ASSE formuló nuevo acto administrativo para resolver "error" de Danza; oposición pide a Orsi medidas "correctivas"

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) abordó días atrás la polémica situación que envolvió a su presidente, Álvaro Danza, quien participó en una resolución que dispuso, mediante licitación pública, la contratación de camas de CTI para adultos, niños y recién nacidos en Montevideo, destinadas a pacientes del prestador estatal. La contratación se realizó con cuatro mutualistas, entre ellas La Española, con la que el jerarca tenía una incompatibilidad, por haber trabajado en ella.

El problema se suscitó desde que Danza avaló con su firma y voto una compra a esa mutualista, de la que fue funcionario hasta finales del año pasado. El artículo 72 del Tocaf prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en cualquier proceso de contratación “en caso de tener o haber tenido en los últimos doce meses con dicha parte alguna vinculación de índole profesional, laboral o empresarial”. El titular de ASSE prestó servicios en dicha institución hasta noviembre de 2025, mientras que esta adjudicación se resolvió el 4 de junio de este año.

Esto, como ya se repasará, produjo una nueva ola de críticas de parte de la oposición —la bancada del Partido Nacional con particular énfasis—, y el reconocimiento del "error" por el propio Danza, cuando fue consultado por El País. Fue una equivocación que participara de la decisión, dijo entonces. Un error que "se lo comió todo el mundo" y que nadie reparó en él hasta 12 semanas después. "Se lo comió el Tribunal de Cuentas, el auditor delegado, en fin... todo el mundo se lo comió", declaró.

Danza también dijo que había enviado una carta al directorio —luego de ser notificado de este problema por la Dirección de Recursos Materiales, según su versión— para que se "analizara ese tema" en su ausencia. "Básicamente hay que hacer una nueva sesión de directorio para que tome una resolución, en mi ausencia y sin mi firma", relató.

Y eso fue exactamente lo que sucedió. Este martes 13 de octubre el directorio sesionó sin Danza y se ratificaron las actuaciones elaborando un nuevo acto administrativo, señalaron a El País fuentes del organismo.

"Se ratificó lo que se había hecho y se elaboró una nueva acta. Lo que estaba mal era que Danza hubiera firmado. Nada más", dijo un integrante del directorio que participó de la sesión, en la que se votó la nueva resolución por unanimidad y sin la presencia de Danza, quien también se refirió a esta decisión en las últimas horas, en rueda de prensa. "El directorio ratificó el acto administrativo, o sea que no hubo marcha atrás —afirmó Danza—. En definitiva, se resolvió de nuevo, pero en ausencia del presidente, que es el que podría tener un potencial conflicto de interés".

La situación, no obstante, está lejos de conformar a la oposición. El diputado blanco Amin Niffouri ya elevó un pedido de informes a ASSE en el que solicita acceder a la "copia íntegra del expediente de la licitación pública número 10.003/2026 relativo a compra de camas de CTI", en el entendido de que el procedimiento continúa viciado de nulidad.

De hecho, en la carta que Niffouri y otros legisladores de la coalición republicana ya le enviaron al presidente Yamandú Orsi (ver recuadro) se hace expresa referencia al artículo 161 del Código Penal, que tipifica el delito de conjunción de interés personal y del público aplicable, a los funcionarios del Estado que "con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato".

"No es posible subsanar lo actuado de manera legal", reclamó Niffouri en diálogo con El País, en donde también indicó que su partido analiza incluir este episodio en la denuncia penal que se prepara contra el presidente de ASSE.

"La excusación hecha después de la adjudicación no subsana la irregularidad cometida anterior —explicó—. Entre otras cosas porque además de haber resuelto la adjudicación de la licitación a una empresa en la que trabajó dentro del plazo en que lo tenía prohibido por ley, también resolvió y firmó varias resoluciones importantes que hacen al proceso de la licitación mencionada".

En ese sentido, siguió el nacionalista, Danza "dictó actos relativos a recursos administrativos, levantamiento de efectos suspensivos y actos rectificatorios" planteados por otras mutualistas que compitieron en la licitación, "no habiéndose excusado en ningún momento". "Es decir —siguió—, que no solo participó de la adjudicación final sino que participó en varias etapas importantes del proceso licitatorio".

Asimismo, y como ya fue subrayado, los cuestionamientos contra Danza también apuntan a que el jerarca desoyó el dictamen de la Jutep de fines del año pasado, que descartó su incompatibilidad al ejercer en otros centros privados —a los que finalmente renunció— pero que al mismo tiempo le recomendaba que "en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses", se abstuviera de "participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos".

Alfredo Asti, vicepresidente de la junta anticorrupción —que analizará el caso, luego de que la comisión de Salud Pública de Diputados "remitió lo sucedido" al organismo para su tratamiento—, de todos modos, ya anunció que si Danza "está en condiciones de recomponer la situación previa a la firma de la adjudicación, se habrá actuado correctamente".