La población del sistema carcelario uruguayo tuvo un aumento sostenido en las últimas décadas. Asimismo, este crecimiento se aceleró desde 2020, llevando a que, en lo que va de este siglo, la cantidad de presos creció en promedio 6% anual. En el caso de las mujeres, ese incremento fue de 18% por año. El fenómeno generó en muchas cárceles un hacinamiento que impide cualquier tipo de rehabilitación.

El planteo no es nuevo y, al igual que lo hizo ayer, forma parte de las críticas que realiza el comisionado para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. El experto propuso en el Parlamento alcanzar un "pacto de Estado" entre todo el sistema político para avanzar en una reforma carcelaria. Un pacto que, consideró, debería sostener el proceso de reformas por al menos una década para tener resultados relevantes.

El documento, al que accedió El País, que fue presentado hace algunas semanas al Poder Ejecutivo, fue elevado ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, que funciona en la Asamblea General. Allí plantea un Plan Estratégico de Reformas - que debería empezar a concretarse en la próxima ley de Presupuesto - y la creación de un Grupo Ejecutivo, integrado por varias agencias estatales, destinado a dar respuesta a las necesidades más urgentes del sistema. Sobre todo en el área metropolitana. Esas medidas pasan por la rehabilitación de los lugares identificados como de peor condición material y programática, como la Cárcel de Canelones, varios módulos de Santiago Vázquez, el Penal de Libertad, la Unidad 8 de Mujeres y Maldonado. Todo en un plazo no mayor a un año y medio.

De todas formas, el comisionado advirtió que, sin una reforma integral del sistema, estas medidas a corto plazo solo serán una "solución por partes" y resultarán insuficientes. Por ello, Petit insistió su planteo de implementar una reforma profunda en la política criminal.

Con unos 16 mil presos, Uruguay mantiene una de las tasas de prisionización más altas del mundo. Los datos oficiales más recientes, además, indican que, de cada 10 personas que están hoy presas, siete reincidirán en los tres años posteriores a sus salida y, por lo tanto, volverá a ingresar al sistema.

Petit consideró posible reducir esa reincidencia a la mitad. Para eso, dijo que es ineludible la transformación del sistema de sanción penal. En su visión, resulta imprescindible bajar la superpoblación en sectores en los que hoy hay un porcentaje elevado de presos con penas menores a un año y valoraciones de riesgo bajo en su conducta. Lo que planteó es una reforma normativo-penal, restableciendo la redención de la pena por trabajo o estudio, en particular para los casos de delitos de estupefacientes.

En esa línea, propuso la aplicación de la suspensión condicional del proceso en determinadas "infracciones mínimas, el acceso a libertad anticipada a quienes avancen positivamente en el cumplimiento de su pena y la posibilidad de acceder a medidas alternativas para quienes tengan penas menores a tres años y circunstancias médicas o sociales que vuelvan inadecuada su estancia en prisión.

Por otra parte, en el documento se indicó la creación centros de "medio camino", en los que las personas con penas cortas o un buen proceso de progresividad puedan permanecer en estos lugares desde la tarde hasta primeras horas de la mañana, en régimen controlado. El resto del día deberán asistir a actividades de desarrollo personal o capacitación, de manera asistida y supervisada.

El comisionado, además, manifestó que es indispensable un refuerzo de rubros para el sistema, junto a una efectiva descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). También reiteró un viejo planteo: la creación de una fiscalía especializada en el sistema penitenciario, con jurisdicción específica en delitos cometidos dentro de las cárceles.

En su documento, Petit propuso un sistema de privación de libertad que atienda específicamente las características de la prisión femenina, para que no se limite, como hoy, a una "mala copia" del masculino y que tenga una política diferenciada.

En ese contexto, subraya la necesidad de desinstitucionalizar a las mujeres presas con sus hijos. Así, aseguró que estos casos están vinculados a delitos con penas cortas y de poca gravedad. "La gran mayoría de estas mujeres podrían estar en un régimen de prisión domiciliaria asistida, con programas de rehabilitación, asistencia y control".

La visión de Petit guarda similitudes con lo expresado por el nuevo ministro del Interior, Carlos Negro, que la semana pasada ante el Parlamento habló de un sistema penitenciario "colapsado", con una situación de emergencia en las cárceles. El ministro planteó una especial preocupación en relación a la gente que vive o pernocta en la calle, gran parte de ellos egresados del sistema penitenciario, derivada de lo que denominó "políticas de ingreso indiscriminado" a las cárceles, muchas veces por cortos períodos. "Tres o cuatro meses, para volver a la calle con todos los vínculos absolutamente destrozados. Los tenemos en las puertas de nuestras casas", dijo.

Negro advirtió que, hoy, "las cárceles no están sirviendo para disuadir ni para impedir que se cometan delitos". "Mucho menos para reinsertar personas", agregó.

El documento de Petit planteó más de 40 medidas para atender la coyuntura urgente y el mediano plazo. En el texto se señaló la necesidad actuar en seis módulos de la Cárcel de Sanitago Vázquez, fuertemente afectados por el hacinamiento. Junto a eso, una mejora sustantiva del régimen de alimentación, tanto en calidad como en cantidad, recurriendo si es necesario a la privatización del servicio.

El planteo incluye la realización de una revisión de las carpetas de esos seis módulos de la prisión, así como el análisis de las plazas disponibles, agilizando traslados hacia lugares "llamativamente" semivacíos del sistema, como la Cárcel de Juan Soler o las chacras.