Redacción El País
Cuatro reclusos fallecieron este lunes en un incendio producido en el Módulo 11 del ex Comcar, según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior.

En el lugar estuvo presente la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, y el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.

Al llegar al lugar, este último dijo a la prensa que "hubo un incendio" que dejó varios fallecidos y que pretende entrar "y juntar toda la información" antes de dar más detalles.

Juanche, por su parte, declaró al medio citado que el incendio se habría dado en medio de un "enfrentamiento", luego de que un grupo de reclusos rompieran los candados de su celda.

Según detalló luego el INR, el incendio se produjo sobre las 13:00 horas de este lunes en una celda, lo que derivó en la intervención del personal de Bomberos. Por estas horas, el fuego fue controlado y "se evitó una propagación mayor dentro del establecimiento".

Además de los reclusos fallecidos, se reportó que tres funcionarios penitenciarios "resultaron afectados por inhalación monóxido de carbono".

El incendio se produjo "a raíz de un enfrentamiento entre grupos de reclusos que estaban alojados en celdas contiguas", según informó la cartera.

Foto: Estefanía Leal.

"La situación se encuentra actualmente bajo control, y las autoridades del INR, junto con personal técnico y judicial, están trabajando en el lugar, y se ha dado inicio a las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro", asegura Interior.

Desde la Dirección Nacional de Bomberos confirmaron que el fuego se inició en el interior de una celda y que fue extinguido por funcionarios del INR mediante el uso de extintores. En el lugar trabaja el Destacamento de Bomberos de Belvedere y concurrió un móvil para colaborar con la investigación.

Foto: Estefanía Leal.

Tras el incidente, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de los reclusos y expresando su preocupación porque "las cárceles del sistema penitenciario uruguayo continúan siendo lugares de tortura".

"Una vez más se confirma lo que venimos denunciando sistemáticamente: el hacinamiento carcelario supera ampliamente todos los estándares establecidos por los organismos internacionales de derechos humanos. Las condiciones de reclusión son inhumanas y degradantes, y estas muertes son una expresión brutal de una realidad que habla a gritos", manifestaron los funcionarios y cuestionaron: "¿Cuántas muertes más necesita el Estado para asumir su responsabilidad y garantizar condiciones mínimas de dignidad y seguridad en los centros de reclusión?".

"Todo esto ocurre bajo la custodia del Estado, que es quien tiene la obligación legal, ética y política de resguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad. Pero también hay que decirlo con claridad: en estas mismas condiciones trabajan las y los funcionarios civiles penitenciarios, expuestos a la violencia estructural de un sistema colapsado, sin garantías ni respaldo suficiente", denunciaron los funcionarios.

Foto: Estefanía Leal.

Tras la difusión de la noticia, familiares de presos acudieron a la entrada del centro penitenciario para pedir más información a las autoridades y solicitar "que al menos se digan los nombres" de los fallecidos.

Poco después, llegó al lugar la senadora frenteamplista Bettiana Díaz. A ella un hombre, que espera en la puerta del centro penitenciario para saber si su hijo está entre los fallecidos, le dijo que "no puede haber ni perros donde los tienen a ellos" y que "esas peleas que se dan acá son por comida y para sobrevivir". Luego de esto, las autoridades comenzaron a llamar a las familias.

Los fallecidos tenían 23, 27, 34 y 47 años y se encontraban dentro de una misma celda.

El ministro de Interior, Carlos Negro, lamentó la tragedia a través de su cuenta de X y dijo haberse puesto en comunicación con la presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario.

"Queremos concretar la concurrencia al Parlamento y tratar con urgencia la grave crisis estructural del sistema penitenciario. Esta situación, como hemos dicho, no es nueva. Uruguay es de los países con más prisionalización en el mundo. A las cárceles saturadas les suma mil nuevos presos cada año. Son 200 millones de dólares anuales que se gastan en establecimientos que no pueden cumplir así con las funciones de rehabilitación", escribió el ministro y señaló que el crecimiento de casi 50% de la tasa de población carcelaria en el quinquenio anterior se debió "en gran parte por los efectos de la LUC y su filosofía de la prisión como única solución a los problemas de seguridad".

El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, habló con la prensa a la salida del centro penitenciario y lamentó el hecho como un episodio "muy triste" que está siendo investigado por Fiscalía.

Allí explicó que el fuego se inició tras un enfrentamiento entre reclusos ubicados en celdas contiguas, en una había cuatro privados de libertad y en la otra nueve. Los sobrevivientes quedaron aislados y están siendo indagados.

"Creo que es una señal más de que el sistema tiene que ser cambiado en su conjunto", reflexionó Petit a la salida e insistió en que no se pueden "esperar nuevas desgracias" para buscar un cambio.

A juicio de Petit, el Ministerio del Interior no puede lidiar con esto por su cuenta y "esto es responsabilidad de los tres poderes del Estado".

Según dijo, el Módulo 11 está "superpoblado" y hay pocos funcionarios. "Es parte de los sectores que hemos señalado que tienen que ser cambiados radicalmente", aseguró.

En setiembre de 2024 se produjo un episodio similar en el mismo centro penitenciario, entonces fue en el Módulo 4 y seis presos murieron. El fuego comenzó en la celda 94 y si bien personal de la cárcel vio el fuego y utilizó extintores para apagarlo, no se logró evitar que murieran los reclusos, según la versión brindada entonces por el Ministerio del Interior.

Meses después, en diciembre, se produjo otro incendio, también en el Módulo 11, que afectó a cinco reclusos en total, aunque tres de ellos fueron los más perjudicados y presentaron serias dificultades respiratorias debido al humo, lo que llevó a que fueran rápidamente asistidos y trasladados a distintos centros de salud para su tratamiento.

Tras estos episodios, el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) presentó una demanda ante el Juzgado de Conciliación luego de recibir un informe del INR como respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Según este documento, al que accedió El País, solo tres de las 26 unidades penitenciarias cuentan con la habilitación de Bomberos, mientras que otras cuatro se encuentran pendientes de renovación.

Las habilitadas son la cárcel de Punta de Rieles, la unidad de máxima seguridad lindera al ex Comcar y la cárcel de Tacuarembó.