El Gobierno uruguayo firmó este viernes la autorización formal para el inicio de las tareas de prospección de hidrocarburos en el mar territorial. La disposición habilita operativamente el bloque adquirido por la empresa Chevron, donde un buque especializado ya se encuentra posicionado en la plataforma marítima a la espera de iniciar las maniobras de observación sísmica 3D, las cuales tienen como fecha de finalización prevista el cierre del mes de abril.
Desde el Ministerio de Ambiente se enfatizó que esta fase de evaluación sobre la posible existencia de yacimientos en las profundidades del Océano Atlántico se ejecutará bajo estrictos protocolos de gestión.
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) aprobado, al que accedió El País, establece que "el proyecto es ambientalmente viable siempre que se respeten las medidas de mitigación y monitoreo destinadas a minimizar cualquier impacto sobre el ecosistema marino" y las actividades económicas preexistentes, como la pesca comercial.
La normativa vigente exige para esta campaña de prospección sísmica la implementación de "monitoreos acústicos continuos" y la presencia obligatoria de observadores especializados en fauna marina a bordo de las embarcaciones. Estos profesionales tienen la tarea de asegurar el cumplimiento de los protocolos de protección para cetáceos y otros organismos sensibles ante las ondas sonoras.
Además, la resolución contempla un sistema de compensaciones económicas para los pescadores en caso de que se comprueben afectaciones directas en los niveles de captura durante el periodo de operaciones.
Fiscalización estatal y plazos de la operativa
El acto administrativo emitido por la autoridad ambiental sujeta la continuidad del proyecto a la presentación periódica de informes de desempeño.
El organismo evaluador mantiene la potestad de exigir ajustes técnicos, aplicar sanciones o incluso revocar la habilitación si se detectan desvíos en los parámetros de emisiones, efluentes o gestión de residuos aprobados.
Las tareas actuales representan el primer despliegue de esta escala bajo las nuevas exigencias regulatorias, buscando compatibilizar la inversión energética con la preservación de los recursos naturales del Uruguay.
La decisión del gobierno se da en el marco de acciones judiciales contra la autorización de la prospección sísmica, impulsadas por organizaciones como Amigos del Océano, Mar Libre de Petroleras y Red Unión de la Costa que han realizado movilizaciones contra esta iniciativa.
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