Para vicepresidente de la Jutep, si Danza puede "recomponer" la irregularidad "se habrá actuado correctamente"

Que Álvaro Danza cometió una irregularidad al estampar su firma en una resolución por la que ASSE contrató 1.440 camas a La Española es algo que no pone en duda el propio jerarca —que anunció que ASSE ya está trabajando para enmendarlo— ni el Frente Amplio y mucho menos la oposición. Diputados del Partido Nacional (PN), de hecho, anunciaron ayer que la comisión de Salud Pública tomaría cartas en el asunto por la sencilla razón de que Danza no podía haber participado de esa decisión, ya que trabajó en esa mutualista —una de las cuatro que ganaron la licitación— hasta el año pasado, y eso la ley no lo permite.

Públicamente, sin embargo, el presidente de ASSE recibió mensajes de respaldo de sus propias filas, como el de su propio sector, El Abrazo, que emitió una declaración en su apoyo, aunque en el comunicado divulgado este martes de mañana se reconoció que no iban a "esquivar el control ni las observaciones que puedan surgir". Respecto a la compra firmada el 4 de junio pasado, no obstante, se afirmó que "Danza reconoció que existió un error", que "explicó la situación" y que "dispuso que se instrumentaran los mecanismos necesarios para adecuarla a la normativa".

Eso que destacó esta agrupación frenteamplista —de la que es referente la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg— es lo que Danza declaró a El País en las últimas horas: que estaba al "tanto" de que no podía firmar la compra de camas a una mutualista en la que trabajó hasta noviembre de 2025, pero que de esto se había enterado la semana pasada, casi cuatro meses después, porque fue avisado del problema por la Dirección de Recursos Materiales.

Fue un error, dijo, que "se lo comió todo el mundo" —lo que le valió una respuesta del presidente del Tribunal de Cuentas (ver recuadro)—. Porque su versión es que nadie reparó —no solo él— que se estaba violentando el artículo 72 del Tocaf, que dispone que "los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de contratación cuando" haya vínculos de parentesco pero, también "en caso de tener o haber tenido en los últimos doce meses con dicha parte alguna vinculación de índole profesional, laboral o empresarial".

El diputado oficialista Federico Preve fue otro de los que salió en apoyo de Danza al reafirmar que, detrás del asunto, había un "proceso transparente" que se logró con una licitación pública "por primera vez en ASSE para la contratación de CTI a privados", y que el "error administrativo" admitido por Danza se va a subsanar "internamente" por el propio prestador estatal, por lo que el asunto estaba en "vías de solucionarse".

El tema estuvo arriba de la mesa en la sesión de este martes de la comisión de Salud Pública de Diputados y Preve, sin embargo —al igual que el otro legislador frenteamplista que estuvo presente, Juan Gorosterrazú—, votó a favor de una propuesta presentada por el PN para "remitir lo sucedido a la Jutep para su pronunciamiento".

Consultado por El País, Preve dijo que aprobó la iniciativa —presentada en un texto que resume la legislación no respetada— atendiendo las "dudas sobre el incumplimiento de la normativa ética por parte de algunos legisladores del PN", y en la medida en que tiene "plena confianza" en la junta anticorrupción. "Nos parece un planteo adecuado ante las dudas", reafirmó.

El directorio de la Jutep ya se apronta para analizar este caso, pero en el oficialismo ya hay algunas opiniones que se pueden adelantar.

El vicepresidente del organismo, Alfredo Asti, por ejemplo, valoró en diálogo con El País que este caso pusiera de relieve el segundo punto del dictamen de la junta el 6 de noviembre del año pasado, en el que, luego de descartar "incompatibilidad" en el hecho de que Danza trabajara en varios centros de salud además de en ASSE, se había recomendado, para cuando hubiera "duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses", que el jerarca se abstuviera de "participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos".

"Ahora se reconoce que lo que votó la Jutep en su momento no estaba favoreciendo a Danza sino a la transparencia que se debe tener en estos casos", dijo Asti.

Sobre esta última situación particular, el vicepresidente de la Jutep reconoció que Danza "no respetó" justamente aquella sugerencia —que había sido dirigida directamente al titular de ASSE— momento de firmar la resolución, pero que entendía importante que ahora, "al darse cuenta, se está volviendo para atrás".

"Lo importante —dijo Asti en este sentido—, es que no tenga efectos que causen daños al Estado o a terceros". Y agregó, adelantando postura: "Si está en condiciones de recomponer la situación previa a la firma de esa adjudicación, se habrá actuado correctamente".