Cámaras alertan por "celeridad para facilitar la prospección sísmica"; "se desconoce el derecho al trabajo"

La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) emitieron un comunicado conjunto este viernes para denunciar lo que consideran una vulneración grave a la "soberanía productiva del país". Según las gremiales, un buque de prospección sísmicase encuentra operando en aguas territoriales, lo que constituye —según denunciaron en un comunicado que fue enviado a El País— un "fuerte indicio del inicio de actividades de exploración". El comunicado se hizo público un rato antes que el gobierno hiciera pública la autorización de las operaciones y el plan de trabajo previsto.

Las cámaras habían solicitado formalmente al gobierno postergar cualquier tipo de prospección hasta noviembre de 2026, con el objetivo de permitir que el sector tuviera una "zafra normal". Cabe recordar que la industria viene de enfrentar dos años de parálisis casi total debido a conflictos sindicales que generaron pérdidas superiores a los "50 millones de dólares" —según las cifras que manejan las cámaras.

Las gremiales empresariales insistieron en su sorpresa ante la "celeridad del gobierno para facilitar la prospección sísmica", una agilidad que, según denuncian, "contrasta dolorosamente con la lentitud burocrática para resolver los problemas estructurales de la pesca". Asimismo, reiteraron su rechazo al actual sistema de compensaciones validado por el Ministerio de Ambiente, calificándolo de "incompleto y discriminatorio".

El conflicto se centra especialmente en la exclusión de los permisos de Clase B del esquema de indemnizaciones. Según estudios técnicos citados por CIPU y CAPU, estas embarcaciones sufren "mermas de captura de hasta un 70%" debido al efecto de "alejamiento" que provocan las ondas sonoras en las especies marinas. Por esto, las cámaras exigen que cualquier modelo de compensación económica sea resuelto "antes del inicio de la actividad" y que no se base en un modelo de "evaluación de daños ex-post", garantizando la protección de toda la flota.

Finalmente, las cámaras hicieron un llamado urgente a las autoridades de la Dinara y a los ministerios de Ambiente e Industria para que detengan las operaciones y sostuvieron que se "desconoce el derecho al trabajo de miles de uruguayos".