, incluyendo localidades costeras de Rocha, Maldonado, Canelones y Colonia, además de Montevideo y otros departamentos del interior
Desde el colectivo señalaron que la campaña de firmas se organizó en pocos días y logró adhesiones de todo el país, lo que, a su entender, evidencia "un rechazo amplio y transversal a la exploración sísmica aprobada por el Ministerio de Ambiente el pasado 5 de diciembre".
La organización cuestionó además que esas resoluciones no fueran difundidas de inmediato en los canales oficiales y denunció un intento de “boicot” a la entrega de firmas mediante la convocatoria de medios por parte del ministerio en el mismo horario del acto ciudadano. Este lunes el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño dio detalles acerca de la prospección sísmica y las autoriziaciones que la cartera dio a cuatro empresas.
La Asamblea también cuestionó que, "pese a la existencia de una medida cautelar aceptada por la Justicia civil el 8 de diciembre, el Ministerio de Ambiente haya otorgado licencias ambientales a cuatro empresas para la primera fase de exploración y haya anunciado además la posibilidad de un pozo exploratorio a pedido de la empresa APA Corporation". Según el colectivo, incluso se habrían iniciado estudios de “percepción social” vinculados a esa perforación mientras se tramita la nulidad de los contratos en sede judicial.
"Garante del extractivismo petrolero"
En el documento, al que accedió El País, los manifestantes sostienen que el Ministerio de Ambiente actúa como “garante del extractivismo petrolero” y critican lo que consideran una contradicción entre el discurso oficial de transición energética y la autorización de actividades vinculadas a combustibles fósiles, en un contexto de crisis climática global.
Desde el punto de vista jurídico, la Asamblea argumenta que los contratos firmados por ANCAP "son nulos de pleno derecho por vulnerar el artículo 47 de la Constitución, la Ley de Protección del Medio Ambiente, la Ley 19.128 que declara la Zona Económica Exclusiva como Santuario de Ballenas y Delfines, y principios del Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y participación pública". En ese sentido, reclamaron a la Justicia que "se suspendan todas las actividades de prospección y perforación hasta que se resuelva la acción de nulidad presentada".
Finalmente, la organización exigió al Ministerio de Ambiente que no aprueben los Planes de Gestión Ambiental de las empresas involucradas hasta que exista un pronunciamiento judicial y que se respete la voluntad popular expresada en las miles de firmas entregadas.
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