Armas vinculadas a homicidios: casi ocho de cada diez no pudieron rastrearse e informe advierte fallas de control

De las 254 armas de fuego incautadas vinculadas a homicidios en 2024, solo 54 tenían información suficiente para comprobar si figuraban en el Registro Nacional de Armas. Solo 45 estaban registradas. Sobre las otras 200, casi ocho de cada diez del conjunto analizado, faltaban datos para hacer ese cotejo. Es decir, sus números de serie habían sido removidos o alterados, o esa información no había quedado asentada durante el procedimiento policial.

Este dato surge de un informe elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al que accedió El País. El estudio documenta la presencia de armas previamente registradas en hechos criminales y expone dificultades del Estado para reconstruir su procedencia. Allí se reflejan dos problemas. Uno de ellos es presencia de armas previamente registradas en hechos criminales y las dificultades para reconstruir su procedencia.

La mayoría de las armas que pudieron rastrearse estaban registradas (45 de las 54). Pero, según se expresa en el propio informe, no se puede asegurar que eso ocurra con la mayoría de las armas vinculadas a homicidios, porque en las otras 200 faltaba información para comprobarlo.

El estudio no determina cuántas habían sido hurtadas, transferidas irregularmente o utilizadas por sus titulares. Los vacíos alcanzan otros aspectos. En 84 armas no constaba el tipo y en 189 faltaba la marca. Entre las que tenían información predominaban las pistolas semiautomáticas y los revólveres, mientras que el calibre más frecuente entre las que contaban con ese dato era el nueve milímetros.

El informe reconoce que el Estado dispone de "información muy limitada" sobre municiones. Un diagnóstico de 2026 sobre el Mercosur, citado en el documento, ubica los controles específicos de Uruguay como "los menos desarrollados de la subregión", determinando que no establece límites cuantitativos a las compras por civiles y monitorea las transacciones mediante registros escritos a mano en papel.

La falta de controles facilita que municiones compradas legalmente terminen en el mercado ilegal, advierte el informe. Entre los mecanismos detectados en la región menciona las compras repartidas en pequeñas cantidades y realizadas mediante intermediarios, las ventas por internet con escasa supervisión y la recarga de cartuchos.

Entre las respuestas que proponen los autores figuran exigir el marcaje de la munición destinada a la Policía, establecer límites a la adquisición civil de municiones utilizadas habitualmente en delitos y crear una base de datos unificada que reúna información de los ministerios de Interior y Defensa, Aduanas, armerías y usuarios. También recomienda fortalecer la coordinación con Argentina y Brasil.

En el prólogo, el ministro del Interior, Carlos Negro, reconoce que existe un "atraso significativo" en el control de municiones respecto de los países vecinos.

En la presentación del informe realizada este miércoles en la mañana, Negro aseguró que se trata de "uno de los desafíos más grandes que tiene la seguridad pública".

Por su parte, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo que el informe es una "herramienta valiosísima para identificar oportunidades de mejora y fortalecer las capacidades del Estado".

Entre 2013 y 2025 fueron robadas 15.558 armas de fuego. Hasta 2019, los hurtos iban entre 1.400 y 1.700 armas por año. Desde 2020 bajaron y en 2025 llegaron a 654, el mínimo de la serie. El informe considera "atípico" ese descenso y plantea que requiere mayor investigación.

El tamaño del arsenal civil también presenta aspectos con incertidumbre. Para el 1º de enero de 2026, el registro acumulaba 619.627 armas, unas 18 por cada 100 habitantes, aunque esa cifra incluye armas registradas que fueron destruidas y no incluye el armamento de la Policía y los militares.

Tampoco se sabe con precisión cuántas armas hay en manos de civiles en Uruguay. Una estimación publicada en 2018 situó el total en casi 1,2 millones, sumando las registradas y las no registradas. Sin embargo, el informe advierte que ese cálculo tiene limitaciones metodológicas. Para obtener información más precisa, la Encuesta Nacional de Victimización 2025 incorporó preguntas específicas sobre tenencia y uso de armas de fuego.

En 2013 hubo 160 asesinatos con armas de fuego, mientras que en 2025 fueron 254. Durante el mismo período, los cometidos por otros medios pasaron de 101 a 119. El estudio identifica a las armas como un componente "decisivo de la evolución de la violencia letal".

En 2025 estuvieron presentes en el 68,1% de los homicidios. Aunque el nivel es superior al del comienzo de la serie, hubo una disminución respecto de 2024, cuando se llegó a 262 asesinatos con armas, y la cifra quedó por debajo del pico de 297 registrado en 2018.

Entre adolescentes, su peso es todavía mayor. De las 42 víctimas de homicidio de entre 13 y 17 años registradas entre 2023 y 2025, el 85,7% murió por armas de fuego. Se trata de 36 adolescentes en tres años.

Por otra parte, se señaló la existencia de una distribución territorial desigual. En Montevideo, el 78,2% de los homicidios de 2023-2025 se cometió con armas de fuego, por encima del promedio nacional del período, de 66,5%. La capital también presentó la mayor tasa de homicidios con armas por habitante, seguida por Durazno.

Un análisis de los homicidios y heridos por disparos ocurridos entre 2019 y 2025 identifica áreas de concentración de violencia en el oeste, norte y noreste de Montevideo. En esas zonas, el esclarecimiento de los homicidios fue de 38%, frente al 53% en el resto del departamento.

También cambian las circunstancias. En esas zonas, el 81% de los homicidios ocurrió en la vía pública o en otros espacios abiertos, frente al 63% en las demás áreas. Las víctimas eran, en promedio, más jóvenes (32 años contra 36).