El Poder Ejecutivo firmó el martes un decreto que establece límites a la compra de municiones según el tipo de usuario, exige identificar las utilizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas, y refuerza los controles sobre su importación y comercialización. El ministro del Interior, Carlos Negro, vinculó las medidas con la necesidad de reducir las balaceras y la violencia con armas de fuego.
“Esas balaceras se alimentan de municiones que hasta el día de ayer estaban sin control alguno”, sostuvo el ministro tras la presentación de un informe en la mañana del miércoles.
Según explicó Negro, la reglamentación forma parte de uno de los ejes del Plan Nacional de Seguridad Pública y responde a "problemas que ocupan al gobierno" desde el comienzo de la gestión.
El decreto crea dos categorías del Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (THATA). Estos son los usuarios regulares e intensivos.
En este último grupo podrán inscribirse quienes acrediten un uso frecuente de armas y municiones por actividad deportiva, profesional o recreativa y cumplan con requisitos específicos.
Los topes de compra varían según esa clasificación, el tipo de arma y el calibre. Para armas cortas de calibre 9 x 19 milímetros, por ejemplo, el máximo anual será de 250 cartuchos por persona para los usuarios regulares y de 1.000 para los intensivos, independientemente de la cantidad de armas que tengan registradas en ese calibre.
Los tiradores federados quedan exceptuados de esos límites si acreditan anualmente su participación en torneos.
Negro destacó que la distinción entre usuarios fue trabajada mediante un “diálogo intenso” con las asociaciones de tenedores y usuarios de armas. Según dijo, el objetivo fue contemplar las distintas actividades y evitar perjudicar a quienes hacen un uso legítimo de las armas de fuego.
“Esto va a permitir una regulación y un control de las municiones que ingresan al país y las que se venden entre los diferentes usuarios”, afirmó.
También se pasa a exigir que las municiones utilizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas lleven en la base del cartucho un marcaje que identifique al organismo usuario, el código “UY” y el año de producción. Consultado sobre esta medida, Negro explicó que permitirá conocer de dónde surgen las municiones y a qué están destinadas.
El decreto también exige que los embalajes de las municiones importadas incluyan información sobre el país de fabricación, el fabricante, el lote, el año de producción, el calibre y el tipo de munición.
La reglamentación restringe la venta de municiones entre particulares a situaciones excepcionales, como su transferencia junto con un arma del mismo calibre o la cancelación del THATA del vendedor. Estas operaciones requerirán autorización previa del Registro Nacional de Armas.
Las municiones recargadas se destinarán al uso personal, salvo que se cuente con habilitación comercial para transferirlas a terceros.
Negro destacó la coordinación entre Interior y Defensa para elaborar el decreto. “Luego de muchos años de escaso diálogo entre ambas instituciones, finalmente hubo una cooperación intensa entre los dos organismos”, sostuvo el ministro y señaló a la nueva reglamentación como uno de los resultados de ese trabajo.