NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO ELECTO

El Partido Nacional y el Frente Amplio negocian desde hace varias semanas los cargos en el gobierno pero ahora se invirtieron los roles: el primer partido es el oficialismo y el segundo vuelve a la oposición tras 15 años. Ambos coinciden en que es importante para la democracia que quien perdió las elecciones esté representado con determinados cargos en las empresas públicas y organismos de contralor. El problema es que no se ponen de acuerdo en la forma y la cantidad.

El presidente electo Luis Lacalle Pou entregó formalmente -en un principio- una propuesta de 33 cargos a la coalición de izquierda. Para el partido que preside Javier Miranda ese número era insuficiente y por eso solicitó más lugares en el Estado.

Pero las autoridades del gobierno entrante remarcaron que no había lugar para negociar la cantidad de cargos. Sí, en todo caso, estaban dispuestos a conversar sobre la “calidad”, es decir, que podían abrir la propuesta para que el Frente Amplio asumiera otros cargos no planteados en el proyecto inicial.

La futura nueva oposición pidió 37 cargos, cuatro lugares más de lo inicial y la contestación fue negativa. De todos modos, ayer en medio de las largas reuniones de negociación el presidente electo accedió a otorgar un sillón más: el previsto para la Corte Electoral. Así lo manifestaron fuentes del gobierno entrante a El País. Los frenteamplistas volvieron a analizar la propuesta.

Tras la reunión del Secretariado Ejecutivo de ayer, Miranda dijo a los medios de prensa que no se logró sellar el acuerdo y volverán a reunirse con Álvaro Delgado -futuro secretario de la Presidencia- para buscar alcanzar el entendimiento.

“Al Frente Amplio lo que le interesa es la calidad de la participación en los distintos organismos del Estado porque entendemos que es una función central de la oposición en democracia. Esto es de transparencia y contralor, por supuesto, pero también de participación en la gestión de las políticas públicas”, declaró el presidente de la coalición de izquierda.

De los tres períodos en los que el Frente Amplio gobernó, los blancos y colorados lograron alcanzar un acuerdo para integrar los directorios de empresas públicas y organismos de contralor en dos de ellos. Fue en el de José Mujica (2010-2015) y en este último de Tabaré Vázquez (2015-2020). En el primero, en 2005, los blancos no lograron ponerse de acuerdo y en ese entonces el líder de la oposición, Jorge Larrañaga, anunció que no aceptarían los cargos.

Ahora el Frente Amplio ya manifestó su intención inicial de aceptar los cargos, pero están demorados en la negociación global sobre cuántos y dónde.

En la reunión de ayer entre Miranda y Delgado no alcanzaron el acuerdo. Desde el gobierno electo se mantiene la idea de no cambiar los parámetros de proporcionalidad en cantidad y calidad de lugares, imitando lo que según los blancos dicen que hizo el gobierno saliente de Vázquez.

Esperan una respuesta del Frente Amplio, que ahora volverá a consultar a la cúpula dirigencial.

Para el Partido Nacional, urge alcanzar el acuerdo. Ya comunicaron al oficialismo que necesitan tener la respuesta definitiva cuanto antes para así terminar de negociar con el resto de los partidos de la coalición el llenado de las vacantes que se generarán en todo el Estado.

De todos modos, en filas nacionalistas ya se sostiene que, si no se logra alcanzar un acuerdo con el Frente Amplio, igual la coalición de izquierda estará representada en los organismos de contralor y en los cargos parlamentarios.